Herencia maldita: antes de acordar con OPP transferencia de recursos, intendentes blancos recortan gastos

En el filo de que venza el plazo constitucional, los representantes del Congreso de Intendentes mantendrán hoy una una nueva reunión con el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, en el marco de las negociaciones que se vienen llevando adelante por los recursos que se van a transferir durante el quinquenio desde el gobierno nacional a los departamentales.

En el filo de que venza el plazo constitucional, los representantes del Congreso de Intendentes mantendrán hoy una

En las elecciones de mayo fueron electos 12 nuevos intendentes, mientras que en los restantes departamentos hubo reelección, por lo que continuarán los mismos jefes comunales durante otros cinco años.

En las últimas semanas, mientras se negocian con la OPP la repartición de los fondos, varios jerarcas del interior del país en particular los que no fueron reelectos han denunciado una dificultosa y delicada situación financiera, que les impide incluso cubrir gastos esenciales como el pago de salarios y de proveedores.

A menos de un mes de asumir, los intendentes que más énfasis han puesto en la crítica situación económica heredada han sido el de Cerro Largo, Christian Morel, y el de Florida, Carlos Enciso. También el de Salto, Carlos Albisu, que asumió la gestión de ese departamento después de 10 años de gobierno del Frente Amplio.

Enciso, exembajador en Argentina y que va por su tercera gestión al frente de la intendencia, dispuso como una de sus primeras medidas que los directores y exdirectores de la comuna no cobren por el momento sus salarios ni sus liquidaciones, respectivamente. Además, avanzó en un paquete de medidas para "cortar beneficios" y suprimir algunos alquieres con el fin de bajar el gasto.

Por su parte, Morel ha sido el más enfático en denunciar el estado de las finanzas departamentales. Informó que la intendencia que administra acumula deudas por US$ 40 millones, tiene "los créditos bancarios y algunos proveedores cerrados" y enfrenta serias dificultades para pagar salarios.

Ante este panorama, el exalcalde de Río Branco inició una reestructura del personal y anunció un recorte de al menos 300 funcionarios que ya comenzó, aunque será hecho de forma progresiva. Esta medida le generó al jerarca un fuerte enfrentamiento político con el líder local y exintendente Sergio Botana, actual senador.

Como contraste, por ejemplo, en Rocha el déficit anual correspondiente a 2024 fue de US$ 1 millones, mientras que el acumulado se ubica en torno a los US$ 20 millones, la mitad que el de Cerro Largo.

El intendente de Flores, Diego Irazabal, también se encontró con una situación "delicada" que lo llevó a "reducir gastos y beneficios" a los funcionarios municipales.

En diálogo con El País, dijo que ordenó cortar a cero la cantidad de horas extras y comenzó a eliminar compensaciones que eran otorgadas de manera "discrecional" por el exintendente. El jerarca departamental informó que el déficit acumulado en Flores es de $ 112 millones (US$ 2,8 millones) y que se encuentra a revisión la actual situación de la masa salarial que paga la comuna. En esa dirección, indicó que hay algo más de 600 funcionarios en la intendencia que significan por concepto de sueldos $ 52 millones (US$ 1.300.000), mientras que en otros gobiernos departamentales como el de Durazno, hay más de 1.000 trabajadores y aunque es superior, la masa salarial no es mucho mayor a la paga por su administración.

"La situación no es crítica como en otras intendencias, pero es muy delicada", insistió Irazabal. El déficit anual de 2024 de la Intendencia de Flores fue de $ 13 millones (US$ 325.000).

Sin caja

En Salto, donde el intendente Carlos Albisu encabeza el primer gobierno de la Coalición Republicana, se anunció que no se cuenta con la liquidez suficiente para hacer para hacer frente al pago de los salarios del mes de julio a los más de 1.600 funcionarios.

En la mañana de este lunes, el jerarca departamental informó que tomará una medida de iguales características a la que determinó Enciso. Tanto Albisu como los integrantes de su equipo de gobierno no van a percibir el salario correspondiente a julio hasta tanto no hayan cobrado los trabajadores de la comuna, informaron a El País.


Albisu sostuvo en esa reunión, según dijeron a El País fuentes políticas, que esta medida obedece a la situación financiera que tiene la administración, que se encuentra actualmente con recursos retenidos por el Banco República, tras incumplimientos del gobierno anterior.

Según informaron desde el gobierno salteño, las deudas a las que se enfrenta la comuna rondan los $ 800 millones (US$ 20 millones) y existe una de $ 287 millones con la institución bancaria que debía ser cancelada el 30 de junio por el gobierno de Andrés Lima, pero no fue así. Este incumplimiento generó una retención de las partidas nacionales que impiden la liquidez en las arcas municipales.

La caja de la Intendencia de Salto tiene a disposición actualmente $ 22 millones, cuando precisa 90, solo para pagar los sueldos.

Frenteamplistas

En Río Negro, donde el Frente Amplio recuperó la intendencia, se informó a El País que en 2024 hubo un superávit anual de casi $ 323 millones ( US$ 8 millones).

Sin embargo, el secretario general de la comuna, Walter Cardozo, advirtió que se encontraron importantes deficiencias en el estado y mantenimiento de bienes, como camiones y maquinaria.

"Es una situación atípica. Aunque financieramente hubo superávit, operativamente hay un déficit muy grande. Lo vamos a tener que destinar a renovar la flota", resumió el jerarca. Al 31 de diciembre de 2024, el déficit acumulado de la Intendencia de Río Negro era de $ 487.966.688 (US$ 12 millones), con un pasivo (deuda) de $ 825.500.024 (US$ 20 millones).

Los números en rojo de la Intendencia de Montevideo se conocieron hace pocos días. La comuna capitalina volvió a tener déficit con egresos en 2024 por $ 34.752 millones (US$ 868 millones) que desembocaron en un resultado negativo del ejercicio de $ 2.360 millones, US$ 59 millones.

Con un presupuesto del entorno de los US$ 300 millones, la Intendencia de Canelones volvió a tener superávit como ocurre desde 2013 en 2024 por unos $ 150 millones (US$ 3,8 millones), informaron a El País.

Para hacer obras la comuna canaria tomó la decisión política hace unos años atrás de financiarlas a través de fideicomisos que comprometen en lo previo a que transcurra el año por retención directa aproximadamente el 10% de sus ingresos totales.

Negociaciones y partidas

En el presupuesto que el gobierno presentará el próximo mes al Parlamento destinará a las intendencias de todo el país en el quinquenio más de US$ 4.000 millones para inversiones, descentralización y gestión de los municipios, entre otros gastos, según dijo a El País el exdirector consejero del Congreso de Intendentes por el Frente Amplio, Pedro Apezteguía.

Ese dinero se compone de varias transferencias desde el Poder Ejecutivo a las intendencias durante el quinquenio.

Una de ellas, corresponde a la entrega por parte del gobierno a las comunas del equivalente al 3,33% de los recursos nacionales generados por la Dirección General de Impositiva y Aduana. Esas partidas, sostuvo, serán este año de US$ 600 millones y de US$ 650 millones el próximo año.

"Esos fondos crecen a medida que se incrementa la economía" del país, explicó Apezteguía.

Un segundo punto, que negocian en este momento una delegación del Congreso de Intendentes con Arim es el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), establecido en la Constitución de la República.

La delegación está integrada por Mario Bergara (Montevideo), Francisco Legnani (Canelones), Richard Sander (Rivera), Nicolás Olivera (Paysandú), Carlos Albisu (Salto) y Alejo Umpiérrez (Rocha).

Según Apezteguía, ambas partes ya acordaron un monto por el Fondo de Desarrollo del Interior que ronda los US$ 75 millones anuales. Esos recursos son ejecutados por el Ministerio de Transporte y las intendencias en construcciones de rutas y viviendas.

Otro punto clave de las negociaciones entre el gobierno y la delegación de intendentes son las inversiones en caminería rural, a través del Programa Caminos Rurales Productivos (PCRP). Por este concepto, las intendencias perciben unos US$ 25 millones anuales de parte del gobierno central.

También se destinarán otros US$ 25 millones por año para el fondo de incentivo de los municipios.

Otros US$ 10 millones anuales se transferirán para el subsidio del alumbrado público. "Esa suma representa entre el 40 y el 50% de los gastos en alumbrado público (de las intendencias) que los paga el gobierno central. Esos fondos fueron implementados por el entonces gobierno de (Tabaré) Vázquez en 2007 como forma de medida para enfrentar la inseguridad generada por las calles sin iluminación", explicó el exjerarca.

Finalmente, Apezteguía señaló que el gobierno nacional destina otros US$ 5 millones para el funcionamiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), organismo que se encarga de cobrar la patente de rodados en todo el país. Mueve unos US$ 500 millones al año por ese concepto.

El exdirector consejero del Congreso de Intendentes señaló que las transferencias del gobierno central a las intendencias representan unos US$ 800 millones anuales, lo que totaliza más de US$ 4.000 millones en el período de cinco años. Hasta ahí son los acuerdos alcanzados entre Arim y los intendentes.

Sin embargo, ambas partes discuten sobre los montos que recibirá un fondo de inversiones. El gobierno ofreció US$ 80 millones a pagar durante el quinquenio. La mitad de esa suma será destinada al Fondo Metropolitano (Montevideo y Canelones) y el resto a las restantes 17 intendencias.

Los intendentes nacionalistas consideran que la cifra que recibirán por año es irrisoria -entre US$ 800.000 y US$ 1.000.000- y pretenden que el gobierno aumente la transferencia a más de US$ 100 millones durante el período.

Hoy martes se deberá alcanzar un acuerdo entre ambas partes. El plazo legal para tener listo el acuerdo es el próximo jueves. Es decir, 30 días antes de que el presupuesto nacional ingrese al Parlamento.

Luego el texto deberá ser analizado y aprobado por el Congreso de Intendentes y por la Comisión Sectorial de Descentralización, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las intendencias.