Viabilidad financiera de proyectos 4G y 5G quedaría en vilo

gremios alertan que el Proyecto de decreto que reprograma vigencias futuras vulnera contratos.
El borrador de decreto con el que el Gobierno plantea reprogramar las vigencias futuras, que es un instrumento financiero que respalda proyectos de infraestructura bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APP), ha generado preocupación. Tanto la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) como la Anif y Fedesarrollo advirtieron sobre riesgos legales, constitucionales y financieros. Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la CCI, la iniciativa desconoce instancias y procedimientos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y la ley de APP. "La propuesta contenida en el proyecto de decreto genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad", afirmó. El gremio recordó que la idea en el decreto contradice el control de advertencia de la Contraloría General de la República, que estableció que las vigencias futuras pactadas en contratos de concesión no pueden modificarse unilateralmente. Según la CCI, de aprobarse el decreto, la viabilidad financiera de las iniciativas públicas de los programas 4G y 5G estaría en riesgo, así como los recursos de ahorradores que respaldan su ejecución y mantenimiento en todo el país. Proyectos como el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná y El Estanquillo-Popayán, podrían quedar en riesgo. José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Anif, fue enfático en que las decisiones unilaterales alterarían la estabilidad financiera de los proyectos. "Nuestra lectura preliminar es que básicamente le permitiría al Gobierno modificar después el cronograma de pagos o de flujos en los compromisos a la vigencia futura, manteniendo su compromiso total, pero modificando los pagos parciales", explicó. Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, hay elementos que generan enorme preocupación en el borrador de decreto. "En su versión actual, no queda claro el mecanismo utilizado para justificar dicha reprogramación, y se abre la puerta a que esta pueda hacerse de forma unilateral. Esto podría derivar en eventuales incumplimientos contractuales por parte del Estado. Es fundamental precisar eso antes de su publicación definitiva", dijo.