OPINIÓN

Por ALEJANDRO PÉREZ-REYESCFO de Credicorp y del BCP

Según la edición de marzo del 2025 del estudio ?Lo que preocupa al mundo? de Ipsos, a 65% de los peruanos les preocupan el crimen y la violencia. Esta cifra ha aumentado tres puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado y sitúa al Perú como el segundo país más afectado por este problema entre los 29 analizados, solo detrás de Chile.

Cada vez se hace más difícil ?escaparse? de la inseguridad ciudadana. Cuando no escuchamos sobre asesinatos o robos en los medios de comunicación, lo hacemos a través de nuestro grupo de amigos, nuestras familias o la gente con la que trabajamos. Todos los días oímos de personas que han sido víctimas directas de la delincuencia o que conocen a alguien cercano que lo ha sido. De hecho, el segundo reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia ?una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y del BCP, en alianza con CHS Consultora? presenta una imagen clara del fenómeno, cuando pregunta a través de Ipsos si los entrevistados o personas que conocen han sido víctimas o testigos de diversos hechos en los últimos tres meses. El 21% respondió positivamente al ser consultado sobre la recepción de comunicaciones extorsivas; el 23%, sobre haber estado cerca de un tiroteo, y también un 23% respondió afirmativamente sobre afectaciones negativas a la economía familiar por extorsiones o cobros de cupos.

Pero la situación no solo se expresa en las pérdidas o daños sufridos por las víctimas. La ola expansiva de la criminalidad afecta múltiples rincones de la vida en nuestro país. Por ejemplo, también según el observatorio, el 81% de los peruanos asegura que la falta de seguridad afecta sus decisiones y hábitos financieros. Por otro lado, algunos países advierten a sus ciudadanos sobre visitar el país (desde noviembre del 2023, Estados Unidos sugiere ?extremar las precauciones debido a la delincuencia, los disturbios civiles y el riesgo de secuestro?), lo que puede tener un impacto en el turismo.

También se produce un efecto negativo en nuestra capacidad para retener talento, en nuestra relación con los espacios públicos, en nuestro consumo, en la confianza entre ciudadanos y, ante las evidentes dificultades de las autoridades para lidiar con las circunstancias, un duro golpe a la predictibilidad y al Estado de derecho, lo que también afecta la inversión.

Claramente no hay una solución mágica al problema. No solo se necesita una fuerza policial más numerosa y mejor preparada, también se necesita una armazón institucional que funcione para sacar a los delincuentes de las calles. Luego, no solo se necesita llevarlos a la cárcel, sino asegurarse de que estas no se conviertan en parteras del delito. Y todo comienza con las autoridades a las que les confiamos representarnos y liderarnos, pero también depende de cómo, por nuestro lado, como sector privado, contribuyamos a la solución del problema.

Iniciativas como el Observatorio del Crimen y la Violencia, además de hacer diagnósticos precisos, plantean posibles soluciones. Pero también hay mucho espacio para contribuir a la seguridad de los peruanos a través de la innovación (66% ha considerado canales digitales para sus transacciones, por ejemplo), las obras por impuestos y, en general, con el uso de la tecnología. Capacidades que el Estado mismo podría aprovechar asumiendo al sector privado como aliado en esta lucha. Al final, el problema es de todos.

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