Un tiro en el pie

El Ministerio de Trabajo anunció su intención de impulsar una ley que obligue a las empresas a comunicar previamente cuando decidan despedir a un trabajador. La medida busca frenar cierres y preservar empleos en un contexto económico deteriorado. Pero, lejos de cumplir ese objetivo, terminará generando el efecto contrario: menos dinamismo, menor contratación y, paradójicamente, más despidos.

La evidencia internacional es clara: cada vez que se eleva la incertidumbre o el costo asociado a contratar y despedir personal, se desalienta la creación de empleo. Dificultar el despido puede sonar bien en el plano discursivo, pero en la práctica significa dificultar también la contratación. Por eso, los países que tienen mercados laborales modernos e inclusivos, simplifican reglas y eliminan rigideces, no agregan nuevas capas de burocracia.

Incluso los países nórdicos desarrollaron la "flexiseguridad" en sus mercados laborales. Una combinación que ciertamente protege al trabajador cuando queda desempleado con una red generosa de seguridad social y recalificación. Pero que también hace muy simple contratar y despedir eliminando rigideces. Se protege a la persona, no al puesto de trabajo.

En Uruguay ya existe un extenso entramado de protección: causal de despido, procesos disciplinarios, fueros especiales, negociación colectiva centralizada y un seguro de desempleo razonable. Este conjunto brinda garantías, pero también genera rigideces que afectan el dinamismo del empleo. A esto se suman costos laborales elevados, categorizaciones minuciosas y reglas homogéneas para sectores muy distintos. Incorporar ahora un procedimiento obligatorio adicional para miles de decisiones laborales mensuales solo agravará estas dificultades.

El MTSS argumenta que la medida se alinea con el Convenio 158 de la OIT, que Uruguay nunca ratificó. Y no es casualidad: apenas 35 países lo han hecho, en buena medida porque este tipo de regulaciones tiende a afectar negativamente la formalidad y el empleo. No existe consenso internacional porque los riesgos son evidentes.

Más de 20.000 personas por mes pasan del empleo al desempleo en el promedio de los últimos 12 meses ¿el Ministerio cuenta con la capacidad para recibir, procesar y fiscalizar decenas de miles de avisos mensuales sin generar un cuello de botella administrativo?

Tampoco se conocen los efectos jurídicos de la iniciativa. Si no hay sanciones para quienes incumplan, la norma será inocua. Pero si las hay, aparece un incentivo perverso: acelerar despidos para evitar futuras trabas, aumentar la litigiosidad y tensionar innecesariamente las relaciones laborales. En los hechos, podría instaurarse una suerte de "pre conflicto" permanente, afectando la previsibilidad empresarial y desincentivando nuevas contrataciones.

El camino para tener más y mejor empleo es difícil, pero lo sabemos y no sirven los atajos: economía dinámica, modernización de las reglas laborales y mucha más formación y recalificación. La propuesta del MTSS va en el sentido contrario y, además, cae en un muy mal momento en el que se enfría la economía. Se trata de una intromisión que no preservará puestos de trabajo, sino que dificultará su creación y, en el extremo, acelerará su destrucción. Más que un avance es un tiro en el pie.