El Comercio, Perú
7 de septiembre de 2025
impacto. Bonificacion equivalente al 30% del salario mínimo perjudica creación de empleo principalmente en empresas de menor tamaño. Cifra corresponde al período 2021-2025.
Por instituto peruano de economía (ipe)
En el 2000, la agroexportación no era el ?boom? que hoy conocemos, sino más bien una inversión de alto riesgo. El éxito agroexportador del Perú ha sido posible gracias a una combinación de tratados comerciales, proyectos de irrigación, mejoras fitosanitarias, una creciente inversión privada y una ley agraria que tenía dos ejes principales: la posibilidad de establecer contratos laborales acorde con la alta estacionalidad de la actividad agraria; y beneficios tributarios, principalmente una reducción del Impuesto a la Renta. Así, en los siguientes años, la agroexportación impulsó la productividad, generó trabajos de mayor calidad, mejoró los salarios y contribuyó decisivamente a la reducción de la pobreza. Sin embargo, en el 2020, el Congreso y el Ejecutivo incorporaron varios costos y rigideces laborales mediante la Ley 31110, entre ellas crearon el bono Beta.
?Distorsiones laborales?
En diciembre del 2020, el pleno virtual del Congreso promulgó una serie de cambios para el sector agroexportador. Entre ellos, introdujo el bono Beta, que otorga a cada trabajador del agro una bonificación adicional equivalente al 30% de la RMV (actualmente S/339 por mes). Así, paradójicamente, el agro registra en la práctica un salario mínimo más alto que el resto de los sectores económicos, aun cuando es uno de los de más baja productividad. Adicionalmente, la medida determinó una serie de derechos preferenciales de contratación, por ejemplo, que los trabajadores que participaron en una temporada de cosecha tengan prioridad sobre otros trabajadores en la siguiente temporada. Entre otras obligaciones, también se estableció que los empleadores deben proveer el servicio de transporte hacia los centros de labores.
Como era de esperar, la imposición de salarios mínimos y mayores rigideces laborales perjudica sobre todo al empleador de menor tamaño y a sus trabajadores. Así, los cambios laborales afectaron principalmente a empresas de hasta 100 trabajadores, cuyo empleo no se ha recuperado frente a escenarios de estrés como las protestas sociales y la crisis de fertilizantes que se iniciaron en el 2022, o tras el Yaku y El Niño costero durante el 2023. En las empresas de más de 100 trabajadores, si bien el empleo empezó a recuperarse desde la segunda mitad del 2024, recién en mayo del 2025 alcanzó niveles de junio del 2023. Más aún, el empleo se halla 21% por debajo de la tendencia 2017-2022. Estas dinámicas en el empleo ocurren en un contexto en el que, si bien el índice de volumen exportado agrario creció 24% en el año móvil agosto 2024-julio 2025, según estimaciones del IPE, aún se ubica 11% por debajo de la tendencia 2017-2022.
La norma aprobada por el Congreso no solo resta competitividad al agro en comparación con otros sectores, sino que además genera distorsiones entre las regiones. Así, en la costa norte, el bono Beta llega a representar hasta el 24% del jornal promedio, siete puntos porcentuales más que en Ica, debido a diferencias en las condiciones de mercado. El IPE estima conservadoramente que el bono Beta habría generado un costo creciente de más de S/5.000 millones entre el 2021 y el 2025, ajustado por inflación.
?Una distorsión no resuelve otra distorsión?
En vez de corregir las distorsiones generadas por el bono Beta, el Congreso restituyó a 15% el Impuesto a la Renta de las empresas del sector y ahora está en cancha del Ejecutivo, que ha adelantado que se encuentra a favor.
Establecer distintas tasas de impuesto abre espacios innecesarios de negociación sobre incentivos tributarios no solo para el agro sino para otros sectores o áreas geográficas. Ejemplos sobran: zonas económicas especiales, Amazonía, zonas altoandinas, hoteles y restaurantes, peluquerías, turismo, industria. Además, ello afecta las decisiones de inversión y estimula la búsqueda de privilegios regulatorios.
Según el MEF, la medida aprobada por el Congreso tendría un costo fiscal de S/1.100 millones anuales para el período 2025-2035, restando recursos para el cierre de brechas sociales. Según estimaciones del IPE, el bono Beta costará S/1.200 millones en el 2025. Así las cosas, el costo de las distorsiones generadas por el bono Beta se terminaría compensando en gran medida con beneficios tributarios que deben pagar todos los peruanos, aunque eso afecte la competitividad y quite predictibilidad a un sector que le cambió el rostro a una actividad predominantemente informal.
El presente contexto deja dos lecciones: (i) quienes impulsaron el bono Beta y las otras distorsiones laborales contenidas en la Ley 31130 tienen mucho que explicar sobre sus resultados; y (ii) el debate sobre la dación de incentivos en el agro debe derivar en la implementación de regímenes tributarios y laborales más competitivos que sean de aplicación general y no solo para un sector.
