La Nación, Costa Rica
31 de marzo de 2025
La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió este lunes, en una nota urgente enviada a los jefes de las fracciones políticas, que un proyecto de ley aprobado en primer debate por los diputados podría abrir la puerta para las contrataciones a dedo en el Estado.
La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió este lunes, en una nota urgente enviada a los jefes de las fracciones políticas, que un proyecto de ley aprobado en primer debate por los diputados podría abrir la puerta para las contrataciones a dedo en el Estado.
Acosta concluyó que el riesgo persiste, a pesar de que los diputados hicieron ajustes impulsado por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Se trata de la reforma 24215 que modificaría la Ley General de Contratación Pública, con el fin de exceptuar, de los mecanismos de control, no solo a las contrataciones que realice la Cruz Roja Costarricense, sino también los "acuerdos de costo compartido celebrados con otros estados, organizaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público".
Así lo publicó este jueves La Nación, después de la votación en primer debate.
La iniciativa fue aprobada en primer debate, con el voto de 37 legisladores a favor y solo dos en contra, a pesar de las observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) durante el trámite de la iniciativa.
"El criterio de la Contraloría ha sido consistente en señalar que las compras que realiza el Estado con fondos públicos deben ser tramitadas bajo las reglas de la Ley General de Contratación Pública, por lo que la propuesta del texto base y el texto sustitutivo es contraria al artículo 182 de la Constitución", dijo la contralora Acosta en su carta.
"Si bien la reforma exceptúa de los procedimientos de licitación la contratación con sujetos derecho público internacional, en lugar de excluirlos totalmente de la Ley de Contratación Pública, ley 9986 (como se pretendía en la propuesta original), aún se mantienen serios riesgos advertidos respecto a la contratación de obra pública sin concurso, como incluso indica la Constitución Política y sin que el órgano contralor pueda ejercer plenamente su fiscalización", continuó.
Acosta aseguró que es conveniente hacer del conocimiento de los diputados y diputadas ese criterio técnico, antes de que el proyecto sea aprobado en segundo debate.
La jerarca de la CGR también relató que es medular la transparencia, la rendición de cuentas, la libre competencia y la efectividad de control ante la excepción que se pretende.
En la misma nota, oficio DC-0101, la contralora negó, como afirmaron varios diputados el jueves, que las observaciones de la CGR estuvieran subsanadas.
Acosta enfatizó que cuestionaron tanto el proyecto cuando se planteaba la reforma como una exclusión, reformando el artículo 2 de la Ley de Contratación Pública, como ahora que se pretende hacerlo mediante una excepción de la aplicación de las normas sobre contratación pública, modificando el artículo 3 de esa ley, en la última versión aprobada del proyecto.
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