Casas de masajes: multas no pagadas y malas condiciones; IMM negó permiso a ocho prostíbulos este año

Redacción El País
Fiscalía y el Ministerio del Interior continúan investigando a los dueños de dos whiskerías de Montevideo que fueron desmanteladas tras una operación liderada por Interpol. Según pudo saber El País, se tiene información de que estos estarían vinculados a una red de trata de personas.

Hay seis personas imputadas, aunque se espera que con la nueva evidencia recabada tras allanamientos pueda involucrarse a más. En lo que va del año, la Intendencia de Montevideo negó el permiso de viabilidad a ocho centros de este tipo.

Desde el año 2000 hasta la fecha han sido 90 los prostíbulos y whiskerías clandestinas clausuradas por la IMM. Si bien en muchos de ellos se repiten los motivos, estos son variables. La autorización para este tipo de centros requiere presentar documentación identificando al dueño del recinto, justificativo de propiedad o arrendamiento del local, formulario de INAU, DGI, permiso de Bromatología, habilitación Bomberos, entre otros papeles.

Debido a que muchos de estos lugares no cumplen con todos los requisitos necesarios para trabajar bajo un régimen legal, intentan quedar en la clandestinidad o simular ofrecer otro tipo de servicios. Uno de los motivos más recurrentes en las resoluciones de la intendencia al clausurar estos centros es que se camuflan bajo "casas de masajes", cuando en realidad ofrecen también servicios sexuales.

Las 90 resoluciones a las que accedió El País tienen una estructura similar. En primer lugar es la Dirección de Investigaciones de la Policía quien notifica a la comuna sobre la existencia de las irregularidades en los establecimientos. En muchos casos se los atrapa funcionando bajo el rótulo de "casas de masajes", pero en otros su clausura se debe a falta de documentación obligatoria, no cumplir con trámites o multas impagas.

En la actualidad, según informaron desde la comuna a El País, hay 20 prostíbulos habilitados y en funcionamiento. A pesar de esto, desde la Comisión de Apoyo al Trabajo Sexual aseguraron a El País haber detectado 121 lugares en los que se ejerce la prostitución, en su mayoría en condiciones precarias.

Como se dijo, en lo que va del año, fueron ocho los prostíbulos que solicitaron viabilidad de uso, pero no se les otorgó y por tal motivo no pueden funcionar. "La clausura o el no otorgamiento de permisos puede ser por falta de habitabilidad del lugar (no cuentan con habilitación de Bomberos, con condiciones edilicias seguras o viabilidad de uso), o por falta de higiene", señalaron desde la IMM.

"La comuna solo realiza los controles antes mencionados, si el inspector sospecha que se está cometiendo delito o constata una situación irregular, procede a realizar la denuncia al Ministerio del Interior", explicaron.

Investigan trata

La operación internacional Liberterra III (comandada por Interpol), tuvo ramificaciones en Uruguay. Según un comunicado del Ministerio del Interior, este procedimiento "permitió desarticular presuntas redes de proxenitismo, trata de personas y explotación sexual en Montevideo". Entre las casi 60 víctimas, que actualmente están siendo contenidas por la Unidad de Víctimas de Fiscalía, se encuentran cuatro niños de nacionalidad peruana, que fueron encontrados en una casa durante los allanamientos.

La investigación inició en 2022 y se retomó en junio de este año, según consta en la información policial, se identificaron "múltiples indicadores de trata y explotación sexual: privación de libertad, retención de celulares, control económico, amenazas, multas abusivas, coacción, maltrato, alojamiento condicionado al trabajo sexual y suministro de estupefacientes".

Fue con estos indicios que se logró ejecutar cuatro allanamientos en simultáneo en Montevideo, en los que se detuvo a nueve personas y se rescató a las víctimas. También se incautó dinero en pesos uruguayos y dólares, celulares, un DVR, cintas VHS, dispositivos de almacenamiento, documentación municipal y de clientes, pulseras, accesorios, fotos, una pistola de aire comprimido y drogas.

Los investigadores identificaron que eran dos los locales nocturnos de Montevideo que operaban bajo la administración de los indagados. Según pudo saber El País con fuentes del caso, estos se llamaban "Reinas de la noche" y "Gitanas". Sus dueños tenían "un templito" en el mismo edificio dedicado a la religión umbanda, según detallaron los informantes.

Los detenidos que finalmente pasaron por la Justicia fueron una pareja (dueños de las whiskerías) y otras cuatro mujeres, cuyo rol era el de regentear los locales. Otros tres detenidos quedaron en libertad por falta de indicios que los involucren con el caso.

A los seis imputados se los formalizó por el delito de proxenetismo, mientras que todos menos una de las mujeres también fueron imputados por suministro de estupefacientes. El matrimonio y una persona más cumplirán con prisión preventiva, mientras que las otras tres mujeres permanecerán en arresto domiciliario total hasta el 20 de marzo.
Operativo para desmantelar red de explotación sexualMientras tanto, continúa la investigación para poder involucrar a más personas, ya que en los allanamientos se obtuvieron nuevos elementos.

Según dijeron fuentes del caso a El País, los dueños de los locales manejaban "múltiples negocios ilícitos", entre ellos el comercio de drogas, por el cual presumen que llegaron a varias de las trabajadoras sexuales. "La enorme mayoría son captadas en una situación de vulnerabilidad", dijeron los informantes.

Por su parte, una trabajadora sexual dijo a El País: "Juegan con nuestra necesidad. La pasábamos verdaderamente mal". Según la información obtenida por los investigadores, fueron varias las mujeres que intentaron salir de ese entorno, pero eran amenazadas. Además, se las obligaba a dejar la mitad de las ganancias por sus servicios.

Si bien se han realizado denuncias de centros clandestinos en situaciones precarias y de explotación, la mayoría de las víctimas prefiere no denunciar ya que eso las dejaría expuestas a represalias.

Karina Núñez, fundadora del sindicato Otras y actual integrante del grupo Visión Nocturna que se encuentra dentro de la Comisión Nacional Honoraria de Apoyo al Trabajo Sexual dijo a El País que este miércoles se llevará adelante un seminario en el que se realizarán intercambios sobre la actualidad de este trabajo en Uruguay.

"Seguimos tratando de modificar la ley (de trabajo Sexual) para que se adapte a nuestras necesidades", dijo Núñez y aseguró que están aguardando para ser recibidas por el Parlamento. "El Estado tiene que hacerse cargo. No tenernos en cuenta también es violencia", concluyó.

Por su parte, Claudia Gutiérrez de la Comunidad de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en el Uruguay dijo a El País que las trabajadoras se encuentran "totalmente expuestas a explotación y trata". "En muchos lugares no se puede faltar un día por enfermedad ni para llevar a tu hijo al médico que te cobran $ 1.500 de multa", aseguró.

Uno de los puntos señalados como "más preocupantes" por Gutiérrez es que en muchos casos los niños, hijos de las trabajadoras, se quedan en las whiskerias debido a que estas no tienen un lugar propio para dejarlos. Si bien muchas de ellas tienen la intención de denunciar, lo hacen a través de la organización para no quedar expuestas.