Principios y preceptos teóricos

La época actual no es la mejor para nuestra democracia. Hemos retrocedido. Se está haciendo un uso equivocado de las atribuciones conferidas a los titulares del poder público. Están siendo inaplicados los principios fundamentales y son incumplidas muchas normas constitucionales. Gobierno, legisladores, partidos, expresidentes y precandidatos, en medio de intolerancia y polarización -estimulada en redes y medios-, parecen haber olvidado que hay unos objetivos institucionales de beneficio común, a cuyo logro debería orientarse la actividad estatal y la de quienes aspiran a asumirla en el futuro. Como dice el preámbulo de la Constitución, el Estado existe para fortalecer la unidad de la Nación -no para dividirla- y para asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. No de cualquier manera sino "dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo". Los servidores públicos están para trabajar en beneficio de la sociedad. Se trata del interés y del bien colectivo, no de satisfacer el ego del gobernante, ni de alcanzar los objetivos de un determinado grupo o partido. Según las normas fundamentales, las ramas y órganos estatales, aunque son independientes y tienen funciones separadas, deben actuar en colaboración armónica, para la realización de los aludidos fines. Al Congreso corresponde legislar y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. El presidente de la República -a la luz de la Constitución-, simboliza la unidad nacional y al prestar su juramento, se obliga a garantizar los derechos y libertades "de todos los colombianos". La administración de justicia es independiente e imparcial y sus decisiones deben ser respetadas. Hoy, todo eso es, en gran parte, pura teoría. Lo decimos con gran respeto. Lo que vemos a diario no es la armónica colaboración entre quienes ejercen el poder público, con miras a satisfacer las necesidades y urgencias de la sociedad -en materia social, económica, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el trabajo-, sino el permanente y cada vez más agresivo enfrentamiento político. En vez de legislar, en el Congreso se bloquean los proyectos o se archivan sin permitir su discusión, creyendo que se causa daño al Ejecutivo cuando en realidad el perjudicado es el país. Algunos congresistas, en vez de acudir a los debates, prefieren grabar videos contra iniciativas y proyectos, presentar demandas infundadas, escribir cartas o viajar a otros países, buscando injerencia extranjera en el ámbito de nuestra soberanía. El Gobierno insiste en dialogar con organizaciones terroristas que no tienen voluntad de paz y que, en cambio, se fortalecen y siguen ejerciendo la violencia y la actividad criminal. El presidente de la República, en inapropiado uso de alocuciones y consejos de ministros, dedica horas de televisión a atacar a sus contradictores, a descalificar decisiones judiciales, a reconvenir a sus colaboradores, pero, dada la extensión e improvisación de sus exposiciones, la audiencia pierde de vista el fondo de muchas propuestas, informaciones y denuncias. Entre tanto, en varias regiones persisten los paros, bloqueos y cierres de vías por causa de promesas oficiales incumplidas. La crisis de la salud continúa sin solución, sigue el anormal suministro de medicamentos, las EPS no pagan sus deudas, y se denuncia antigua corrupción no investigada. En el terreno político, se ha llegado al extremo de conspirar contra las instituciones, proponiendo golpes de Estado. Y el uso abusivo de la libertad de expresión ha dado lugar a indebidas presiones sobre jueces y magistrados respecto a próximas decisiones con incidencia política, desconociendo su autonomía e independencia. Por si algo faltara, ahora pretenden burlar la prohibición constitucional (Acto Legislativo 2 de 2015), mediante candidaturas vicepresidenciales de expresidentes de la República. Es necesario replantear muchas cosas y cumplir la Constitución.
Punto de referencia
José Gregorio Hernández Galindo