Los hechos y testigos que Fiscalía expondrá en juicio contra Penadés y las cinco víctimas que serían indemnizadas

En su demanda acusatoria, la Fiscalía explicó con lujo de detalles cómo piensa intentar probar que el exsenador Gustavo Penadés, respetado hasta el momento en que lo denunciaron por todo el arco político, en realidad era -a su juicio- un explotador y abusador sexual de menores. Uno que, cuando vio que podía llegar a ser atrapado, se convirtió en el "jefe o promotor" de una asociación para delinquir buscando salvarse. Por considerar que así fueron los hechos, es que la Fiscalía pidió que sea condenado a 16 años de cárcel.

La fiscal Isabel Ithurralde pretende enjuiciarlo por hechos perpetrados contra 13 víctimas. Si Penadés fuera hallado culpable, cinco serían remuneradas económicamente. Esto se debe a que la remuneración para víctimas de delitos sexuales está vigente desde que se promulgó la ley de género (19.580), por lo que todas aquellas cuyos delitos ocurrieron antes de esa fecha, no tienen derecho a recibirla.

Del total de 13 víctimas, 10 tienen la identidad reservada y tres declararon con su nombre y apellido. Ellos son Romina Celeste Papasso, Jonathan Mastropierro, y un joven recién egresado de la Escuela de Policía al que Penadés, según denuncia, "siguió" en Punta del Este. Ninguno de ellos tres, por lo explicado anteriormente, está en el grupo que cobraría la indemnización si Penadés fuera condenado.

El exdirigente político tiene 30 días para contestar la acusación, pero ha manifestado a lo largo de todo el proceso que es inocente y está confiado en que podrá demostrarlo en el juicio.

Los hechos por los que se acusa a Penadés van desde el año 1990 a 2022. De las 13 víctimas, 10 denuncian haber recibido pagos de Penadés a cambio de actos sexuales o eróticos (en algunos casos ellos aceptaron y se consumó y en otros no, denuncian). De las tres restantes, hay dos que denuncian que, siendo mayores de edad, fueron abusadas por Penadés. Ellos son Mid 2 (se lo identifica así para preservar su identidad) y Javier Viana. Por último, el policía afirma que Penadés le ofreció hacer "una changuita" -tener relaciones con él a cambio de dinero- y como se negó, comenzó a "seguirlo" por la calle. Por este hecho la Fiscalía lo acusa del delito de violencia privada.

En muchos de los casos, el modus operandi descripto por las víctimas se repite. Dicen que Penadés los levantaba en la calle, cuando ellos iban a algún lugar. La Fiscalía hace hincapié en que eran jóvenes extremadamente vulnerables y que pasaban necesidad, por eso aceptaban sus propuestas. Uno de ellos -letra "N", de 16 años en 1996- estaba bajo custodia del Iname (ex INAU), según la acusación.

Los casos más recientes son cinco, pero podrían dividirse en dos. El primero, sostiene la Fiscalía, ocurrió en 2018. El adolescente de 15 años conectó por una aplicación con Penadés y, denunció, lo obligó a realizar prácticas sexuales que no quería. Pese a que le dijo que le iba a pagar, solo le compró unos cigarrillos. El segundo caso involucra a cuatro jóvenes que son amigos entre sí. Aseguran que Sebastian Mauvezín vio a uno de ellos jugando al fútbol en la calle y lo invitó a formar parte de un campeonato, pero que antes tendría que hacer un "trabajito" por el que le pagarían $ 2.000. Él es la víctima "D", que en ese momento tenía 16 años. De acuerdo a su relato, él se encontró con Penadés y luego, vía Mauvezín, lo conectó con tres amigos más, pero solo D era quien hablaba con el profesor.

Ese es uno de los puntos en los que la defensa de Penadés puso el foco. Creen inverosímil que de cuatro adolescentes solo uno hablara por celular con Mauvezín y que, además, ese celular no haya sido hallado por la Fiscalía. Tanto D como su madre declararon que ese teléfono se perdió en una mudanza y que no recuerdan cuál era el número.

Cuando explotó el caso mediáticamente, D y sus amigos se contactaron con Papasso para preguntarles cómo podían denunciar. Pero tiempo atrás la defensa de Penadés halló mensajes de Papasso con la víctima "H" (amigo de D) y la madre de D, en los meses posteriores a la denuncia. "Vas a tener que decir que es verdad lo del viejo", decía uno de ellos y en otros hablaba de dinero que eventualmente cobrarían.


De acuerdo a la Fiscalía, las víctimas fueron a declarar nuevamente y aclararon el contexto de esos mensajes. Por eso, Ithurralde definió que presten testimonio nuevamente ante la Justicia y puedan explicarle lo ocurrido al juez.

Papasso, además, declarará sobre la falsa denuncia que hizo junto a Paula Díaz al ahora presidente Yamandú Orsi. Javier Viana, por su parte, explicará por qué dijo que tenía 17 años cuando conoció a Penadés, dado que a partir de informes que consiguió la Fiscalía lograron concluir que tenía cerca de 22. Viana relató varias experiencias traumáticas que asocia a Penadés, entre las que hay abusos sexuales por varias personas y prácticas violentas.

Además, la Fiscalía pide condenar a Penadés por delitos de corrupción pública asociados a una "investigación ilegal" que lo tuvo como "jefe o promotor". "Fue quien dio inicio al intercambio de información, con nombres, fotos, domicilios, y otros datos de las posibles víctimas; y quien financió la referida investigación ilegal", sostiene la demanda acusatoria. "A las pocas víctimas que lograron identificar, se las seguía y amenazaba para evitar que se acercaran a declarar", agrega.

Por este hecho hay siete personas condenadas, entre ellos tres policías -el exdirector del Comcar, Carlos Tarocco, Federico Rodríguez y Marcos Quiñones- y el exfuncionario del Parlasur Diego Cuiñas. Uno de los elementos claves fue la confección de un flujograma con datos de personas de interés que Rodríguez le envió a Tarocco el 12 de julio de 2023 a las 13 horas y a las 17 ya estaba en el celular de Penadés.

"Los nombres y fotos de algunos jóvenes iban y venían entre los celulares", describió la fiscal en la acusación. Dos elementos ofrecidos para intentar demostrar la connivencia de Penadés es que se halló la partida de nacimiento de una de las víctimas en su teléfono y la ficha de la cárcel del padre de un preso que luego "apretó" Tarocco. Ese recluso, indica la demanda, fue "trasladado ilegalmente por Tarocco" de una cárcel de mínima seguridad a una de máxima.

Exdiputado fue citado como testigo

La Fiscalía pretende citar a 54 testigos. Entre ellos hay policías, peritos, familiares y amigos de las víctimas, el portero y el arquitecto de un edificio donde vivió Penadés y donde dos denunciantes aseguran haber ido. También todos los condenados por la "trama", cuatro periodistas, una expareja de Penadés, conocidos de Mauvezín y varios colaboradores del exlegislador.

El único político citado es el exdiputado del Partido Nacional Álvaro Viviano. Él era casado con una excolaboradora de Penadés -que también está citada- y declarará sobre el vínculo entre ellos y "qué fue lo que le pidieron".

El nombre de Viviano surgió cuando fue mencionado en una audiencia judicial por abogados del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República. En ese momento, él voluntariamente se presentó en Fiscalía y la fiscal de ese momento, Alicia Ghione, aclaró públicamente que Viviano no estaba siendo indagado.

Ithurralde también quiere que se incorporen las escuchas telefónicas que se realizaron a colaboradores de Penadés al comienzo del caso.

En ese contexto, uno de ellos dijo que Penadés pidió que "limpiara" su teléfono antes de ir a declarar a Fiscalía.