La seguridad de las bajas, plomo y grilletes

Jorge Restrepo
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay y el deterioro reciente de la inseguridad han producido lo más cercano a un consenso de política pública en la sociedad colombiana: es prioritario luchar contra el crimen organizado con más capacidades y con mayor contundencia, pues la violencia de las organizaciones criminales afectó la participación política, modificó los resultados electorales y se ha convertido en un obstáculo contra el desarrollo económico, social y empresarial. La violencia política terrorista que acabó con la vida del senador Uribe no ha ocultado que la escala de la criminalidad también amenaza el sistema económico: en muchas ciudades y grandes regiones del país. Para mencionar un ejemplo, la extorsión continuada es una práctica criminal masiva, creciente y persistente y aunque es difícil medir su incidencia, es ya un costo más para campesinos, mineros, tenderos y medianos y grandes empresarios, tanto para quienes la pagan como para quienes incurren en gastos de seguridad para protegerse. La extorsión es como una roca en el engranaje empresarial: distorsiona la competencia, impide el intercambio, fragmenta las economías de aglomeración y frena la inversión, con lo que obstaculiza la incorporación de técnicas y desestimula la innovación, el empleo y el desarrollo gerencial. Es lamentable, por eso, que el ruido en el debate público sobre seguridad haya roto ese consenso contra el crimen. Una aspirante a la presidencia afirma que "para confrontar a esa gente (sic) necesitamos plomo, plomo todo el que les quepa" y define la efectividad contra el crimen con que "tengamos colgados con grilletes" a los criminales. Otro aspirante propone pena de muerte sumaria: "bandido que delinca, en el 2026 bandido que le damos balín, sin importar si es expresidente". Ambas posturas son tan extremas que hacen ver como moderada a otra aspirante que al menos propone una secuencia: "Bandido que no se entregue, bandido que no se capture, bandido que no vaya a la cárcel, bandido que no se extradite, bandido que se le da de baja". Aunque sirven para atraer votos, estas propuestas extremas (que ni siquiera Bukele se atrevió a hacer) no son efectivas para bajar la extorsión, reducir los homicidios, o minimizar el impacto del crimen violento. Apenas satisfacen un sentimiento genérico de venganza. Y no sirven, pues no cambian los incentivos que tienen los criminales, no protegen a los líderes políticos ni dan seguridad al sistema económico. Además, como son contrarias a la Constitución Política son inviables en democracia: la represión violenta de los criminales sí puede acabar con una forma particular de crimen organizado, pero en dictadura: así fue como Pinochet terminó con la fabricación y el tráfico de cocaína que se concentraba en Chile antes de que se pasara a Bolivia, Perú y Colombia en los años ochenta, matando los fabricantes y los traficantes. Para no seguir procrastinando contra el crimen organizado, tenemos que desechar la estridencia populista, que sólo conduce al autoritarismo represivo, falsos positivos y nunca derrota al crimen; si acaso, lo desplaza.
Profesor de economía, Pontificia Universidad Javeriana.