Viernes, 08 de Agosto de 2025

Fiscalía había secuestrado expedientes de la concesión del Polo Turístico Papagayo

Costa RicaLa Nación, Costa Rica 8 de agosto de 2025

La investigación se da a raíz de una presunta tala ilegal de árboles en el Polo Turístico Papagayo.

El caso del proyecto Bahía Papagayo, que se desarrolla en esa zona de Guanacaste por la firma Enjoy Group, atiende otros trámites legales.



Según dio a conocer La Nación este 7 de agosto, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz había secuestrado los expedientes de la concesión de este grupo hotelero en el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y en la Municipalidad de Carrillo.



Se trata de una investigación penal de oficio por el presunto delito de tala ilegal en terrenos boscosos ubicados en el Polo Turístico Papagayo.



La información fue publicada por el diario La Nación. En el caso del ICT, este es el ente encargado de manejar todos los temas relacionados con el Polo Turístico Papagayo.



Según se reportó, la investigación se abrió a raíz de una inspección en el sitio para verificar un posible impacto ambiental en terreno protegido. Este hecho ocurre luego de varias denuncias que han hecho ambientalistas en redes sociales.



Alejandro Rojas, abogado de Bahía Papagayo, le dijo a El Financiero que se trata de una denuncia que “no tiene fundamento”. Además agregó que eso sucedió hace tres o cuatro meses.



La Nación reportó que la investigación se tramita bajo el expediente 25-000008-1791-PE.



El Polo Turístico Papagayo es una zona especial propiedad del estado costarricense que se da a terceros bajo el modelo de concesión para desarrollar proyectos de índole turísticos. Eso sí, para ello, tanto los interesados en realizar las construcciones como los proyectos en sí, deben cumplir ciertos requisitos legales para garantizar el disfrute de la zona, pero cuidando el recurso natural.



De igual manera, La Nación reportó que la Fiscalía también revisará una solicitud de nulidad de viabilidad ambiental ante esa instancia que planteó la Asociación Confraternidad Guanacasteca en contra del proyecto Bahía Papagayo de Enjoy Hotels & Resorts.



“Los resultados de la investigación indican, en el primer informe, que no hay la tala que se había denunciado, pero aún así la fiscalía hace esta solicitud de información o de secuestro de los expedientes que sucedió hace tres o cuatro meses”, afirmó Rojas.



El proyecto se defiende

Según dijo el abogado Rojas, no se trata de la apertura de un proceso penal nuevo, sino corresponde a uno que viene tramitándose hace aproximadamente siete meses en la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz. El jurista dice que la apertura de ese expediente se debe a una denuncia anónima por una supuesta tala ilegal.



“Dentro de los primeros actos que realizó la Fiscalía estuvo solicitar al Sinac (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) verificar si efectivamente existía una tala ilegal y el Sinac hace un reporte en el que indica no se evidencia la existencia de una tala ilegal, lo que hay es un corte de mantenimiento de vegetación de baja altura o socola, como se le llama, para mantener la propiedad”, dijo Rojas.



El abogado alegó que esto es una obligación de todos los concesionarios porque, según contó, el ICT les impone la obligación de mantener los terrenos cuidados y en consecuencia el concesionario tiene que realizar ese tipo de actividades periódicamente.



El defensor de Bahía Papagayo destacó además que el proyecto ha realizado todas las gestiones para la tala de árboles, las cuales, dice, han sido autorizadas por el Sinac, pero todavía no se han ejecutado los permisos.



“La denuncia no tiene fundamento, es una una denuncia calumniosa porque no es cierto que exista una tala ilegal”, agregó Rojas.

Polémico embargo

En la última semana, este desarrollo turístico ha estado en el ciclo noticioso debido a que la firma Enjoy aplicó un embargo preventivo de sus bienes al ambientalista Juan Bautista Alfaro, conocido en redes sociales como Juamba Caminando, hasta por $40.000, ya que en sus redes sociales había hecho publicaciones cuestionando los permisos de la empresa y alertando sobre supuestos daños ambientales en terrenos protegidos.



La firma argumenta que el monto del embargo es proporcional al daño reputacional sufrido por la empresa en el proyecto, ya que ellos consideran que las denuncias son falsas y está afectando la imagen de la empresa ante futuros inversionistas.



Nota del redactor: Este artículo se actualizó a las 5:38 p.m. para incluir las declaraciones del abogado Rojas.
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