Seguridad y desarrollo

Jesús Antonio Vargas Orozco
En Colombia, la violencia constituye el mayor obstáculo al desarrollo económico y social. Allí donde el Estado se ausenta, el crecimiento se detiene, la inversión se frena, los empleos desaparecen y el bienestar retrocede. La paz —para que sea duradera— requiere más que voluntad política: necesita presencia institucional integral, liderazgo claro y compromiso sostenido con el territorio y firmeza con los grupos al margen de la Ley. Según estimaciones de Corficolombiana, la violencia cuesta más del 3% del PIB al año. Fedesarrollo ha estimado pérdidas equivalentes a 68 billones de pesos anuales por crimen, conflicto y desincentivos a la inversión. Esta realidad golpea con especial crudeza a las zonas rurales, donde el potencial productivo es inmenso, pero los riesgos superan con frecuencia la capacidad del Estado para garantizar desarrollo, seguridad y legalidad. Los jóvenes son las principales víctimas de esta ausencia. En las zonas rurales, más del 40% de ellos vive en pobreza multidimensional, según estudios de Rimisp. La tasa de desempleo juvenil supera el 25% en estas regiones. La falta de oportunidades educativas, laborales y empresariales, junto con el vacío institucional, los expone a migraciones forzadas o a caer en redes criminales. Parece que lo único floreciente es la corrupción que carcome las instituciones tanto a nivel nacional como territorial. De otra parte, la propuesta de paz total, aunque loable en su intención, enfrenta diferentes riesgos que cada vez se materializan, y con ello, una menor presencia efectiva del Estado. El repliegue de la fuerza pública en algunos territorios ha sido interpretado como una señal de debilidad, lo que ha incentivado el avance de grupos ilegales en zonas clave. La población civil, sin respaldo institucional, queda atrapada entre actores armados y una incertidumbre creciente. El Estado ha perdido la capacidad de imponer su autoridad y la población rural ha quedado sometida al querer de los grupos ilegales. El desarrollo requiere condiciones mínimas: seguridad jurídica, control territorial legítimo, inversión pública eficiente y diálogo social continuo. El país necesita devolverles la confianza a sus ciudadanos. Se trata de fortalecer las capacidades locales, de garantizar derechos básicos, de empoderar a las comunidades con oportunidades y de cerrar el paso al crimen organizado desde lo institucional. Los solos discursos no generan estabilidad, algunos de ellos, en cambio, más confrontación, no paz. A menos de un año de un nuevo ciclo político, el país enfrenta un desafío crucial. Entre más violencia haya en los territorios, más difícil será una transición democrática estable y menos probabilidades habrá de avanzar hacia una economía más equitativa e incluyente. Corregir el rumbo ahora no solo evitará más deterioro social: abrirá espacio para que el próximo gobierno herede un país con gobernabilidad, legitimidad y opciones de desarrollo real. ¿Incluso si buscan continuidad en los principios políticos, que país le van a entregan al sucesor? La paz se construye desde la presencia estatal y el compromiso de ser artífice del desarrollo. Colombia no puede resignarse al abandono ni normalizar la inseguridad.
Consultor empresarial Jesusvargas.orozco@gmail.com