Bloqueos paran obras viales y pondrían en riesgo concesiones

Desde agosto de 2022 hasta el 8 de julio de 2025 se han registrado 129 eventos de orden público que han afectado al sector transportador en Colombia. Solo este año se han registrado 42 eventos en las vías. Estos episodios dejan varias afectaciones y entre los hechos reportados se encuentran 216 cierres totales de vía, 206 vehículos incinerados o vandalizados, 113 agresiones a conductores, 76 casos de extorsión o amenazas, y 29 instalaciones petroleras y peajes afectados. Las cifras, consolidadas en el monitoreo sectorial de Colfecar reflejan un panorama sostenido de alteraciones que han tenido impacto en la movilidad, la seguridad vial y la ejecución de proyectos estratégicos. Estas afectaciones han estado distribuidas en al menos 29 departamentos, con mayor incidencia en Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca y el sur del Cesar. En total se han presentado 1.166 afectaciones, 674 se concentran en corredores viales nacionales clave para la distribución de bienes e insumos. En la misma línea, 138 estaciones de Policía de Carreteras han sido hostigadas, mientras que al menos 76 operadores viales han reportado dificultades para continuar sus labores por razones de seguridad. En este contexto, desde el 15 de julio se desarrolla una nueva jornada del paro arrocero en Colombia, con bloqueos en vías principales de ocho departamentos. La manifestación, organizada por cultivadores del cereal, responde a lo que los organizadores califican como "el incumplimiento de los acuerdos firmados con el Ministerio de Agricultura en el mes de marzo". El gremio, representado por distintas asociaciones, advirtió que "no participará en nuevas mesas de diálogo" si no están presentes los ministerios de Agricultura, Comercio y Ambiente, además de la Superintendencia de Industria y Comercio y los representantes de la industria molinera. La protesta se fundamenta en la caída de precios y crisis de rentabilidad en la carga de arroz, falta de acciones efectivas del Estado frente a las condiciones del sector e insisten en la necesidad de establecer precios justos y mecanismos regulatorios para su producción y comercialización. En paralelo a esta protesta específica, el efecto acumulado de bloqueos y cierres se ha hecho evidente en múltiples corredores viales concesionados. Un ejecutivo de una concesión vial señaló que "desde el inicio del proyecto se han registrado 23 bloqueos que han afectado la movilidad de los usuarios y el desarrollo de las obras". Añadió que muchos de estos bloqueos "han surgido por inconformidades sociales ajenas al proyecto, como reclamos por licencias mineras, fallas en servicios públicos o decisiones administrativas locales". Impactos negativos Las consecuencias económicas son significativas. Según la fuente, "cada bloqueo o suspensión de actividades representa sobrecostos por inactividad de maquinaria, ampliaciones contractuales, reprogramaciones logísticas y disminución en los rendimientos técnicos". Además, estas situaciones "incrementan los costos de transporte y reducen la eficiencia de los servicios de carga y pasajeros". En algunos casos, los bloqueos han durado más de tres semanas consecutivas. "Estas situaciones han paralizado frentes de trabajo en distintas etapas del proyecto, tanto en preconstrucción como en construcción", precisó el ejecutivo. Este tipo de afectaciones compromete directamente los cronogramas de ejecución y los tiempos contractuales. En otra concesión vial, un directivo consultado reportó que solo en 2024 se presentaron 56 manifestaciones en contra del proyecto y/o peajes del corredor vial, en lo que va de 2025 se han presentado 42 eventos. Señaló que los manifestantes incurrieron en actos de agresión y en conductas temerarias contra el personal del concesionario, infraestructura vial y estaciones de recaudo. El vocero destacó que "se tienen registrados 246 eventos para el 2024 y 2025, lo cual es una cifra relevante ya que impacta la movilidad, impide atención de eventos o siniestros viales y denota una problemática social intensa no resuelta". Esta situación ha generado un ambiente de inseguridad para los trabajadores del proyecto. "Es habitual que aun sin protestas existan conductas agresivas por parte de algunos usuarios en las casetas de recaudo o al recibir los servicios del concesionario". En términos financieros, el impacto ha sido crítico. "La imposibilidad del recaudo de los peajes debido a estos bloqueos ha derivado en un déficit financiero", aseguró. Entre los factores destacan "la imposibilidad de aplicar la estructura tarifaria del proyecto" y "de instalar e iniciar la operación de nuevas estaciones de peaje". Según el directivo, esto ha impedido el cumplimiento del cierre financiero y, por tanto, no se ha podido iniciar la fase constructiva. Advirtió que el proyecto presenta riesgo de terminación anticipada contemplado en el contrato de concesión. Esto implicaría que "la vía entraría en un deterioro acelerado, lo cual repercutirá en mayores riesgos para los usuarios y costos de transporte". En relación con la economía regional, añadió que "los constantes bloqueos producen traumatismos en el transporte de carga, lo que genera pérdidas al sector industrial" y afecta la cadena productiva local. También se han registrado impactos en el transporte de pasajeros. "Los cuales quedan por horas atrapados en estos bloqueos". Colfecar advirtió sobre deficiencias en la operatividad del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. En 2024, se reportaron 1.801 vehículos, pero "es fundamental actualizar el inventario para determinar el estado de estos equipos y su respectiva ubicación".