Suprema responsabiliza a Gendarmería por polémica liberación de imputado, tras declaraciones del Gobierno

Aunque probablemente buscaba desmarcarse de la eventual acusación constitucional anunciada por la oposición, sus palabras trascendieron el ámbito político y acabaron resonando en el segundo piso del Palacio de Tribunales, entre los supremos, a quienes no les cayeron nada bien. Temprano, ayer, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmaba en radio Duna: "Esta situación en particular se origina en otro poder del Estado, en el cual yo no tengo ningún tipo de competencia".
Se refería a la polémica liberación del imputado venezolano Osmar Ferrer, quien fue formalizado el pasado 9 de julio por su participación en el homicidio por encargo del comerciante del barrio Meiggs José Reyes (43), ocurrido en Ñuñoa, a mediados de junio. Apuntaba entonces a la jueza de garantía Irene Rodríguez, que dirigió esa audiencia, y a los funcionarios del tribunal, omitiendo alguna posible responsabilidad de Gendarmería, que es una institución bajo el alero de su cartera.
El malestar en la corte es aún mayor si se considera Gajardo se había reunido con la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, en el mismo Palacio de Tribunales, en un encuentro que buscaba justamente coordinar acciones para evitar la repetición de este tipo de hechos.
Observan extraña salida de la cárcel del imputado por el crimen en Ñuñoa
Lo que había sucedido con Ferrer el 10 de julio recién pasado, cuando se validó su egreso del penal Santiago 1, era justamente el tema que se abordaría en el pleno extraordinario del máximo tribunal, en el que se analizó la situación y se adoptaron medidas que buscarán evitar que en el futuro pueda repetirse un escenario como el actual: el imputado aprovechó la oportunidad y permanece prófugo, a pesar de la gravedad del delito que se le atribuye y la pena que arriesgaría, de acreditarse su participación en el crimen.
Finalizada la sesión de pleno, los ministros suscribieron una declaración pública que, posteriormente, fue difundida. En ella responsabilizaron a la institución penitenciaria de la liberación de Ferrer. Porque, si bien hubo un error de la jueza Rodríguez en la identificación del imputado, lo que significó anular y rehacer el oficio de ingreso al centro de detención preventiva, el documento correcto, que repuso la prisión preventiva decretada en la audiencia de formalización por la misma magistrada, estaba en manos de Gendarmería seis horas antes de que se permitiera que el ciudadano venezolano saliera de la cárcel.
"Se considera necesario precisar que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago despachó la orden formal y definitiva de ingreso en prisión preventiva en contra del imputado, la que fue puesta en conocimiento de Gendarmería de Chile el 10 de julio del actual, a las 14:13 horas, por los conductos oficiales", detalla el pleno del máximo tribunal.
A su vez, los supremos puntualizan: "En consecuencia, a pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas, transcurriendo cerca de seis horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación".
De acuerdo a conocedores de lo ocurrido, además, no solo existía una orden judicial debidamente notificada, sino que la propia gendarme presente en la audiencia se llevó el oficio "por mano". Incluso, esta misma funcionaria fue quien advirtió a la jueza sobre un error en el nombre del imputado, lo que motivó la corrección del documento.
Identificar "defectos" en sistema informático para ingreso y egreso
Junto con esta apreciación, los ministros del máximo tribunal también adoptaron al menos dos decisiones respecto de las medidas que se adoptarían para evitar que este tipo de situaciones, las que se calificaron de "la mayor gravedad", se repitan.
Así, por una parte, se ordenó recabar la información sobre los defectos que se advierten en el sistema informático para la tramitación interna de órdenes de ingreso y egreso".
Por otra, el pleno dispuso elaborar "un protocolo para un sistema único de tramitación que permita el efectivo cumplimiento de las órdenes judiciales, evitando cualquier espacio de discrecionalidad", consigna la declaración pública.
La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, instruyó al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) emitir un informe sobre estos asuntos y, a su vez solicitó al gremio de los jueces dar cuenta de las "dificultades que se han detectado en la judicatura penal", en relación con el "manejo eficiente del sistema de tramitación electrónica".
En paralelo, este jueves también en el primer piso del Palacio de Tribunales se tocó el tema de la liberación de Ferrer, que ha costado cuestionamientos públicos tanto al Poder Judicial como a Gendarmería. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en sesión extraordinaria, adoptó igualmente medidas, además de las ya decretadas cuando el tema se conoció públicamente, como la instrucción de un sumario.
Corte de Santiago reitera instrucciones a jueces de garantía
Ayer se dispuso, entre otras cosas, reiterar una "instrucción" dada el 25 de abril pasado respecto de los ingresos y egresos de la cárcel. En esa ocasión, se les dijo a los jueces de garantía de la jurisdicción que tomaran las "medidas necesarias para que al momento de dictar las órdenes de detención y de libertad, según fuere el caso, lo hagan de modo que contengan correctamente la individualización del imputado o condenado e identifiquen con precisión la causa en que se dicta, lo que debe tener correspondencia con la información del proceso".
También, el pleno de ministros dispuso que en aquellas resoluciones en que se deje sin efecto una medida cautelar de prisión preventiva, como ocurrió en este caso, "se incluya la respectiva indicación de orden de libertad, solo en caso de ser procedente".
"A pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas, transcurriendo cerca de seis horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación".
EXTRACTO DE DECLARACIÓN PÚBLICA DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA