Dos de los adscriptos de confianza de la ministra, que tomaron declaraciones a los militares, no tenían ningún vínculo formal o laboral con el Ministerio de Defensa al momento de la indagatoria.
Pocas semanas después de asumir el cargo, la ministra de
Defensa Nacional, Sandra Lazo,
aplicó arresto a rigor al excomandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, junto a dos contralmirantes y un capitán de navío, por su responsabilidad y dar "informe falso a sus superiores" en las negociaciones con el
astillero Cardama durante el proceso de compra de dos
patrullas oceánicas (OPV).
Los otros oficiales sancionados fueron los
contralmirantes Miguel de Souza, José Ruiz y el capitán de Navío Marcelo da Silva también debieron cumplir arresto a rigor, por tener según argumentó Lazo, distintas
responsabilidades en la adquisición de los dos buques por
US$ 92 millones.
Para aplicar la sanción disciplinaria, la ministra se apoyó en un
informe elaborado por dos de sus actuales
adscriptos, quienes concluyeron que Wilson había faltado a la verdad durante una reunión que Lazo mantuvo con el entonces
Comandante en Jefe de la Armada, el 27 de febrero de 2025, un día antes de la asunción del gobierno de
Yamandú Orsi.
Sin embargo, según documentación a la que accedió El País, el proceso decisorio en la cartera tuvo alguna
irregularidad en la forma o al menos estuvo teñido por una desprolijidad administrativa.
El 29 de marzo, Damián Rojas y Daniel Marsiglia elaboraron el
informe en el que la ministra Lazo se basó para sancionar a los cuatro oficiales de la
Armada, en particular a Wilson.
Empero, aunque en febrero las autoridades habían anunciado que ambos serían
asesores directos de Lazo, al momento de redactar el informe aún no tenían ningún vínculo contractual ni funcional con el
Ministerio de Defensa Nacional. Es decir, no formaban parte de la
entidad competente para llevar adelante la indagatoria.
Del pedido de informe realizado por el diputado Gabriel Gianoli presidente de la Comisión de Defensa de
Diputados surge que, en el caso de uno de los adscriptos mencionados,
su vínculo laboral con la cartera dirigida por Lazo se formalizó recién el 27 de mayo, casi dos meses después de hecho el informe. Rojas es funcionario presupuestado de la Universidad de la República y solicitó la "
reserva en el cargo" para poder formar parte del equipo más cercano a Lazo.
En el otro, que provino de un pedido de pase a comisión desde el
Ministerio de Desarrollo Social realizado el 6 de marzo, la autorización fue aprobada el 15 de mayo, según surge de la documentación a la que accedió El País.
En la respuesta enviada desde el Ministerio de Defensa al
pedido de informes, se argumenta, respecto a las funciones que cumplen los dos adscriptos, que "no resulta
fácticamente posible describir detalladamente todas y cada una de las actividades que los asesores han desarrollado en el ejercicio de su
cargo, ya que la vastedad y diversidad de las mismas, así lo determinan".
Sobre su vínculo funcional con la cartera, Lazo indicó: "Comenzaron a ejecutarse en el mes de marzo, extremo que surge claramente de los dos
expedientes administrativos que se tramitaron. Como es habitual en este tipo de situaciones, el paso por las distintas reparticiones que deben expedirse al respecto, insume un tiempo prudencial entre el inicio del trámite y la firma del
acto administrativo de designación correspondiente".
"Ambos funcionarios fueron
autorizados verbalmente por quien suscribe a la realización de diferentes tareas desde el mes de marzo, estando en conocimiento todas y cada una de las personas que intercambiaron reuniones con ellos, así como el hecho de que ambos contaban con la debida
confianza de esta ministra", agrega Lazo.
Al momento de imponer el castigo, Lazo indicó en el
memorándum que solicitó a Rojas y a Marsiglia "recabar información respecto del proceso de
ejecución del contrato con la empresa
Cardama".
Aunque la ministra señala que no se le informó durante la transición de gobierno sobre el envío de la nota a la
compañía, al solicitar la investigación a sus dos actuales asesores, estos aún no formaban parte del Ministerio de Defensa ni se había regularizado su situación laboral como adscriptos de la
secretaría de Estado.
Por lo tanto, para la sanción por una falta que se calificó de "
muy grave" (por la jerarquía y rango del militar) por parte de Wilson, la ministra se basó exclusivamente en el informe, más allá de lo fundado, de dos personas que no tenían hasta ese momento ningún vínculo institucional o laboral con el
Ministerio de Defensa.
Más allá de la confianza
personal y política de Lazo, al momento de tomar las declaraciones a los militares el 27 de marzo involucrados y de elaborar el informe que derivó en el acto disciplinario, ni Rojas ni Marsiglia eran funcionarios de la cartera, por lo que no estaban
legítimamente habilitados para ejercer la tarea que les fue asignada.
El informe contra Wilson
En el informe firmado por los dos asesores, que provocó la sanción de Lazo a los cuatro oficiales, se detalla el intercambio que mantuvo la ministra con Wilson de forma cronológica.
Según el documento, al que accedió El País, hubo una reunión entre Lazo y el excomandante en jefe de la Armada para tratar el proceso de
compra directa y el desarrollo de las diferentes etapas en el cumplimiento del contrato con la empresa Cardama.
Tras reunirse con Wilson el 27 de marzo, Rojas y Marsiglia confirmaron que el almirante había elaborado una nota enviada a la firma española el 27 de febrero de 2025, mismo día en que el excomandante en jefe mantuvo un encuentro con la en ese entonces futura ministra y con uno de sus
asesores.
"Le consultamos por qué en ese intercambio del 27 de febrero había omitido informarle sobre que esta nota había sido elaborada y enviada. El almirante nos respondió que al momento de la reunión no la había todavía elaborado ni enviado", dice el documento.
Sin embargo, al ser consultado el
encargado de Despacho José Luis Elizondo (recientemente nombrado Comandante en Jefe de la Armada) sobre la hora en qué la nota fue enviada a Cardama se informó que fue remitida a la hora 13, mientras que la reunión entre Lazo y Wilson tuvo lugar a las 16, varias
horas después.
Ante esta información "incongruente" brindada por almirante en situación de retiro había abandonado el cargo el 5 de marzo, fue que la ministra resolvió la
sanción disciplinaria de arresto a rigor por
30 días, a cumplirse entre el 12 de mayo de 2025 y el 10 de junio en el Comando de Infantería Marina.
Posibles acciones de los oficiales
En la sesión de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, celebrada este lunes y a la que concurrió la ministra de Defensa, Sandra Lazo, el diputado nacionalista Gabriel Gianoli advirtió sobre las posibles consecuencias derivadas de las condiciones en que se llevó a cabo la investigación.
"Muchas de las cuestiones vinculadas a Cardama estuvieron dirigidas por dos personas que no estaban
habilitadas por la
norma para ejercer esa tarea. Al comandante Wilson se lo sancionó por falta a la verdad a un superior. El 27 de febrero, la señora ministra no era la superior del
comandante Wilson. El documento está firmado por Rojas y Marsiglia, que no tenían
trámite administrativo y no estaban debidamente autorizados para accionar. Dieron información generando un perjuicio a cuatro oficiales de la Armada y esa falta de
legitimidad puede traer perjuicios (económicos) al Estado", indicó el nacionalista.
El País, Uruguay
10 de septiembre de 2025
