¿A qué costo protegemos el empleo?

Ricardo Bonner | Estados Unidos
@|En economía, a veces las buenas intenciones del presente comprometen el futuro. En nombre de la protección del empleo, los gobiernos suelen intervenir para sostener sectores ineficientes. Lo hacen con aranceles, subsidios, prohibiciones de exportación y expansión del empleo público. Pero, ¿a qué costo?

Uruguay es un país caro para producir. La energía, la logística y la mano de obra tienen costos altos en dólares. Salvo en sectores con ventaja comparativa como la ganadería, la forestación o el arroz, competir globalmente desde Uruguay es una batalla cuesta arriba. Para sostener industrias no competitivas, se protege el mercado interno: se suben aranceles, se imponen cupos, se restringen importaciones o exportaciones. Y todo eso encarece la vida de los uruguayos.

Cuando el Estado impide que un sector eficiente como la ganadería exporte libremente, lo hace, en parte, para calmar conflictos internos. Sindicatos y sectores menos competitivos presionan con razón; sin protección, perderían miles de empleos. Pero proteger esos empleos hoy, puede terminar destruyéndolos mañana, además de perjudicar a los sectores que sí funcionan y son los que bancan esos empleos.

Es un dilema conocido: si cada país se dedicara a lo que mejor hace según su geografía, clima o eficiencia, el mundo sería más productivo. Pero como la libre movilidad de personas no existe, los gobiernos asumen la tarea de proteger a sus ciudadanos, aunque sea a costa de la eficiencia de esos sectores pujantes.

Así, se crea una lógica circular: se contratan más funcionarios públicos, se subsidian empresas insolventes, se reparten fondos en planes sociales. No es una medida económica, es una medida política: se busca evitar el conflicto, calmar la calle, y sostener la paz social.

El problema es que, tarde o temprano, alguien paga la cuenta. Muchas veces, son los que cumplen, producen, exportan y compiten.

No se trata de reducir el Estado sin más. Se trata de discutir para qué está el Estado, a quién protege, y cómo se puede construir un modelo que no castigue a los que sí funcionan. Uruguay necesita eficiencia, sí. Pero sobre todo necesita valentía política para ordenar prioridades y evitar que las decisiones urgentes arruinen el futuro y a aquellos sectores pujantes que pagan la fiesta.