Multa a chilenos y extranjeros por no votar, el otro proyecto rechazado por el PC sin urgencia aún del Gobierno

Una fuerte presión se percibe sobre La Moneda en torno al despliegue de la agenda legislativa en la parte final de su administración, que coincide con los días posteriores al triunfo de Jeannette Jara (Partido Comunista) en la primaria presidencial oficialista.
Al ingreso de una reforma legal complementaria de cambio al sistema político, que desde el Socialismo Democrático consideran "a la medida del PC" -que precisamente está en contra de la iniciativa-, se añade una suerte de diseño, dicen en el Congreso Nacional, en que también está "congelado" otro proyecto resistido por los comunistas: el que hace efectivo el voto obligatorio al imponer una multa a chilenos y extranjeros por no sufragar. La sanción oscila entre los $33.000 y $345.000.
Es precisamente lo relacionado con la sanción a los inmigrantes lo que es resistido por el PC y otras colectividades que votaron en contra de la moción de senadores. La controversia se origina a contar de la diferencia entre "ciudadanos" y "electores": los primeros consideran a los nacionalizados chilenos, es decir, no se aplica la multa a extranjeros con avecindamiento, lo que supondría sufragio voluntario para ellos en la práctica. La oposición acusa al oficialismo y al Ejecutivo de buscar que los cerca de 900 mil inmigrantes habilitados no sufraguen, porque lo harían previsiblemente por la derecha en una mayor medida.
Por el contrario, los electores abarcan a todos, lo que supone sanción para chilenos y extranjeros. Eso contempla la moción del Senado que, se afirma, "duerme" en la Cámara. Ahí mismo, diputados aprobaron despachar a sala otra iniciativa que multa solo a los nacionalizados.
La propuesta se despachó de la Cámara Alta y fue remitida a los diputados, en específico, a la comisión de Gobierno. Su presidente, Rubén Oyarzo (bancada radical), confirmó que las tablas se conforman con las prioridades y, hasta ahora, el Gobierno no le ha puesto urgencia al proyecto para multar por no votar, lo que lo deja a la espera de avanzar con, por ejemplo, las iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de las facultades sancionatorias de la Contraloría.
El "proyecto que establece multas para quienes no cumplan con el voto obligatorio y que salió desde el Senado, está a la espera de la decisión del Gobierno sobre ponerle urgencia o no a esta iniciativa, y mientras eso ocurre, en la comisión de Gobierno hemos consensuado que lo que necesitamos en este momento es fortalecer las atribuciones y capacidad de fiscalización de la Contraloría General de la República", dice el congresista del distrito 8.
Para Oyarzo, no obstante, "una vez que el Gobierno coloque urgencia a esta iniciativa, se priorizará en la tabla de la comisión de Gobierno que presido". Aunque -prosigue- "de todos modos, es necesario decir que colocar multas a los extranjeros para que voten mantiene la lógica de entregar a personas sin arraigo un derecho fundamental, como es elegir Presidente de la República, y esa distorsión es un verdadero atentado a la soberanía nacional y aquello debe ser rechazado en la Cámara".
PC reitera rechazo
Así como en el Senado, Daniel Núñez (votó en contra en general) y Claudia Pascual se expresaron contrarios a la moción de sufragio obligatorio efectivo, en la Cámara los comunistas tampoco están por apoyar esa iniciativa una vez que llegue a la sala.
Esa postura la ratificó el diputado Luis Cuello (PC), al comentar: "Resulta incoherente que se aplique una sanción económica a un extranjero que tiene más de cinco años de residencia, en circunstancias que él está facultado, pero no obligado a hacerlo y, por lo tanto, si no hay obligación, desde el punto de vista jurídico es poco armónico e incoherente que se aplique una multa".
El legislador por el distrito 7 remarca la diferencia en el verbo que pondrán en la norma, en que dice que es facultativo, pero no imperativo, por lo que no obliga a sufragar a los extranjeros. Esa ha sido una divergencia que antes de cada elección se toma el debate. "No hay consenso al respecto y, por lo tanto, no veo que sea urgente legislar al respecto", dice.
Contra el tiempo
Si bien no se admite, lo señalado en parte del oficialismo y el PC concuerda con la postura del Ejecutivo en referencia al proyecto del Senado. En su primer trámite, el Gobierno ingresó una indicación para diferenciar la sanción para chilenos y foráneos e incluso impedir la participación de los avecindados en las presidenciales y parlamentarias.
Con esa fórmula, se buscaba remitir a los extranjeros a pronunciarse solo en los comicios municipales y regionales. Esa propuesta, como indicación, fue declarada inadmisible.
Así, el martes, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, comentó sobre el voto obligatorio con multa que, "se debe dar el debate respecto de la sanción por no votar tanto a extranjeros y chilenos. Ese debate se hará en su mérito y seguiremos conversando al respecto"; por lo que no fijó postura en el fondo de la consulta, de si impulsarán y contra quién la multa por no sufragar.
En la oposición resienten la indefinición. "No se entendería que ahora el Gobierno quisiera echar pie atrás a una obligatoriedad del voto que todos celebramos en su momento y por eso esperamos contar con urgencias legislativas o deberemos citar a una sesión especial para despachar el proyecto", advirtió el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN).
En el Servel están alertas del trámite de proyectos y reformas electorales y al sistema político, porque hay plazos en curso, que una vez cumplidos por ley deben dar paso, por ejemplo, a la elaboración del padrón provisorio a más tardar el próximo 19 de junio, el que inicia un proceso hasta llegar al definitivo para la elección presidencial y legislativa de fin de año.
Plazos
Las legislaciones electorales se tramitan contra el tiempo. El Servel avisó que en dos semanas elabora el padrón provisorio.
''Resulta incoherente que se aplique una sanción económica a un extranjero que tiene más de cinco años de residencia, en circunstancias que él está facultado, pero no obligado a hacerlo".
LUIS CUELLO DIPUTADO PC
''El proyecto que establece multas para quienes no cumplan con el voto obligatorio y que salió desde el Senado está a la espera de la decisión del Gobierno sobre colocarle urgencia o no a esta iniciativa".
RUBÉN OYARZO PRESIDENTE C. DE GOBIERNO DE LA CÁMARA
Analistas estiman que votarían hasta 5 millones de personas menos si no hay sanciónNo fijar multas a quienes no sufraguen tendría una incidencia directa en la participación de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, señalan analistas, que incluso alertan de que la concurrencia podría caer a cifras similares a cuando el proceso era voluntario.
Si se compara entre la segunda vuelta de 2021 -cuando no fue obligatorio sufragar- y la municipal de 2024 -cuando sí lo fue-, son cerca de cinco millones de personas menos en las urnas.
Así lo detalla el director del Centro de Políticas Públicas de la U. del Desarrollo, Gonzalo Müller , quien comenta que "perfectamente podríamos volver a una participación inferior al 50%" si no se fijan sanciones y apunta que "de facto se volvería al voto voluntario", por lo cual considera "grave la situación".
Tomás Duval , académico de la U. Autónoma, señala que "teóricamente cuando se sacan las multas el voto obligatorio comienza a comportarse como voluntario; eso es lo que nos dice la evidencia. Eso sí, puede ser que no sea en esta elección, sino en la próxima en la que uno vea una caída más abrupta".
Para María José Naudon , decana de la Facultad de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez (UAI), "un voto obligatorio sin multa es una contradicción por sí misma". Asevera que "se produce un problema de deslegitimación en las normas que excede el efecto en la participación, eso es lo primero. Lo segundo es que la lógica indica que sin sanción la concurrencia podría verse afectada".
Además, plantea que "la pregunta de base es por qué hemos elegido tener voto obligatorio. Lo hemos hecho porque es la mejor forma de poner sobre la mesa la opinión de aquellos que se suelen restar. Entonces, esto parece una completa contradicción".
Acerca de las razones por las cuales se está asociando este debate a la participación de los extranjeros, Duval da un dato sobre lo sucedido en la última elección municipal: "Si uno divide entre el oficialismo y oposición, la diferencia en números grandes es un millón de votos y los migrantes en el padrón son 700 mil. Ese es el punto de discusión política y eso es lo que hace que esté trabado el debate".
En cuanto a si hay algún sector que se podría ver más beneficiado en el caso de que no se sancione a quienes no sufraguen, especialmente a los extranjeros, Müller sostiene que "se especula mucho de los malos resultados que han obtenido la izquierda y el Gobierno con voto obligatorio. Pero una mirada rigurosa de la elección municipal arroja que no hay un efecto claro. El único efecto real que hay es la mayor legitimidad de las elecciones gracias a la mayor participación ciudadana".
Mientras que la académica de la UAI afirma que "primero se dijo que podía beneficiar a la izquierda, ahora se dice que favorece a la derecha, especialmente por el voto de la comunidad venezolana. Siempre es muy malo tomar decisiones en un ciclo presidencial y, segundo, con una calculadora en la mano. Eso habla de un país que no está teniendo la responsabilidad necesaria".
Ministra Segpres, por reforma al sistema político: "Hay otras herramientas que pueden contribuir"En pleno debate entre quienes impulsan o no la reforma al sistema político, la moción se aleja de la opción de poder avanzar con más ritmo en su tramitación, sienten en la Cámara, sobre todo, después del ingreso de un proyecto complementario del Gobierno.
A la sesión de la comisión de Constitución, presidida por Jorge Alessandri (UDI), asistió ayer la ministra de la Segpres, Macarena Lobos; mientras el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se excusó, según se leyó.
Al exponer acerca de la reforma al sistema político, de la que el Ejecutivo insistiría en la pérdida del escaño, pero no en un artículo clave como lo es el umbral del 5% de entrada al Congreso, la secretaria de Estado comentó: "Hay un diagnóstico compartido, pero, en la práctica, hay más instrumentos, porque este es un sistema que tiene varios engranajes y hay que ver cómo las piezas se mueven en su conjunto y acá, el proyecto que está en análisis ha puesto el foco en un elemento que tiene que ver con el momento de la elección, que no necesariamente se hace cargo de los problemas de fragmentación que se producen después de la elección. Desde esa perspectiva, creemos que hay otras herramientas que pueden contribuir a hacerse cargo del diagnóstico compartido".
Ante la comisión expusieron académicos, como Sebastián Soto, de la PUC e investigador del CEP.