"Crisis" del sistema penal, "fragilidad" ante megajuicios y "mala gestión" de las juezas: reacciones por extensión y resultado en SQM

Más allá del impacto mediático que produjo el hecho de que el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal absolviera a los ocho acusados en el caso SQM, dicha decisión generó un debate en el que se plantean diversos cuestionamientos a la efectividad del proceso judicial, teniendo en cuenta que acumula 11 años desde el inicio de su investigación y tres años de juicio, siendo el más largo desde la implementación de la reforma procesal penal.
Así lo advierten distintos abogados especialistas en el área consultados por "El Mercurio". Entre ellos se encuentra Cristián Riego, académico de la U. Diego Portales, quien sostiene que "el caso y la manera en que se llevó adelante dan cuenta de una situación muy problemática, de una crisis, en cuanto a estos juicios extraordinariamente complejos y que están resultando inmanejables por parte del sistema".
En ese sentido, si bien dice que es algo que no se previó al momento de tramitar la reforma procesal penal, "han pasado 25 años, ha habido ya muchos de estos juicios, ya se conoce que hay problemas enormes y no ha habido ajustes, ya sea por la vía de la reforma legal o por la vía de los sistemas de coordinación".
"La reforma no estaba pensada para esta clase de juicios"
Por su parte, la académica de la U. Andes Tatiana Vargas coincide en que, "claramente, la reforma no estaba pensada para esta clase de juicios, desde que una de sus características fue limitar plazos de investigación, buscar la inmediación judicial de modo de resolver el caso con mayor eficiencia".
No obstante, sostiene que "el tiempo que tardó escapa a cualquier extensión cronológica pensando en los tiempos de prescripción y lo importante que es también que haya un minuto en que haya seguridad jurídica y que ya no tiene sentido ni siquiera el proceso".
En tanto, Jorge Gálvez, abogado penalista y académico de la Universidad Católica, plantea que el sistema está diseñado "contando con que las decisiones que tomen los intervinientes, en particular el Ministerio Público, estén guiadas por consideraciones de objetividad, proporcionalidad y respeto de derechos fundamentales".
Pero añade que, "lamentablemente, en algunas oportunidades por el celo de la persecución esos límites se traspasan y ocurre como en este caso, que el propio proceso se transforma en un castigo para personas que resultan finalmente inocentes".
Coincide con lo anterior la abogada Catherine Lathrop, quien apunta que el caso SQM "no solo revela la fragilidad de los megajuicios, sino que expone cómo la sobrecarga probatoriamente terminó por vulnerar garantías esenciales. Acá hay, entonces, una muestra palmaria de que el sistema no estaba pensado ni preparado para estos juicios"
Y dice: "Tal y como señalaron los propios jueces de mayoría, la extensión del proceso afectó la memoria de testigos, diluyó la calidad de la prueba, aquello debe marcar un antes y un después para todos los intervinientes, en aras de enmarcarse en los principios que inspiraron y legitimaron 'la nueva reforma procesal penal'".
Sobre esto, Riego agrega que una amplia extensión de la investigación podría explicarse en la complejidad del caso y los trámites asociados a eso; sin embargo, dice que un "juicio de cerca de tres años me parece que no tiene ninguna justificación".
En ese sentido, plantea que "creo que da cuenta de una muy mala gestión del juicio por parte de los jueces. Probablemente, también los otros intervinientes han contribuido a esas malas prácticas, a prácticas ritualistas".
Reparos a agendamiento de sentencia para agosto de 2026
Así, añade: "Me parece muy sorprendente que el tribunal haya tenido una actitud tan crítica respecto de la etapa de la investigación, cuando su propia gestión ha sido muy mala. Entiendo, además, que el propio tribunal fijó la lectura de la sentencia para casi un año más, o sea, cuando no es algo que debiera ser tan complejo, digamos. Y el propio tribunal da cuenta de que no maneja instrumentos mínimos para poder racionalizar su propia actividad".
Sobre cambios que podrían realizarse, Lathrop identifica que la justicia penal requiere menos volumen y más precisión. "Creo que hay que revalorizar la etapa intermedia y fortalecer el rol del juez de garantía para ser un filtro importante en el control de la prueba a rendir en juicio. La revalorización acuciosa de esta etapa es urgente para evitar que la justicia se diluya en la abundancia", explica.
Juicio
El 13 de febrero de 2023 se inició el juicio oral del caso SQM, proceso que terminó sin condenados.