Radiografía financiera de los colegios privados en el país

La educación privada en Colombia atraviesa un momento complejo en términos financieros y operativos. Así lo confirma el informe regional ‘Educación en cifras: panorama financiero de las instituciones educativas en Latinoamérica’, elaborado por Mattilda, que recogió datos de 324 colegios del país, y expone los desafíos estructurales que comprometen la sostenibilidad del sector. Los hallazgos en Colombia destacan que el 98% de las instituciones educativas privadas opera por debajo de su capacidad instalada y una de cada cinco no alcanza ni el 50% de ocupación. Este indicador, que refleja una subutilización generalizada de la infraestructura disponible, se traduce en menores ingresos, presión sobre los costos fijos y limitaciones para invertir en mejoras educativas. La caída de la natalidad en el país es uno de los factores que explican este fenómeno. Entre 2012 y 2023, los nacimientos disminuyeron un 24,5% y la matrícula escolar cayó un 11,9%. Se proyecta que, para 2070, solo el 13,9% de la población estará en edad escolar, una reducción significativa frente al 19% actual. Esta dinámica demográfica se refleja ya en el cierre de más de 700 colegios a nivel nacional, 26 de ellos solo en Bogotá durante el primer semestre de 2024. A la baja demanda se suman dificultades estructurales en la gestión financiera. El 75% de los colegios reporta una cartera vencida superior al 3% mensual, y el 13% supera el 10%. La morosidad afecta principalmente a instituciones pequeñas, con menos de 200 alumnos, y a aquellas que cobran pensiones inferiores a $800.000. Según el informe, el 82% de los casos críticos pertenece a este segmento. Los colegios con mayor nivel de morosidad suelen operar bajo el calendario A y contar con uno o dos métodos de pago habilitados, lo que limita la eficiencia del recaudo. En contraste, las instituciones que diversifican sus medios de pago y utilizan herramientas digitales presentan una cartera vencida inferior al 2%. Entre los colegios con menos del 3% de cartera vencida, el 62% trabaja con soluciones financieras integradas como las que ofrece Mattilda. La situación también tiene impacto directo en la matrícula. El 53% de los colegios señala que la deserción de estudiantes obedece a la incapacidad de las familias para continuar pagando. A esto se suman factores como el cambio de ciudad o residencia, citado por el 42% de las instituciones, mientras que causas internas como conflictos académicos o familiares representan apenas el 2%. Pese al contexto inflacionario, el 40% de los colegios no ajusta sus pensiones al ritmo del IPC. En 2024, la inflación cerró en 5,2%, pero el 27% de las instituciones aumentó su tarifa menos de 5% y el 10% no la modificó. Esta falta de actualización erosiona los ingresos reales y limita la capacidad de respuesta ante los costos crecientes del sector. La falta de liquidez también restringe la inversión en actividades complementarias o estrategias de crecimiento. El 29% de los colegios no tiene fuentes de ingreso adicionales más allá del cobro de pensiones, y menos del 10% reporta ingresos significativos por servicios como cafetería, transporte o venta de uniformes. Esta dependencia exclusiva de las pensiones deja a las instituciones vulnerables ante cualquier retraso en los pagos o disminución en la matrícula. Acceso al crédito El informe identifica una correlación directa entre el acceso a crédito y la ocupación escolar. Entre los colegios que operan al 100% o más de su capacidad, el 75% cuenta con financiamiento activo. En cambio, entre los que tienen una ocupación inferior al 50%, el 81% no accede a crédito. El acceso a financiamiento permite anticipar inversiones, fortalecer el marketing y mejorar la infraestructura, condiciones que a su vez atraen más estudiantes y consolidan la sostenibilidad. A nivel territorial, las brechas también son significativas. En Bogotá, el 40% de los colegios tiene acceso a crédito, pero en ciudades como Bucaramanga la cifra cae al 9%, y en municipios como Chía, Cúcuta o Ibagué, la mayoría de las instituciones no cuenta con financiamiento. Esta fragmentación genera un ecosistema educativo donde las posibilidades de crecimiento no solo dependen del valor educativo, sino del respaldo financiero disponible. "Hoy, muchos colegios se sienten atrapados entre su compromiso con la calidad educativa y las limitaciones reales para crecer, innovar o incluso sostenerse en el tiempo. Gestionar bien las finanzas ya no es una ventaja competitiva: es una condición indispensable para que el proyecto siga", señala José David Tena Gascón, country manager de Mattilda.
El estudio también destaca que más del 60% de los colegios destinan entre el 41% y el 60% de sus ingresos al pago de nómina administrativa, lo que deja poco margen de maniobra para enfrentar caídas en el recaudo o responder a imprevistos. En este escenario, automatizar procesos y digitalizar pagos se presenta como una alternativa para reducir costos fijos y ganar eficiencia. En cuanto a estrategias de cobranza, el 57% de los colegios implementa al menos tres acciones como recargos por mora, descuentos por pronto pago o suspensión de servicios. Sin embargo, el 60% de los colegios con cartera vencida superior al 10% utiliza solo una o dos estrategias.