El Comercio, Perú
22 de octubre de 2025
Según el Consejo Fiscal, se han aprobado 229 normas en el Parlamento con impacto fiscal y existen otras 352 de este carácter. Además, solo 10 de esos proyectos podrían llegar a tener un costo anual de S/25.000 millones.
Por christian silva
El Consejo Fiscal (CF) alertó que 101 leyes que el actual Congreso aprobó por insistencia tendrían un impacto fiscal de S/35.795 millones. Este costo representa 65% más del monto que tuvieron las medidas emitidas en los tres quinquenios previos en conjunto (2006-2011, 2011-2016 y 2016-2021).
El presidente del consejo, Alonso Segura, y los miembros de la entidad hicieron el anuncio en la que fue la primera conferencia de prensa que el CF realiza en su historia.
?Hacemos esta conferencia porque estamos muy preocupados por las decisiones en el Estado que tienen incidencias fiscales negativas?, expresó Segura.
Según el informe presentado, en el actual período el Congreso aprobó 229 leyes que tienen impacto fiscal. En tanto, 352 iniciativas pueden tener alguna consecuencia fiscal. Además, solo 10 de estos proyectos pueden llegar a tener un costo anual de S/25.000 millones, indicó Segura.
Entre las propuestas están el incremento de las pensiones a los profesores jubilados (S/5.670 mlls.), el nombramiento de profesores de educación básica regular (S/4.568 mlls.) y la homologación de remuneraciones de trabajadores CAS con otros regímenes (S/4.024 mlls.). Esto podría agotar el espacio fiscal del presupuesto público hasta después del 2029.
Para David Tuesta, presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, la decisión del CF de expresarse ocurre en medio de una ?fiebre altamente populista? y debilidad institucional.
Con respecto a ello, el consejo observó que de las 229 leyes aprobadas con impacto fiscal, 128 no tuvieron observaciones del Poder Ejecutivo. Además, solo tres normas fueron elevadas al Tribunal Constitucional.
?Riesgos?
Esta situación podría generar una presión en el déficit y la deuda pública. Así, según simulaciones del CF, en un escenario base, en el que también se aprueban estas 10 medidas con fuerte impacto económico, el déficit se podría elevar hasta 6,4% al 2036.
Solo considerando las normas que aprobó el Parlamento, el nivel puede llegar a 3,6% en ese año.
Además, la deuda pública se podría elevar a casi un 70% en el 2039 considerando la aprobación de las 10 medidas legislativas y las ya votadas por el Parlamento.
Segura agregó que diversas medidas pendientes de aprobación no solo generarían un incremento importante en el gasto corriente, sino también en remuneraciones y pensiones. Mantener una trayectoria fiscal de un déficit y deuda pública al alza podría llevar a que el país enfrente el riesgo de perder el grado de inversión, consideró Tuesta.
Durante la conferencia, Carolina Trivelli, consejera del CF, sostuvo que las cifras presentadas se dan en tiempos en los que el país no afronta problemas como el fenómeno de El Niño, terremotos u otras catástrofes ni cambios sustanciales en los precios internacionales de los metales.
En esa línea, Diego Macera, también consejero del CF, indicó que la alerta de la institución se da por los efectos que tendrían a largo plazo las medidas, dado que la situación sería distinta si la cotización internacional del cobre fuera menor.
Y es que en comparación con otros países, el Perú perdería el grado de inversión y dejaría de registrar una deuda pública menor al 40% del PBI, agregó.
A su vez, José Valderrama, también consejero del CF, sostuvo que en buenos contextos de precios internacionales de metales, el Estado debería generar ahorros.
?Exoneraciones?
Por otra parte, Javier Escobal, consejero en el CF, indicó que si bien hay medidas aprobadas relacionadas con el gasto público, también hay normas que sacrifican los ingresos del país, como las exoneraciones a las zonas económicas especiales privadas y la agroindustria.
Segura indicó que hay más de 30 medidas de exoneraciones tributarias que generan pérdidas de ingresos para el país. Además, explicó que hay otro grupo de medidas relacionadas con las finanzas subnacionales, como el fortalecimiento del Foncomún.
Agregó que si bien el rol del CF no es defender qué prioridades se deben adoptar, indicó que se han emitido opiniones sobre las zonas económicas o la Ley de Promoción Agraria. Por ello, sostuvo que no hay sustentos técnicos adecuados en muchas de las exoneraciones.
