"Desprecio" al Congreso

Entre las reacciones -algunas particularmente descaminadas- que generaron los dichos de José Antonio Kast sobre el uso de las facultades administrativas del Ejecutivo en un eventual gobierno suyo, una que debió llamar la atención fue la de la ministra vocera, Camila Vallejo. Esta, junto con cuestionar el desempeño pasado de Kast como parlamentario, denunció su supuesto "desprecio" hacia el rol del Congreso. El punto es interesante, no por lo que pudiera decir respecto del candidato republicano, sino por la paradoja que encierra. Y es que el registro de la actual administración en materia de valoración del Congreso resulta a lo menos controvertido.
Desde luego -y como han recordado analistas- fue un ministro de este gobierno -Giorgio Jackson- quien en 2022 intentó impulsar la fórmula de los "decretos con fuerza de ley adecuatorios" para implementar el texto constitucional que por entonces elaboraba la Convención. No se trataba -como planteó ahora Kast- de simplemente utilizar facultades que la legislación ya entrega al Ejecutivo, sino de introducir todo un nuevo mecanismo de presión directa sobre los parlamentarios: si ellos no aprobaban en cierto plazo ciertas leyes, el Ejecutivo quedaría facultado para hacerlo él mismo, legislando -literalmente- vía decreto. Al final, la iniciativa, tras generar duro rechazo entre los congresistas -incluido el entonces presidente del Senado, el PS Álvaro Elizalde-, no prosperó y la Convención no la incluyó en su propuesta. Sin embargo, la discusión dio cuenta de la desconfianza de una parte del oficialismo frente al actual Congreso y de un intento abierto de pasar por encima de sus atribuciones.
Pero si los decretos adecuatorios terminaron siendo desechados, otras expresiones de menoscabo hacia los parlamentarios en ejercicio sí quedaron consagradas en el texto constitucional elaborado por la Convención. En particular, dio cuenta este de un verdadero ensañamiento contra el Senado: la propuesta sometida a plebiscito lo eliminaba de nuestra institucionalidad, reemplazándolo por una disminuida "Cámara de las regiones". Pero, además, el mismo texto truncaba el mandato democrático, al establecer que todos los senadores cesarían en sus funciones en 2026, aun cuando a la mitad de ellos -recién elegidos en 2021- les faltaran todavía cuatro años para completar sus períodos.
Es difícil imaginar mayores señales de "desprecio" hacia el Legislativo: cercenamiento de una de sus ramas y término anticipado de los mandatos para una parte de sus integrantes. Por entonces, sin embargo, la ministra Vallejo no manifestó preocupación alguna ante tal menoscabo. Al contrario, y junto con toda La Moneda, se jugaron decididamente por lograr la aprobación de la Constitución que consagraría aquello.
Dicho texto -que, en rigor, pretendía la refundación completa de la institucionalidad- fue ampliamente rechazado por la ciudadanía y hoy probablemente muchos de sus contenidos sonrojan a varios de quienes hace tres años lo apoyaron. En este contexto, cabría esperar que la actual preocupación del Gobierno y la ministra por la dignidad del Congreso sea el resultado de una reflexión profunda respecto de sus propias posiciones pasadas en esta materia y no una simple expresión oportunista en medio de la campaña electoral.