Coalición advierte por decreto que descriminaliza ocupaciones y piquetes, que en el pasado gobierno hubo 196

El 2 de setiembre de 2020, ante el "recorte de recursos", el sindicato de funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) ocupó el local central de la institución, cerca del Parque Rodó, en Montevideo. Poco más de cuatro años después, el 2 de diciembre del año pasado, ante el despido de 11 trabajadores, ocurrió lo mismo en la planta de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), en la capital de Cerro Largo. Fueron la primera y la última de las ocupaciones y medidas similares que dieron durante el pasado gobierno.

A lo largo de la administración de Luis Lacalle Pou hubo 162 ocupaciones de lugares de trabajo, junto a 34 piquetes vinculados a conflictos sindicales, según indican las últimas cifras oficiales, a las que accedió El País, en momentos en que el sistema político parece embarcarse en una nueva discusión sobre la regulación de estas prácticas.

Según los datos, el 76% de las ocupaciones producidas entre los años 2020 y 2025 fueron en el sector público. En contrapartida, los piquetes efectuados en ese período fueron más frecuentes en el sector privado (82%).

Buena parte de estas medidas se aplicaron en vigencia de una normativa que el gobierno de Yamandú Orsi anunció que modificará. Se trata del decreto 281/020, que a su vez reglamentó lo dispuesto por el artículo 392 de la ley de Urgente Consideración (LUC). Un artículo que el Frente Amplio y el Pit-Cnt intentaron derogar, sin éxito, en el referéndum del 27 de marzo de 2022. La norma establece que, ante la ocupación de un lugar de trabajo, público o privado, el jerarca o empleador podría solicitar al ministerio su intervención. La cartera queda así habilitada a exigir la desocupación inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública.

El miércoles pasado, ante legisladores del oficialismo, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, anunció que se trabaja en un nuevo decreto que - en palabras del diputado Gabriel Otero (MPP) - pretende "descriminalizar" las ocupaciones, bajo el concepto de que "son una forma de huelga". Según se indicó, el nuevo decreto irá en la línea de que la desocupación solo será procedente si los huelguistas impiden el acceso al lugar de trabajo de empresarios, jerarcas u otros trabajadores que no estén realizando huelga. El artículo de la LUC, como tal, seguirá sin cambios.

"Me preocupa", reconoció a El País el exministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres que aseguró que la normativa vigente "funciona y funciona bien desde hace cinco años, y no ha generado ninguna dificultad". El exjerarca advirtió por las consecuencias del nuevo decreto.

Implicará, advirtió el ministro durante el gobierno de Lacalle Pou, dejar al Estado "en la incertidumbre" ya que, eventualmente, "podría no tener un marco de actuación". También, subrayó, abre la puerta a un cambio de fondo que el actual gobierno no quiere encarar de manera directa. "Saben que si derogan el artículo 392, van a ser observados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", afirmó.


"Nunca se criminalizó a nadie, están inventando" dijo, al puntualizar que las ocupaciones que no afectan el trabajo de los no huelguistas o a la dirección de las empresas nunca fueron objeto de intimación.

Concepción "marxista"

Funcionarios de carrera del Ministerio de Trabajo coincidieron en que, en la práctica, ante la sola advertencia de intimación a través de la Policía, las ocupaciones y piquetes se disolvían solos. De esta forma, la aplicación efectiva del decreto se concretó en contadas ocasiones.

En el Partido Nacional, los cuestionamientos fueron más duros. "El anuncio del gobierno de que permitirá las ocupaciones causará un grave daño a los empresarios y a los trabajadores", afirmó a El País el diputado Rodrigo Goñi. Apuntó que alejará la inversión y será causa directa e indirecta de cierres de empresas y destrucción de empleos. Goñi aventuró además que servirá como "incentivo a la extorsión" por parte de los sindicatos.

Goñi anunció que llamará a comisión a Castillo para que el ministro explique el alcance de esta iniciativa que, en su visión, responde a dos factores: un "compromiso electoral" del gobierno de Orsi con el Partido Comunista - al que pertenece Castillo - y con los sindicatos afines a esa formación, y la adhesión del ministro a una "concepción marxista" que ve como positiva la "agudización del conflicto".

La medida no forma parte de la bases programáticas del FA, ni tampoco de las prioridades anunciadas por Orsi a mediados de setiembre del año pasado en Colonia, durante la campaña electoral.

"La mejor forma de defender la democracia es honrar la voluntad popular", dijo por su parte el senador Sebastián Da Silva, en referencia a lo que entiende como un desconocimiento del resultado del referéndum que ratificó el artículo 392 de la LUC. "Por eso vamos a hacer una cruzada en defensa de lo que el pueblo refrendó en las urnas", prometió. "Juntaron firmas contagiando gente, fueron a las urnas y perdieron. Es como si yo reflotara la asociación de Ancap con privados o la privatización del Correo", concluyó.

En el Partido Colorado, pese a que no se considera un asunto cerrado, también se cuestionó la voluntad del gobierno de rediscutir aspectos de una ley que se considera laudada. Dirigentes cercanos al senador y secretario general, Andrés Ojeda, apuntaron al nuevo decreto anunciado. "Creemos que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga", se señaló.

"Por más decreto que haya, no se puede ir por encima de la ley", resumen los colorados. "Si el Estado incumple la ley se expone a responsabilidad, y si el día de mañana alguien ocupa y el Estado no desocupa como debería, el empresario te puede hacer una demanda civil y arrancarte las muelas", graficaron.

Liceos y plantas de supergás

En cuanto las ocupaciones, las más frecuentes fueron en liceos, con un total de 60 ocasiones, principalmente en dos períodos: el que fue de junio a octubre de 2022, y en octubre de 2024. En el sector privado se destacaron las 16 ocurridas en plantas de supergás entre marzo y julio de 2023.

En relación a los piquetes, ocurrieron principalmente en plantas y polos logísticos de empresas de supergas, en el acceso al Puerto de Montevideo y en varias dependencias de la empresa de transporte Copsa.

Números de Castilllo "no son correctos"

El exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, salió al cruce de otro de los conceptos que su sucesor, Juan Castillo, utilizó en la reunión con la bancada del Frente Amplio (FA).

En ese encuentro Castillo planteó su preocupación por haber recibido, afirmó, un ministerio con una plantilla de trabajadores 25% menor que la que dejó la izquierda en 2019. Al inicio del pasado gobierno había cerca de 800 funcionarios, mientras ahora, afirmó., ue son cerca de 600. La situación fue atribuida a la política de reducción de los vínculos laborales en el Estado dispuesto por el gobierno de Lacalle Pou al inicio de su gestión. El tema genera preocupación sobre todo en la dotación de negociadores ante la nueva ronda de los Consejos de Salarios. Según Castillo, la plantilla se redujo de 60 a 29 funcionarios.

Por otra parte, y según lo expresado por el ministro en la reunión, la situación también afecta a la Inspección General del Trabajo. Así, expresó Otero, si en 2019 había 130 inspectores en todo el país -número recomendado por la OIT- hoy son 89.

Al respecto, Mieres dijo que los datos "no son correctos". El exministro aseguró que en los tres primeros años del pasado gobierno hubo más inspecciones en comparación con la última administración de izquierda. También señaló que enfrentó tres rondas salariales sin ninguna audiencia suspendida por falta de funcionarios. "Lo de Castillo son apreciaciones que no son positivas, que los funcionarios no se merecen y que suena más a excusa. Debería preocuparse más por mantener los niveles salariales, de empleo y de formalidad", afirmó.