PDI recibe "avalancha" de solicitudes de datos de funcionarios públicos que habrían viajado estando con licencia

Los cientos de mensajes directos, incluso por WhatsApp, a jefaturas y altos mandos de la Policía de Investigaciones (PDI), para requerir información en Extranjería sobre las salidas del país de miles de funcionarios públicos que presentaron licencias médicas en distintos organismos, encendieron las alarmas sobre la necesidad de ordenar la entrega de antecedentes en la policía civil.
Y es que el hallazgo de la Contraloría en mayo sobre 25 mil funcionarios que salieron de viaje, pese a estar con reposo médico, generó un problema logístico en la institución que recibió una "avalancha" de requerimientos al inicio de este caso, que ahora además indaga la Fiscalía Metropolitana Oriente. Ante este escenario, la institución policial dio los primeros pasos para determinar cómo se procedería, y estableció la asesoría legal interna para que se hiciera apegado a la normativa legal.
Ahora, solo se aceptan solicitudes por vías formales, las que además son revisadas por el equipo jurídico de la institución.
Mientras que de forma paralela, el Ministerio Público revisa las responsabilidades penales en este caso.
Criterio divide solicitudes en masivas y de menor entidad
A cargo de la Jefatura Nacional de Extranjería de la PDI se encuentra la revisión de los antecedentes de funcionarios públicos que abandonaron el país durante sus licencias médicas.
Distintas reparticiones públicas, desde mayo, realizan solicitudes a la policía para verificar posibles irregularidades en la presentación de licencias.
Pero un ordenamiento interno estableció canales formales para el flujo de información y dividió las solicitudes en dos: masivas y de menor entidad.
Las masivas se tramitan con consultas generales, por vía formal. Mientras que aquellas de menor entidad, con menos funcionarios involucrados, se revisan directamente en la Jefatura, aunque también por canales establecidos.
Con ello se busca actuar apegados a la normativa. La Ley Orgánica Institucional establece que solo organismos del sistema judicial realicen requerimientos a la PDI.
Por ejemplo, el título segundo del mismo cuerpo legal dice que "la institución dará al Ministerio Público y a las autoridades judiciales con competencia en lo criminal, el auxilio que le soliciten en el ejercicio de sus atribuciones".
Pese a ello, al interior de la PDI recuerdan que fue la propia Contraloría la que sugirió a las instituciones requerirles información sobre sus funcionarios.
Poder Judicial cuenta con habilitación legal
Uno de los órganos con competencia para requerir a la PDI es el Poder Judicial.
En ese marco, el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, se reunió el 2 de junio pasado con el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna.
Tras esta reunión, a la semana siguiente se envió un oficio a la máxima autoridad de la PDI para que remita antecedentes, pues desde la policía no han entregado el cruce de información entre el universo de licencias médicas de funcionarios y jueces con los datos respecto de quiénes habrían salido del país durante la duración de esos permisos.
Se trata de un paso clave para buscar eventuales responsabilidades y sanciones al interior del Poder Judicial respecto del mal uso de licencias médicas o la presentación de permisos fraudulentos.
La Contraloría no estaba habilitada para hacer el cruce de información respecto de empleados del Poder Judicial, dada su autonomía constitucional. Es por esto que, al igual que el Ministerio Público, inició una revisión particular interna.
Investigación El 20 de mayo, la Contraloría ofició a la fiscalía para que iniciara una investigación penal por el caso Licencias.