Empleo público, otro punto pendiente del gobierno Petro

Una nueva revisión al estado de avances del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro puso en evidencia que durante los tres años que lleva al frente de las riendas de la Nación, ha mostrado avances en áreas del Estado como la capacitación pública, la confianza institucional y la inclusión de nuevos actores en la economía formal. Sin embargo, esos logros contrastan con un rezago estructural que sigue sin resolverse y es la generación de empleo formal en el propio sector público, ya que a corte del primer semestre de 2025, solo se ha cumplido una cuarta parte de la meta establecida en esta hoja de ruta para formalizar empleos estatales, lo que plantea dudas sobre la coherencia de la transformación institucional que propone esta administración. En la revisión de estos indicadores que viene realizando Portafolio, se encontró que, según los datos más recientes de Planeación Nacional y Función Pública, el avance en la formalización de empleo público es del 25,05%, muy por debajo del objetivo de 100.000 empleos formales fijado para los cuatro años de gobierno de Petro. Esta baja ejecución contrasta con otros frentes donde las metas ya han sido cumplidas o incluso superadas; lo cual no es menor si se tiene en cuenta que en un gobierno que plantea construir un Estado participativo, robusto y descentralizado, el hecho de no garantizar condiciones laborales dignas dentro de sus propias estructuras representa una deuda importante. Avances sólidos en institucionalidad Cambiando de tema, el rezago en empleo formal contrasta con resultados sobresalientes en otros indicadores clave de la Función Pública; siendo uno de los más visibles el de capacitación a servidores públicos, que alcanzó un avance del 240,75%, superando la meta de 220.000 personas formadas. Otro frente con resultados notables es la asistencia técnica territorial, que muestra un avance del 167,56% respecto a la meta y reafirma la expansión significativa de la presencia estatal en municipios y departamentos, en línea con el discurso de descentralización que ha marcado el actual gobierno; mientras que la estrategia se complementa con la implementación del plan de acción de la política de empleo público y de gestión del talento humano, que alcanza un cumplimiento del 76%. La confianza institucional, medida a través de un índice que promediaba 2,42 en 2021 y debía llegar a 2,7 en el cuatrienio, ya se ubica en un nivel de 94,44% de cumplimiento, según el sistema de seguimiento oficial. Todos estos datos evidecian un avance en términos de inclusión, legitimidad y capacidad institucional, al menos en lo que concierne a los instrumentos de política pública. Sin embargo, este impulso no se traduce aún en una mejora de las condiciones laborales dentro del Estado. Formalización laboral: promesa sin cumplir La gran deuda del frente institucional es la formalización del empleo público, dado que a pesar de tener como línea base 15.000 empleos formales en 2022 y una meta de 100.000 para 2026, el avance reportado hasta junio de 2025 apenas llega a 25.050 empleos formalizados y en términos relativos, esto representa solo el 25% del objetivo, con apenas un año y medio restante para cumplirlo. Vale la pena tener presente que la persistencia de modalidades de contratación como órdenes de prestación de servicios, vinculaciones temporales o tercerización en entidades del Estado reproduce la precariedad laboral que el propio gobierno busca combatir en el sector privado. Además, limita el acceso a seguridad social plena, estabilidad contractual y oportunidades reales de carrera dentro del sector público. De acuerdo con los expertos, esta situación no es menor si se tiene en cuenta que también tiene consecuencias sobre la calidad del servicio público; "ya que no puede haber un Estado fuerte con trabajadores en condiciones frágiles y la precarización desincentiva el mérito, genera rotación constante y socava la memoria institucional". Entre las causas del rezago se identifican varias, comenzando por las restricciones fiscales que limitan nuevas plantas de personal, procesos administrativos engorrosos, resistencia política en entidades territoriales, y ausencia de una estrategia articulada de reforma laboral pública; lo cual contrasta con la narrativa oficial de dignificación de los trabajadores y el fortalecimiento del talento humano estatal. Las metas específicas incluidas en el plan apuntaban a la formalización de 100.000 empleos públicos, el desarrollo de capacidades institucionales en el nivel territorial, y la inclusión laboral de poblaciones históricamente marginadas, como mujeres y personas con discapacidad. En varios de estos frentes ha habido avances, ya que la participación de mujeres en cargos directivos llegó al 84,25%, y la vinculación de personas con discapacidad al 63%.
Otro indicador que muestra un avance parcial es el de racionalización de trámites de alto impacto; donde la meta establecida era de 2.800 acciones, pero el avance a junio de 2025 es de solo 64,43% y resalta que la transformación estatal no avanza con la misma velocidad en todos los frentes, dado que mientras se amplía la cobertura territorial y se mejora la participación institucional, la eficiencia administrativa y la simplificación del Estado todavía no logran dar un salto cualitativo. Así las cosas, el riesgo es que el Estado termine siendo más grande pero no necesariamente más justo ni más eficiente,