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Por SEBASTIAN ORTIZ MARTÍNEZ
El 14 de agosto, Martín Vizcarra fue internado en el penal de Barbadillo para que cumpla una orden judicial de 5 meses de prisión preventiva mientras afronta su juicio por las presuntas coimas que recibió cuando fue gobernador de Moquegua.
Ocho días después, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decidió trasladarlo al establecimiento Ancón II. Y ayer por la mañana, tras una nueva determinación, esta vez anunciada desde el propio Ejecutivo, el expresidente fue retornado al primer recinto, en Ate.El anuncio fue hecho por el nuevo ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Explicó que él solicitó al INPE ?una reevaluación? de la situación de Vizcarra, considerando que fue presidente del país.
Ante ello, la entidad emitió una resolución que reglamenta la permanencia y clasificación de expresidentes a recintos penitenciarios. La norma fue aprobada el martes, pero publicada ayer.
?Trasfondo?
Fuentes de El Comercio indicaron que otra de las razones de la salida de Eduardo Alcántara del Minjus fue el manejo de la situación de Vizcarra. En Palacio de Gobierno, tras el traslado del exmandatario al penal Ancón II, notaron que se había creado un precedente que a futuro podría afectar a la presidenta Dina Boluarte.
Boluarte Zegarra es investigada en el Ministerio Público por presunto lavado de activos en el Caso ?Los Dinámicos del Centro? y por presunta corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuando era la titular de esa cartera. Es decir, antes de ocupar la presidencia. Exministros de Justicia consultados por este Diario advirtieron que los vaivenes en torno a Vizcarra abonan a su ?victimización?, lo favorecen políticamente y significan un ?papelón? por parte del INPE, así como ?el desenlace de una torpeza política?.
APELACIÓN
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada evaluará mañana la apelación que presentó Martín Vizcarra contra su orden de prisión preventiva.