Transparencia es clave para que El Salvador acceda a financiamiento con tasas más bajas: BID

Este es uno de los aspectos que destaca en el diagnóstico sobre la problemática fiscal que afronta El Salvador y la cual le ha hecho someterse a un programa con el
El préstamo de $500 millones del BID forma parte de un paquete más amplio de recursos que El Salvador recibirá de parte de varios multilaterales, tras comprometerse a cumplir una serie de metas con el FMI.
El documento divulgado por el BID señala que "la calidad, el contenido y la entrega oportuna de los datos es insuficiente", pese a que el país cuenta con "garantías legales para el acceso a la información, con un mecanismo para la divulgación de la información fiscal y con iniciativas suscritas para la implementación de estándares internacionales para el intercambio de información con fines fiscales".
El informe añade que si bien no existe una normativa específica sobre transparencia fiscal, sí se cuenta con un marco más amplio sobre la materia, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual incluye la información fiscal. En El Salvador, mucha información pública ha sido reservada por siete años.
Otra norma relacionada es la ley de responsabilidad fiscal, que actualmente está suspendida, la cual permitía "un libre acceso a la información fiscal y rendición de cuentas"; sin embargo, el acuerdo con el FMI establece que el país debe de aprobar una nueva ley de este tipo.
El documento cita, además, que El Salvador ha experimentado un deterioro en transparencia y participación ciudadana en su proceso presupuestario, según el Índice de Presupuesto Abierto de 2024.
En 2021, El Salvador obtuvo un puntaje de 41 sobre 100 en transparencia presupuestaria, uno de los tres componentes que mide este ranking internacional; en la evaluación de 2023, la puntuación del país fue de 24 sobre 100. En este caso, la escala va del 0 al 100, en donde 0 es insuficiente información y 100 suficiente información.
"Esto se debe a la falta de publicación oportuna del proyecto del presupuesto general del Estado, la ausencia de revisiones de medio año y la insuficiencia de los informes de auditoría.Además, la participación ciudadana, ya limitada, se deterioró aún más (13 p.p en 2023), debido al cierre de espacios para el monitoreo de la ejecución del gasto público", subraya el BID.
"Estos factores afectan negativamente la confianza en la gestión de las finanzas públicas, dificultan la identificación de vulnerabilidades fiscales, generan incertidumbre en los inversionistas y repercuten en las calificaciones de riesgo del país", acota el organismo. "Sin mejoras en la transparencia y la gobernanza fiscal, El Salvador seguirá enfrentando obstáculos para recuperar la confianza pública y acceder a financiamiento en condiciones favorables", advierte el multilateral.
De ahí que uno de los principales objetivos del programa con el FMI sea "fortalecer la gobernanza y la transparencia", por lo que El Salvador se ha comprometido a implementar prácticas internacionales.