Informe de falla eléctrica

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) ha enviado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el estudio que analiza las causas del apagón total del 25 de febrero de 2025 y la demora en la recuperación del servicio. A grandes rasgos, se señala que hubo una intervención en la línea de transmisión y en sus sistemas de protección, control y comunicaciones, efectuada sin informar al CEN ni recabar su autorización. Una vez producida la falla, no funcionaron correctamente algunos sistemas de desconexión de carga que tal vez podrían haber evitado su propagación. En cuanto a la recuperación del servicio, el retraso se habría debido a problemas de comunicaciones de las empresas -en particular, Transelec- y porque algunas unidades que habrían debido comenzar a recuperar el sistema no operaron correctamente, nuevamente por problemas en los sistemas automáticos y en las comunicaciones.
Dada esta concatenación de situaciones, es probable que muchas empresas, comenzando por la causante original de la falla, deban pagar multas importantes. La pregunta siguiente, sin embargo, es determinar si el Coordinador también pudo haber tenido alguna responsabilidad en la debacle. En efecto, el Reglamento Técnico y de Calidad de Servicio le asigna la responsabilidad explícita de evitar que este tipo de fallas lleven a un apagón total, dándole distintos mecanismos para conseguirlo. Asimismo, la ley le permite efectuar todo tipo de acciones para preservar la seguridad del sistema y, en caso de que alguna de las empresas (los coordinados) no cumpla con sus requerimientos, puede acudir a la SEC para que esta sancione dicho incumplimiento.
El Coordinador, sin embargo, ha llevado a cabo relativamente pocas auditorías a las instalaciones del sistema mientras que solo se ha materializado una parte mínima de los ensayos que deben efectuarse regularmente para enfrentar contingencias. En este sentido, los planes de reposición del servicio tienen un carácter marcadamente teórico: provienen de modelos que asumen que todo el sistema funcionará durante una emergencia, y que informar a las empresas sobre los requerimientos y solicitar que tomen medidas es suficiente. Un coordinador proactivo debería anticiparse realizando auditorías sorpresivas y denunciando a la SEC todo incumplimiento. Además, le corresponde realizar ensayos frente a distintos escenarios de fallas, evaluando si los actores podrán operar en esas condiciones, si disponen de comunicaciones seguras y si los equipos podrán funcionar en una situación de apagón total.
Los problemas del sistema ante la falla se agravaron, además, por otros motivos. En este sentido, se ha apuntado a que el Coordinador no redujo la potencia transportada luego de ser informado, horas antes, de un problema con una protección de la línea, que la dejaba en una condición vulnerable. Por otra parte, ha quedado en el centro de la discusión la situación de los PMGD (pequeños medios de generación conectados en distribución), que suman más de 3.000 MW de potencia. Estos inyectan al sistema lo que producen, sin obligación de informar al CEN. En una falla como la vivida en febrero, el reglamento permite que se desconecten en forma automática, reduciendo la disponibilidad, sin que el Coordinador conozca el detalle de la energía perdida. Esto, que tal vez era razonable con pocos PMGD, no lo es cuando hoy pueden producir el 25% de la generación durante las horas de sol, planteándose un importante riesgo para el sistema y la necesidad de modificar las reglas para ofrecer mayor seguridad.
En resumen, es claro que casi todo el sistema falló el pasado 25 de febrero. Concentrarse solo en las empresas, olvidando que el Coordinador es responsable por la seguridad del sistema eléctrico y que dispone de las herramientas para cumplir esa tarea, es un análisis incompleto, que no ayuda a determinar las reformas que son necesarias en la institucionalidad del sector.