La Nación, Costa Rica
5 de septiembre de 2025
La comisión especial legislativa sobre levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves recomienda quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, para que afronte un juicio penal por el presunto delito de concusión.
La comisión especial legislativa sobre levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves recomienda quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, para que afronte un juicio penal por el presunto delito de concusión.
Dos integrantes del órgano anunciaron públicamente su recomendación de levantar el fuero al mandatario, mientras que el otro miembro recomienda no levantarlo. Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, de Frente Amplio (FA), creen que hay elementos suficientes para la formación de una causa, mientras que Daniel Vargas, legislador chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votó en contra.
Ahora, los diputados deberán presentar sus informes, el próximo lunes. Dichos informes deben someterse a votación.
La comisión recibió, primero, al fiscal Carlo Díaz para que presentara sus argumentos para pedir el levantamiento de la inmunidad; sin embargo, él se negó a entrar en detalles muy específicos del caso, pues alegó que solo los puede presentar ante el tribunal.
También se recibió al presidente Chaves, junto con su abogado, José Miguel Villalobos, así como al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien era jefe de despacho del mandatario cuando se habrían dado los hechos.
La frenteamplista Rocío Alfaro señaló que el fuero es una protección contra la eventual persecución política y protegen a los funcionarios en caso de que sean amenazados.
¿De qué se le acusa a Rodrigo Chaves?
El fiscal general, Carlo Díaz, acusó a Rodrigo Chaves y a Jorge Rodríguez, a inicios de abril, por el presunto delito de concusión, señalados por pedirle al empresario Christian Bulgarelli que le entregara $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, para que diera el enganche para la compra de una casa.
Esa petición era, presuntamente, a cambio de que se le adjudicara el contrato de $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Díaz presentó la acusación ante el Tribunal de la Corte Plena, órgano judicial que votó, 15 a favor y siete en contra, para trasladar la acusación a la Asamblea Legislativa.
La responsabilidad de los diputados, establecida por la Constitución Política, es determinar si hay lugar a formación de causa contra el presidente de la República o no.
En caso afirmativo, el mandatario pierde el fuero de improcedibilidad, protección especial que impide procesarlo judicialmente. El desafuero sería específico y único para esta acusación del caso nombrado por la Fiscalía General de la República como BCIE-Cariñitos.
