Territorios extensos, pocos policías y aumento del crimen: las preocupaciones de los alcaldes rurales
Desde la asociación de estos municipios solicitaron medidas concretas en reunión con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien no hizo comentarios tras el encuentro. Jefes comunales, incluso, reflotan la solicitud de una fiscalía especial para estos sectores.
Las llamas que abrasaron al Dongfeng T5 Evo encontrado ayer en cuesta Lo Prado destruyeron la mayor parte de la evidencia que se podría haber encontrado, pero no eliminaron el número de chasis. Así fue como se determinó que el vehículo hallado por un transeúnte a las 6:15 horas de la mañana correspondía a la camioneta sustraída a Michael Peñaloza (44), la misma que provocó su muerte tras ser atropellado por el grupo de desconocidos que llegó hasta su hogar en Curacaví, precisamente para robarla.
El perito mecánico del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, Sergio Andrade, explicó que "se logró establecer que el incendio del vehículo no corresponde ni obedece a un desperfecto de tipo mecánico del vehículo". Por su parte, el fiscal de la jurisdicción Occidente Leonardo Tapia comentó que como "mínimo podrían ser tres" involucrados. Ayer, también se realizaron otras diligencias destinadas al "rastreo del sitio del suceso, levantamiento de evidencia que nos pueda servir para vincular a esta banda criminal, además de trabajo de campo que tiene que ver con cámaras y entrevistas a múltiples testigos", según explicó Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI.
En tanto, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, fue consultado por la afectación de la familia de la víctima. "Solo puedo entender su indignación y su impotencia", sostuvo. También agregó que "en el caso de las autoridades, lo que creo que corresponde es asumir la responsabilidad, llevar a cabo la investigación, ser comprensibles con esa indignación, y, sobre todo, tomar las acciones eficaces para poder establecer la responsabilidad de esos sujetos".
Reunión en el Ministerio de Seguridad
"Lo que vamos a llevar al ministro es la preocupación que existe con respecto a la criminalidad que se está expandiendo en las 18 comunas rurales de la Región Metropolitana, principalmente por los casos que se vieron en Curacaví, en Colina (asesinato de ciudadano francés a manos de cinco menores de edad en febrero). Pero también en el país, tenemos un caso grave de lo que pasó en Graneros hace un tiempo (doble homicidio de matrimonio en marzo)", adelantaba el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, en la antesala de la reunión que sostuvo la Asociación de Municipios Rurales (Amur) con el ministro Cordero.
En ese sentido, recalcaba la necesidad del "aumento de dotación policial" y "que se haga una diferenciación" territorial respecto de las zonas urbanas. Además de que "se intensifiquen, de alguna manera u otra, los controles que se hacen en esta zona, sobre todo los caminos rurales, con las policías, con la intervención de FF.AA. o lo que sea, es necesario". Esto, con el fin "dar curso a un proceso de fiscalización mayor y resguardo de estas zonas que están siendo objetivos de estas bandas y estos criminales, quienes están asesinando gente y que, posteriormente, dejan los cuerpos en nuestras zonas".
En tanto, Christian Hernández, vicepresidente de Amur y jefe comunal de Curacaví, señalaba que "a través del ministerio, es importante la posibilidad de sensibilizar a todo el aparataje político respecto de acelerar las medidas legislativas que apunten a dotar de mayores atribuciones a las municipalidades. Por ejemplo, permitir el uso de pistolas Taser y otros implementos y herramientas que pueden disponer los equipos de seguridad municipal".
Tras la cita con los ediles rurales no hubo comentarios del secretario de Estado. Por parte de la cartera, ha existido un manejo comunicacional distinto respecto del encuentro sostenido ayer entre el ministro Cordero y el alcalde de Rancagua, y el programado para hoy con el jefe comunal de Independencia, los cuales fueron anunciados por canales oficiales, a diferencia de esta reunión.
Quien sí emitió declaraciones fue Muñoz, que en calidad de presidente (s) de Amur explicó que trabajarán "junto al Ministerio de Seguridad en generar una estrategia que permita que se haga una diferenciación de lo que es el crimen en las zonas rurales y en las zonas urbanas, y en razón de la estrategia que están utilizando las policías también para poder enfrentar esta criminalidad". También mencionó que se sentirán conformes "cuando veamos que lo que hoy se conversa, que lo que se establece como trabajo desde la inmediatez y de un trabajo a mediano o largo plazo, sea efectivo también en razón de cómo bajan estos índices de criminalidad".
"Tan cerca de Santiago, pero a la vez profundamente alejados y abandonados"
Otros alcaldes rurales comparten la preocupación tras el homicidio de Peñaloza. En ese marco, Sebastián Rosas, administrador de Talagante, explica que una de las principales dificultades es la falta de policías. Como consecuencia, asegura que "en el último tiempo, los delitos violentos han aumentado de forma considerable, y muchos de los responsables no pertenecen a la comuna, sino que provienen de Santiago". Además, agrega que se ha "visto en la obligación de destinar una parte importante del presupuesto municipal a reforzar la seguridad pública, invirtiendo en más personal, vehículos, cámaras de vigilancia y drones". Así, lamenta que "estamos tan cerca de Santiago, pero a la vez nos sentimos profundamente alejados y abandonados".
Por su parte, Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, asevera que "en las comunas rurales vemos con preocupación que se han convertido en espacios propicios para delitos de mayor complejidad: desarmadurías clandestinas para ocultar vehículos robados, fundidoras de cables y un aumento explosivo de máquinas tragamonedas ilegales. Todo esto da cuenta de que detrás existe una estructura delictiva propia del crimen organizado".
Mientras tanto, Jaime Escudero, alcalde de Pirque, sostiene que "los delitos en el mundo rural cambiaron y la violencia que estamos viviendo no puede seguir escalando. Hace casi tres años solicitamos que se evaluara la posibilidad de contar con una fiscalía rural que se hiciera cargo de las necesidades del mundo rural; considerando la diferencia de nuestros territorios rurales con los urbanos, no podemos tener el mismo tratamiento, pero sí deberíamos tener la misma visibilidad".
Robo anterior
La víctima había sufrido un robo anterior, con una semana de diferencia del hecho que le costó la vida.