La falta de Estado

Por CEO de Capitalismo Consciente Perú

la inseguridad ha llegado a tal nivel que los propios delincuentes están exigiéndole a las autoridades tomar acción. Hace unos días, frente a la puerta principal del penal Castro Castro, se encontró una granada con una nota donde, hartos de quienes desde dentro del penal extorsionan y ordenan asesinatos, unos delincuentes amenazaban al instituto penitenciario con volar el penal si es que no controlaban la situación.

Esta noticia podría generarnos gracia, pero lo cierto es que los peruanos estamos absolutamente desprotegidos frente a lo que está sucediendo en el país. El crimen organizado está afectando seriamente la vida de las personas y el desarrollo de los negocios más pequeños. Extorsionadores que demandan un pago por supuestamente brindar seguridad, con lo que se elevan los costos de hacer empresa, pero, además, están obligándolos a aceptar préstamos gota a gota y extorsionando a los analistas de las microfinancieras formales que atiendan estos negocios. El 50% de la cartera de microcréditos de Caja Arequipa está siendo afectada por la extorsión, mientras que los funcionarios de Caja Huancayo no pueden entrar a distritos de la periferia de Lima por las amenazas que reciben. Los transportistas, las peluquerías, las bodegas y hasta los comedores populares son víctimas de extorsión.

La debilidad del Estado y la falta de voluntad política del Gobierno han hecho que el crimen organizado avance controlando territorios y atentando contra la seguridad de las personas y las empresas. Pese a que Pataz está en estado de emergencia y que tiene más de 300 policías y militares en la zona, hace unas semanas dinamitaron la décimo séptima torre de alta tensión. Y frente a la sede el Ministerio Público de Trujillo, al más puro estilo de Sendero Luminoso, estallaron un carro-bomba.

Pero Pataz es solo un ejemplo. Desde hace años las economías ilegales, como la minería, la tala y el narcotráfico, controlan la Amazonía. La deforestación, el tráfico de niñas para la prostitución y la esclavitud sexual, el sicariato y la corrupción son la norma en regiones donde no existe presencia del Estado. Hace unos días se encontraron cinco cadáveres en una fosa común en la Pampa, donde los mineros ilegales llevan casi 20 años con tal influencia sobre la base militar policial que, en la práctica, les garantiza el control de la zona.

La influencia de las economías ilegales en el Congreso, los gobiernos locales y regionales, pero también en los ministerios, en la policía y el Poder Judicial, facilita su operación e impunidad. Cada año, las operaciones son más grandes, más poderosas y, por ello, más difíciles de controlar. De acuerdo con Sinadef, en el 2024 la tasa de homicidios creció un 35% en comparación con el año anterior. Fueron 106 asesinatos en los primeros 20 días del 2025.

Aquí confluyen dos problemas. Primero, la incapacidad de las autoridades para definir y ejecutar una estrategia que les devuelva seguridad a los ciudadanos para circular libremente y sin miedo por las ciudades, trabajar y hacer negocios. Y, segundo, la certeza de los delincuentes de que las probabilidades de detención y sanción en el Perú son bajísimas.

Por ello, necesitamos una reforma del sistema de justicia y eso implica sacar a los malos elementos y sancionarlos efectivamente. No solo en la policía, sino también en el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. Los líderes empresariales deben asumir un rol activo impulsando el debate de ideas, haciendo propuestas concretas y ejerciendo presión sobre el Gobierno.