El Banco Central advierte que esa multiplicidad representa complejidad para la supervisión y que se podría mejorar la situación con alguna reforma normativa.
El Banco Central (BCU) está llevando a cabo una reestructura interna para mejorar su gobernanza y su funcionamiento, según lo ha dicho el propio presidente de la entidad, Guillermo Tolosa. No obstante, a esto se suma una nueva modalidad que preocupa al regulador y supervisor del sistema financiero: existen conglomerados o grandes grupos económicos con distintos tipos de licencia para operar en Uruguay lo que complejiza el trabajo de supervisión. Hasta ahora, esto ha obligado al Central a trabajar de forma más integral a través de la Superintendencia de Servicios Financieros lo que lleva al regulador y supervisor a considerar que se requiere un cambio normativo.
Así lo planteó Gabriel Lago, jefe del Departamento de Sistemas de Pagos del BCU, en el evento "Compliance Day 2025", organizado por el estudio Brum-Costa, en el que participaron autoridades nacionales, representantes del sector privado y expertos en delitos en prevención del lavado de activos.
Pablo Bianchi, supervisor de Intermediarios de Valores del BCU, dijo que actualmente existen muchas empresas que tienen más de una licencia por ejemplo, una con la Superintendencia de Servicios Financieros y otra con el Sistema de Pagos cuyos abordajes son diferentes, porque se rigen cada una con los parámetros que les compete.
"Para el sujeto es lo mismo, porque sabe que es supervisado igual, pero para el BCU no lo es", apuntó Bianchi. "No podemos tener una supervisión por un lado y otra supervisión por otro lado, porque es el mismo grupo económico o la misma entidad que quiere hacer diferentes actividades", apuntó.
Es decir, existen varias supervisiones, con distinto foco, a cada grupo empresarial al mismo momento y ante esta realidad, la Superintendencia de Servicios Financiero por ejemplo, procura informarse sobre la visión del sistema de pagos de los casos y de darle la propia, o a veces llevan juntos la actividad de supervisión.
Lo cierto es que no es fácil un abordaje con esas características, según los jerarcas del BCU, quienes insisten en que el asunto requiere ajustes normativos.
Además, manifestaron que cuando alguien plantea un negocio, actividad o filial nueva en el país, suele suceder que distintas organizaciones que de alguna manera tienen que ver con esa operativa (por ejemplo, las casas de cambio) llaman al BCU para que aporte su opinión (léase, su mirada en relación a potenciales riesgos de lavado). Esto ha llevado a querer formar mesas de trabajo en la materia. Bianchi señaló que "algo igual pasó mucho con los activos virtuales. Se formó un grupo interdisciplinario, donde cada integrante tenía su especificidad, y de ahí salieron varios documentos que fueron la base para una nueva normativa en la materia que está en proceso" de implementación.
A su vez, aclaró que las actividades ya están reguladas, pero muchas veces en compartimentos estancos y requieren actualización normativa en función de la evolución que ha tenido el mercado.
En otro orden, los expertos señalaron que los organismos del Estado (léase, también el BCU) deberían realizar más trabajos con inteligencia artificial para el cumplimiento de estas y otras funciones, ante un sector privado que se actualiza rápidamente, y que se requiere también más personal formado en estas tecnologías, internamente.
Lago consideró que hay más nuevos modelos de negocio en el mercado local y que, por ende, las instituciones del Estado no pueden quedar atrás.
Licencias de las fintechs
Los funcionarios del BCU hablaron sobre las fintechs, considerando que ya no compiten tanto con los bancos como cuando surgieron, sino que también cooperan entre sí.
Es más, hay bancos que son socios o accionistas de fintechs, lo que le agrega complejidad al tema, aunque también cierta integración al sistema.
Al respecto, Lago observó que cada país tiene su marco legal y que una fintech que opera en Argentina, Brasil o Chile, no tiene necesariamente la misma licencia que en Uruguay, porque las exigencias y el alcance son diferentes. Esto no siempre está claro en el mercado, según notan los funcionarios del Central.
Ese tema está siendo estudiado por el BCU y aparece mencionado en el proyecto normativo de activos virtuales que la entidad propone y está en proceso de aprobación.
Sobre el cambio normativo que promoverá el Central en relación a las licencias, Bianchi se atajó: "preferimos avanzar despacio y en forma segura, y no rápido y tener que ir marcha atrás".
Tanto Bianchi como Lago concordaron en que se debe encontrar un balance entre, por un lado, la regulación, la vigilancia y la supervisión, y por otro, la dinámica de los mercados y el desarrollo de los nuevos negocios, que son más acelerados. De alguna forma, los mercados van mucho más rápido que las leyes y, hasta cierto punto, es esperable que así se.
Además, afirmaron que cualquier modificación normativa que se realice, debería ser contemplada en el marco de la importancia de la continuidad de las políticas en los distintos gobiernos y directorios del BCU.