La Nación, Costa Rica
4 de junio de 2025
Jerarcas se reunieron en una mesa de diálogo organizada en la Asamblea Legislativa, para buscar una salida al conflicto que podría dejar sin agua a 4.200 hogares
La Municipalidad de Paraíso y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) acordaron revisar, en una mesa técnica, el cobro de ¢46,9 millones que la entidad del Poder Ejecutivo le reclama al gobierno local. Sin embargo, el proceso iniciará con un obstáculo evidente: ambas partes ya tienen posturas definidas y opuestas sobre la legalidad del monto.
El AyA sostiene que el cobro está jurídica y técnicamente justificado. La Municipalidad, por el contrario, afirma que es improcedente e ilegal.
Si bien se acordó que la Defensoría de los Habitantes acompañe las discusiones, serán las dos instituciones en conflicto las que al final tendrán que decidir si consideran procedente, o no, lo indicado en la factura correspondiente al mes de abril.
La revisión del cobro de ¢46,9 millones es el primer punto de cinco acuerdos tomados este miércoles, durante la mesa de diálogo convocada por el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, en la Asamblea Legislativa.
El alcalde de Paraíso, Michaell Álvarez, y el presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada, estuvieron de acuerdo con "revisar las mediciones" y "la aritmética" del cobro correspondiente al mes de abril, para "empezar a dejar claro el panorama de cara a las próximas facturas".
La Nación consultó a ambos jerarcas sobre las posibilidades de que el acuerdo prospere, tomando en cuenta las posiciones abiertamente contrapuestas.
Al respecto, Quesada dijo que el AyA "mantiene no solo la legalidad del cobro, sino la obligación intrínseca porque representa que se ha prestado un servicio público".
"A nosotros nos preocupa cuáles son las señales detrás de eso (negarse a pagar), quiere decir que si a alguien no le parece justa la tarifa no la paga, aunque haya sido fijada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep)", agregó.
El presidente del AyA señaló estar abierto a tener un acercamiento con el gobierno local, "de cómo se hizo la facturación, para ojalá dar el siguiente paso, que es, determinado el monto y las cantidades, cómo hacemos para pagar".
Por su parte, el alcalde paraiseño respondió con un cuestionamiento: "¿Quién en este país paga una factura que es ilegal e irregular? Nadie", expresó.
"Vivimos en un Estado de Derecho, por lo cual nos hemos acogido a sus principios, y no procederemos hasta que la situación se aclare como corresponde", advirtió Álvarez.
Acueductos y Alcantarillados dio plazo hasta este miércoles, 4 de junio, para cancelar el monto exigido, o de lo contrario, amenazó con suspender el servicio que el municipio distribuye entre más de 4.200 hogares de ese cantón.
No obstante, una medida cautelar dictada el martes 3 de junio, por la Sala Constitucional frenó la medida, mientras se resuelve un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Paraíso y el AyA, por el conflicto que mantienen ambas entidades.
Los magistrados resolvieron suspender provisionalmente cualquier acción que implique interrumpir el suministro de agua hasta "tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa" y dieron tres días hábiles a las autoridades para que rindan informe ante esa instancia.
