Contralora: hay "cada vez más" fiscalizaciones que revelan delitos en el sector público

La ley que tipifica los llamados "delitos económicos" cumplió un año en plena vigencia y ha significado una adaptación importante en los modelos de prevención del sector privado, que ahora enfrenta cientos de nuevos tipos penales en la materia. Sin embargo, las nuevas exigencias, multas y sanciones también han puesto a prueba los estándares del sector público.
Esta norma sistematiza cuatro categorías de delitos vinculados a la corrupción y las malas prácticas en el ejercicio de la actividad económica, siendo una de las figuras más relevantes la que sanciona a un individuo en función de su cargo, es decir, bajo el supuesto de que utilizando una posición relevante incurrió en un ilícito para obtener beneficio económico. En su origen, esta norma fue pensada especialmente para altos cargos ejecutivos, como directores de empresa o gerentes, pero la hipótesis también abarca funciones públicas.
Una de esas figuras es la del "delito funcionario", que implica la intervención de trabajadores públicos en una hipótesis de este tipo. En este sentido, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, detalló que han constatado que "la mayoría de las investigaciones que la Contraloría realiza... Desde la mirada penal, vamos a encontrar hechos que podrían eventualmente revestir carácter de delito".
En un seminario organizado por Deloitte para analizar el desarrollo de esta norma, añadió: "Ojo que dije la mayoría, no son pocos los casos, son muchos. Y lamento decirlo: (son) cada vez más los casos en que tenemos que remitir al Ministerio Público los hallazgos de estos informes, y no solo los informes de Contraloría, sino que también otros productos de fiscalización".
Fiscalizaciones y denuncias
En este encuentro, la contralora detalló parte de los casos que revisten una arista penal en el marco de las revisiones de la entidad. Por ejemplo, una auditoría en la Municipalidad de Villa Alemana reveló la intervención de una concejala a favor de una fundación de la que era representante legal. También había personal de dicha fundación contratado por la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, a cambio de 38 pagos equivalentes a $31 millones por servicios prestados.
Este caso, relató Pérez, configura un posible fraude que fue remitido al Ministerio Público, al igual que situaciones similares en Alto Biobío y San Vicente de Tagua Tagua, bajo la hipótesis de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, respectivamente.
Con todo, la contralora subrayó que la fiscalización no es suficiente para hacer frente a esta ley, y que el sector privado puede aprender del Estado en cuanto a innovar con recursos limitados. Un ejemplo: un canal de denuncias online , donde las personas pueden entregar información bajo la protección legal del denunciante. En el último año, el balance de esta plataforma revela el ingreso total de 32.320 denuncias, de las cuales un 3% fue por alegación de represalias en su contra y un 9% solicitando Medidas Preventivas de Protección, mientras la mayoría de los ingresos fue acompañado por la solicitud de no ser menoscabado en sus condiciones laborales, figuras protegidas por la ley.
Reto preventivo
Pérez también destacó la importancia de actualizar estándares para resolver de mejor manera los riesgos vinculados a delitos económicos. En el sector público, dijo que si bien se está hablando mucho de herramientas de inteligencia artificial, el déficit más importante al observar la demanda por capacitaciones sigue siendo el uso de Excel.
En el caso de los privados, aludió a la encuesta de Deloitte publicada en "El Mercurio", donde se detalla que un 26% de las empresas no ha actualizado su modelo de prevención de delitos, y un 17% no ha designado formalmente a un encargado de esa área. "Yo no lo puedo creer, porque han pasado demasiados años y todavía no tenemos a muchas empresas con encargados de cumplimiento (o compliance ). Y tenemos penas endurecidas, entonces, el riesgo que tenemos es demasiado alto", afirmó.
La "esencia" empresarial
Desde la mirada del mundo privado -donde también iba a participar el CEO de Latam, Roberto Alvo, quien se excusó en medio de la huelga de pilotos en la aerolínea- el presidente del directorio de CMPC, Bernardo Larraín Matte, planteó que la puesta en marcha de la ley ha sido positiva. Ha impulsado "un proceso de mejora del modelo corporativo, del modelo de cumplimiento, básicamente de la cultura organizacional (...). Después de un año de implementación, tenemos un gobierno corporativo mucho más robusto".
Con todo, advirtió que aún está por verse lo equilibrada que será su aplicación, pues persiste un riesgo vinculado a la "inmovilización" de la toma de decisiones en la economía, que solo puede mitigarse considerando la naturaleza de la actividad empresarial. "¿Cuál es la esencia de una empresa? Tomar decisiones, emprender proyectos en escenarios de información incompleta, tomando riesgos, y por supuesto que ex post las cosas pueden salir mal".
En general, dijo el expresidente de Sofofa, la judicialización vinculada a la evaluación ambiental es un buen ejemplo de la complejidad que tiene la aplicación de la norma. "Obviamente que en esa infinitud de detalles, omisiones puede haber (...). Si todo es preventivo, finalmente termina inmovilizando las decisiones", alertó.