"Contrato falso", cobro de cheques y transferencias: las claves de futura formalización de Yáber, Najle y Pizarro
A los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto y Chillán, además del dueño de una casa de cambio se les imputará el delito de lavado de activos, por presuntos pagos a Gonzalo Migueles que, según la indagatoria, serían para Ángela Vivanco.
Tres nuevos imputados formalizados se sumarán, a partir del 14 de enero de 2026, a los abogados de Belaz Movitec Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la investigación de los presuntos delitos de cohecho, soborno y lavado de activos durante la tramitación del juicio entre el mentado consorcio bielorruso y Codelco, en el cual esta última desembolsó un monto superior a los $17 mil millones.
Esto, ya que el miércoles de esta semana la Fiscalía Regional de Los Lagos ingresó una solicitud ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y Chillán, Yamil Najle, junto al dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza, Harold Pizarro, a quienes les comunicarán cargos por el delito de lavado de activos.
Respecto de los antecedentes con que cuenta la fiscalía en su indagatoria, en el caso de Pizarro, registran presuntas conductas vinculadas tanto con los abogados imputados como con Migueles, en referencia a los pagos que este habría recibido en nombre de la exministra Vivanco por las gestiones que habría desplegado al interior del máximo tribunal para favorecer a Belaz Movitec.
En tanto, los conservadores Yáber y Najle estarían solamente ligados a Migueles. Esto, pese a que respecto del primero de ellos, quien se encuentra suspendido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, se abrió una causa paralela, también a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por transferencias a políticos en ejercicio, y en la cual podrían sumarse otros hallazgos a partir del levantamiento de su secreto bancario.
Los giros de Pizarro
Cronológicamente, según los antecedentes de la fiscalía, el primero en "entrar" en la trama fue Pizarro, tuvo un rol central en lo que dice relación con el cobro de cheques de fondos provenientes de los pagos de Codelco a Belaz Movitec y que, según la tesis de los investigadores, parte de este llegó al patrimonio de Migueles y Vivanco.
Por ejemplo, imputan que el 17 de diciembre de 2023 habría aceptado la solicitud de Eduardo Lagos en torno a que se extendiera un cheque por $70 millones de la cuenta de Lagos, Vargas y Silber Asociados, a nombre de su hijo, Cristián Cornejo, quien lo habría cobrado y entregado esos fondos a su padre, quien se los habría entregado en dólares a los abogados. De ese monto habrían salido los US$ 14 mil que, según la fiscalía, recibió Migueles al día siguiente, en el edificio de calle El Regidor.
El dueño de Inversiones Suiza también habría sido crucial en el tercer pago que imputa la fiscalía desde los abogados del consorcio bielorruso hacia Vivanco y Migueles. Esto, ya que habría aceptado una operación similar a la ya descrita, pero con un cheque por $45 millones a nombre de un trabajador, Miguel Ángel Obieta, quien posteriormente se lo entregó. Luego de esto, según la indagatoria, Pizarro le entregó este monto en pesos chilenos y dólares a Migueles.
Sin embargo, en el teléfono de Pizarro se encontraron más antecedentes que el Ministerio Público indaga, pues en una conversación con Eduardo Lagos hablan sobre lingotes de oro, incluyendo el envío de fotos de estos elementos, por lo que la fiscalía señala que "parte de los activos de Eduardo Lagos, en lo que nos interesa, obtenidos con ocasión del delito de cohecho/soborno investigado, podrían estar respaldados en oro, metal de alto valor representativo de dinero que no es susceptible de seguimiento ni amparado en sistemas registrales".
Migueles y el rol de los conservadores
En junio de 2024, con los mencionados $45 millones, según la indagatoria, la georreferenciación del teléfono de Migueles lo ubica en las cercanías del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, dirigido por Sergio Yáber, quien desde que asumió, en 2018, según su declaración, "contrató" de palabra a la pareja de Vivanco como funcionario del departamento de recursos humanos, a cambio de $3 millones mensuales.
De acuerdo con los antecedentes reunidos por los investigadores, Migueles le habría entregado el total del dinero a Yáber, solicitándole además que le transfiriera $25 millones a su par de Chillán, Yamil Najle. Luego, ambos, en sucesivas operaciones bancarias, devolverían ese dinero a la pareja de la exmagistrada.
Ýáber reconoció que le transfirió a Najle a solicitud de Migueles, y cuando se le consultó por sus depósitos a los de este, señaló que "esas transferencias corresponden a compra de dólares que yo le realizaba a Gonzalo Migueles. Debo señalar que igual me llamaba la atención el origen del dinero, sin embargo, se los compraba porque yo los necesitaba. Gonzalo siempre me decía que tenía sus negocios y que se dedicaba a hacer lobby y que para ello andaba buscando una oficina para arrendar para establecerse formalmente".
"Un favor que no dimensioné en sus consecuencias"
Najle, por su parte, también abordó lo anterior en su declaración ante la fiscalía, señalando que "en razón a este dinero, no recuerdo exactamente si fue Sergio Yáber o Víctor Migueles quien me dijo que me transferirían ese dinero (...), pero sí recuerdo que ese dinero posteriormente se lo tenía que transferir a Víctor Migueles Oteiza. Respecto a esto, le puedo indicar que esto lo hice como un favor que no dimensioné completamente en sus consecuencias".
Pese a esa versión, la fiscalía cuenta con una diligencia de seguimiento "discreto" y "a distancia" de Migueles y de un trabajador de Najle, el 20 de septiembre de 2025, luego de interceptar a los involucrados. Esto, ya que se concretaría la firma de un contrato antedatado con fecha del 23 de diciembre de 2024 denominado "Término y finiquito de contrato de prestación de servicios". Según la fiscalía, este "fue firmado ese día por Migueles Oteiza y autorizada la firma de Najle, contrato de causa y objeto no reales, por supuestos servicios profesionales". No obstante, dice la fiscalía, dicho documento "no importa el pago de prestación real alguna (...) solo justificar el origen ilícito de los $25 millones recibidos por Migueles".
Sobre esto, Najle declaró que "yo use la nomenclatura de los $25.000.000, que eran los que en junio del año 2024 me había transferido Sergio Yáber, para ser entregados a Víctor Migueles (...) este contrato lo suscribí porque me sentía agobiado y quería sacarme de encima a Víctor Migueles de una vez".
Audiencia La formalización se realizará el 14 de enero de 2026, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.