Pide intervenir norma que frena desarrollo de Bogotá

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación ante el proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, el cual, según la entidad, afectaría el desarrollo urbano en Bogotá y Cundinamarca. Esta situación no sería propia de la capital, sino que afectaría a todo el país. Vale mencionar que más de 2.000 campesinos, agricultores, líderes sociales, miembros de juntas de acción comunal, pequeños mineros y habitantes de la Provincia Soto Norte, marcharon en Bucaramanga contra la resolución que pretende imponer el Ministerio de Ambiente para crear una zona de reserva por fuera del Páramo de Santurbán, en un área de 75.000 hectáreas, afectando a 35.000 personas que bien en California, Vetas, Suratá, Matanza, Charta, Tona y el 30% de la zona rural de Bucaramanga. Camacol expresó su respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a más de 35 alcaldes municipales que se verían impactados por esta medida. Según la organización, el ordenamiento territorial debe gestionarse dentro del marco de la Constitución y la ley, con decisiones que respeten competencias y el debido proceso, además de incluir la participación de los actores involucrados y el uso de análisis técnicos con información de calidad sobre el territorio. El gremio manifestó que la resolución impone restricciones ambientales sin un proceso participativo, lo que, según sus declaraciones, compromete el desarrollo urbano y la calidad de vida de la población. "La decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. No solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible. Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Carlos Fernando Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos", declaró Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol. Según un análisis realizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, el impacto de la resolución ambiental afectaría la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y la Sabana, bloqueando el desarrollo en 2.930 hectáreas. De acuerdo con la información proporcionada por la entidad, esta medida impactaría 60 planes parciales y afectaría en particular a la Vivienda de Interés Social (VIS), que representa el 65% de los proyectos. Camacol destacó que la construcción sostenible y formal es una prioridad, por lo que instó al Gobierno nacional a generar espacios de diálogo que permitan un equilibrio entre la preservación del medio ambiente y el crecimiento social y económico del país. "Las determinaciones ambientales deben garantizar la sostenibilidad sin vulnerar los derechos de la ciudadanía ni bloquear el desarrollo ordenado. Por ello, solicitamos el acompañamiento inmediato de la Procuraduría para salvaguardar los derechos de los bogotanos y cundinamarqueses, y garantizar la autonomía territorial en la planificación de la ciudad y la región", dijo la entidad. Camacol también afirmó que el proceso llevado a cabo por el Gobierno Nacional no ha cumplido con los requerimientos legales, al no incluir participación ciudadana ni concertación con las autoridades locales. Ante esta situación, la organización reiteró su preocupación por los efectos que esta medida podría tener en la oferta de vivienda en la región y en la planificación territorial. El proyecto de resolución del Gobierno establece nuevos determinantes ambientales que, según Camacol, limitan el desarrollo urbano al bloquear suelos urbanizables y restringir la planificación territorial en Bogotá y Cundinamarca. Según la entidad, la medida afecta e a miles de familias que buscan acceder a una vivienda formal, además de generar incertidumbre en el sector constructor. Por otro lado, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, anunció que buscará una intermediación con la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, con el fin de que reciba una comisión de los habitantes y comunidades campesinas, agricultores y pequeños mineros de Soto Norte, quienes se verán afectados por la intención de imponer una reserva temporal de 75.000 hectáreas en seis municipios.