Representantes del empresariado exigen medidas urgentes para combatir la crisis de inseguridad. Desde Suiza, la presidenta Boluarte reconoció que hay un problema ?de criminalidad organizada y transnacional?.
Por Sebastian ortiz martínez
El ataque con dinamita a la sede de Trujillo del Ministerio Público ha dejado en una situación delicada al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. A las críticas de un sector del Congreso se suman las del empresariado, que advirtió que el crimen organizado ?ha alcanzado niveles extremos y que urge que el gobierno lo enfrente con firmeza?.
El colectivo PAS (País Seguro) ?que agrupa a 35 gremios y asociaciones de la sociedad civil, entre ellos Confiep y Transparencia? exhortó al gobierno y al Congreso ?a trabajar para no debilitar las normas que permiten combatir el crimen organizado?. Y, además, a fortalecer las funciones de la administración de justicia y de la policía. ?No debemos permitir que el terror vuelva a ensombrecer el futuro de todos?, comunicó. El presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Tore, recordó que el 27 de setiembre pasado el ministro del Interior manifestó su disposición a renunciar al cargo si la medida de estado de emergencia no tuviera ?buenos resultados?. ?En el 2024 se han registrado 2.126 homicidios, representando un incremento del 27% respecto del 2023. Y en lo que va del 2025, se han reportado, al menos, 106 asesinatos?, manifestó. ?El visible aumento de la violencia demuestra que el estado de emergencia no ha cumplido con su objetivo principal. En consecuencia, el ministro Santivañez debe cumplir su palabra?, agregó.
El presidente de ÁDEX, Julio Pérez Alván, también consideró que ?los números muestran que el plan? de Santiváñez para frenar la ola de inseguridad ?no funciona?. Resaltó que si la presidenta Dina Boluarte dice que brindó todos los recursos que el ministro del Interior le solicitó, y a pesar de eso no tiene resultados, ?debería haber un cambio? en la cartera. El presidente de Cómex-Perú, Alonso Rey Bustamante, declaró que ?no existe una decisión? por parte del gobierno de Boluarte de ?aplicar mano fuerte? para enfrentar el desborde criminal en el país. Agregó que la mandataria no solo debe evaluar la continuidad del ministro del Interior, sino de todos los funcionarios que están debajo de él.
Por su parte, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, concuerda con los otros expertos en que los estados de emergencia en Lima, el Callao y La Libertad, entre otras regiones, ?no han funcionado?.?El elemento principal es tomar la decisión de hacer un verdadero plan, que se haga un inventario de las capacidades que tiene el Estado para enfrentar el crimen organizado y que las normas que no sean adecuadas se cambien. También se debe establecer cuáles son las zonas más afectadas?, explicó.
En esa línea, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, Eduardo Ferreyros, expresó que ?el gobierno debe activar un equipo profesional de inteligencia para frenar los actos violentos en el país, así como evaluar a las autoridades competentes y exigir resultados tangibles que beneficien a toda la población?.Frente a esta situación, y durante su participación en el Foro Económico Mundial, que se realiza en Davos (Suiza), la presidenta Boluarte reconoció que el Perú tiene un problema ?de criminalidad organizada y transnacional?. Aunque remarcó que este mal es global.
Aseguró que su gobierno ?está lidiando? con la criminalidad organizada y que su administración encontró a la policía ?sin la logística necesaria?.
?Trabajo arduo?
El ministro Juan José Santiváñez trató de defender su gestión afirmando que las cifras de muertes en México y en Colombia son más altas que las del Perú. ?Estamos haciendo un trabajo arduo?, dijo.