Tributaria ‘encapuchada’

Mientras avanza en medio de presiones una reforma que les impondrá a las compañías un sobrecosto laboral hasta del 10 %, esta semana el Gobierno ha expedido un decreto sobre retenciones en la fuente que promete darles un puntillazo final a varios sectores de la economía. Si lo que quieren es golpear con un mazo letal la iniciativa privada, lo van a lograr. Se aumenta la retención en la fuente para más de 300 actividades económicas, so pretexto de conseguir que el impuesto de renta se recaude gradualmente dentro del mismo ejercicio gravable, al tiempo que dice perseguir "la equidad y la neutralidad del sistema tributario". Empero, en alguna medida el nuevo estatuto busca desincentivar actividades industriales que no se acomodan al modelo energético y minero del Gobierno. Típica desviación de poder, porque las facultades con que cuenta no son para imponer una matriz de energías limpias. Así, la tarifa para la extracción de carbón se incrementa en más de un 100 %; la de la extracción de gas natural sube más de un 250 % y, claro está, también se aumenta la tarifa para la extracción de petróleo. Todo ello sin considerar los gravámenes extraordinarios a los que están sometidas estas empresas y la precariedad de reservas de largo plazo de petróleo y gas. El Consejo de Estado sostiene que un reglamento oficial es anulable, también por desviación de poder, cuando lo que se persigue es un fin espurio, innoble o dañino, como les ocurre a las clínicas, que han puesto el grito en el cielo porque dicen no tener el flujo de caja ni la liquidez para anticipar el pago de impuestos del 2026. Un nuevo factor para quebrar las clínicas, en el afán de estatizarlas. Esta normativa igualmente revela una represalia contra empresas a las que persistentemente el Gobierno les atribuye obtener unas ganancias indebidas. Es el caso de las sociedades de generación y comercialización de energía, cuyas tarifas de autorretención se doblan, pasando del 2,20 al 4,50 %; un incremento anulable por violación de la finalidad legítima del acto administrativo. El decreto alcanza niveles extremos de insensatez e ilegalidad cuando, como lo denuncia el Consejo Gremial, se les impone retención en la fuente a entidades sin ánimo de lucro, como los partidos o las iglesias, que no son contribuyentes del impuesto de renta. No se les puede exigir que anticipen el pago de un impuesto inaplicable. Son simples préstamos sin intereses, a favor del Estado, con rifle en mano. Por lo demás, es totalmente cuestionable la cacareada equidad tributaria, cuando de una lectura rápida se notan incrementos desorbitantes en las nuevas tarifas y una asimetría evidente entre las distintas tasas promulgadas, que en muchos casos desafía la capacidad contributiva de los contribuyentes. Aparte de que son debatibles la conveniencia y oportunidad de estas disposiciones, en la actual coyuntura: ¿cuál el interés de acosar el sector agroindustrial y a las tiendas de barrio? ¿Es plausible apretar en estos momentos la caja de las empresas? Los intérpretes más benignos afirman que no ha pasado nada, porque la Dian tiene suficientes facultades y porque, en últimas, lo que ocurre es que solamente se está anticipando pagos a favor del fisco que se recaudarían en el año 2026, dinero que al final le corresponde al Estado. Un sofisma. Porque el costo de oportunidad de los 14 billones que se recaudarán constituye un gravamen exorbitante adicional para el sector privado. Es manifiestamente ilegal y provocador que, dizque para fijar simplemente el nivel de las retenciones, se siga aumentando la tasa de tributación efectiva, por entre las rendijas del estatuto tributario, para sanear la situación de las finanzas públicas en el 2025, afectar la posición de liquidez oficial del próximo año y, de alguna manera, usurpar las competencias del nuevo gobierno, mientras el gasto oficial no se controla y se está haciendo caja para las elecciones. Es cierto: este decreto es una reforma tributaria "encapuchada", como todo lo que vimos esta semana. Taponazo. La calle ha vuelto a ser de la ciudadanía de bien.
Nueva retención en la fuente
Néstor Humberto Martínez Neira
El decreto golpea con un mazo letal al sector privado. Desincentiva y afecta deliberadamente varias actividades empresariales, con desviación de poder.