Mas de 200.000 familias han caído en redes del ‘gota a gota’

En Colombia, más de 200.000 familias enfrentan una compleja realidad al estar atrapadas en redes de préstamos informales conocidos como "gota a gota", una práctica ilegal que, lejos de representar una alternativa de financiación, agudiza la vulnerabilidad económica y social de quienes acuden a ella. Según Gloria Urueña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza y BPO (Colcob), esta problemática afecta en especial a quienes no tienen acceso al sistema financiero formal: trabajadores informales, pequeños comerciantes, madres cabeza de hogar y comunidades en zonas rurales o periféricas, que asumen usuras del 386%, cuando el sector financiero formal fijó un tope de 25%. "No hay hogar que pueda cubrir esas acreencias y es por eso que tantos colombianos se quiebran. Actualmente microempresarios y tenderos pagan tasas del 500 y 600% anual por un gota a gota. Estas mafias no respetan ni sus propias reglas. Cobran intereses adelantados, modifican las condiciones del préstamo sin previo aviso y utilizan métodos de cobro intimidantes que afectan no solo al deudor, sino a su entorno." Felipe Noval, Superintendente Adjunto para Intermediarios Financieros de la Superintendencia Financiera de Colombia, explicó que, si bien el país presenta indicadores de acceso y uso del crédito superiores al 96 % y 80 %, respectivamente, el indicador de cartera formal —que se ubica en el 35 %— revela una brecha significativa: solo 13 millones de adultos, de un total de 40 millones, acceden a crédito formal, mientras que los 27 millones restantes recurren al sector solidario o en entidades no vigiladas. "Necesitamos que los establecimientos de crédito aumenten las colocaciones, no solo en zonas urbanas, también en áreas rurales y rurales dispersas. La mejor forma de combatir a los agiotistas es incorporando a microempresarios que recurrieron a este financiamiento ilegal, al segmento formal, brindándoles herramientas que les permitan tomar mejores decisiones financieras mientras materializan sus objetiivos", afirmó el funcionario. Lo que dice la ley:

la usura es delito El panorama legal es claro. Según el Código Penal Colombiano, en su artículo 305, el cobro de intereses por encima de los límites fijados por la ley constituye un delito de usura, que puede acarrear penas de prisión de hasta cinco años y multas económicas significativas. Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de determinar el interés bancario corriente, del que se calcula la tasa de usura, que para octubre está en 24,36% E. A. Toda entidad que preste dinero por encima de ese límite, y sin vigilancia estatal, está actuando por fuera de la ley. Según Juan Carlos Zabala, presidente de Colcob, las consecuencias de involucrarse con prestamistas ilegales van mucho más allá de lo financiero. Están el sobreendeudamiento extremo, que a mediano plazo resulta insostenible; la pérdida del patrimonio familiar, al tener que responder con bienes frente a una deuda imposible de cubrir; y el acoso, las amenazas e incluso las agresiones, prácticas frecuentes de estas mafias de cobro.