El Comercio, Perú
15 de junio de 2025
La Ley 32385 restringe el uso de teléfonos móviles en aulas de primaria y secundaria. Será reglamentada en 60 días por los ministerios de Educación y Salud.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 32385, que establece una regulación específica sobre el uso de celulares y dispositivos similares en las instituciones y programas educativos de educación básica, tanto públicos como privados, en los niveles de primaria y secundaria.
Asimismo, se prevé mejorar el aprendizaje, enfrentar problemas asociados con el ciberacoso, la sobreexposición a Internet y los riesgos para la salud física y mental de los menores. La norma establece que solo se permitirán dos excepciones para el uso de celulares en entornos educativos: cuando sean utilizados por estudiantes con necesidades especiales, justificados por razones médicas o pedagógicas, y cuando su uso tenga fines académicos específicos con la autorización de la institución.
En ese sentido, los directores de los centros educativos establecerán los protocolos para asegurar el cumplimiento de la norma y podrán aplicar medidas correctivas ante infracciones, con criterios de gradualidad y enfoque educativo. Además, los ministerios de Educación y Salud promoverán campañas de concientización sobre el uso excesivo de celulares.Los centros escolares deberán colocar avisos en lugares visibles que informen sobre la restricción del uso de celulares en horario de clases. Los ministerios previamente mencionados cuentan con un plazo de 60 días para elaborar y aprobar el reglamento de la norma.
?En debate?
El educador y director de The Learning Factor y Calibra, Paul Neira, cuestionó la necesidad de la ley, ya que en la actualidad existen instrumentos con todas las capacidades y competencias para regular los centros educativos, como los reglamentos de los colegios.
Asimismo, Neira consideró que el objetivo de la ley carece de sustento empírico. El experto advirtió que los problemas que se buscan atacar con la norma son de naturaleza multicausal, por lo que esta difícilmente podrá solucionarlos. El académico también manifestó una fuerte preocupación por el reglamento que los ministerios de Educación y de Salud deben emitir en un plazo de 60 días. Explicó que, al ser la norma ambigua, puede dar espacio a un reglamento de poca apertura a la evidencia y excesivamente rígido. Para él, esto pone en riesgo la autonomía de los colegios. En tanto, Giannina Miranda, del colectivo Educar con Libertad, respaldó la norma y destacó la necesidad de mejorar la concentración, señalando que el control del uso de celulares es más débil en colegios públicos que en privados.
además
Neira solicitó que el reglamento sea elaborado por una comisión plural, con participación de funcionarios, la sociedad civil y el sector privado.
