Preocupa desaparición de al menos 179 armas de las policías, FF.AA. y Gendarmería en últimos cinco años

El 2 de marzo de 2020, el entonces funcionario de Carabineros Iván Tapia Maturana se encontraba a cargo de la guardia del retén Valle Hermoso, en La Ligua, cuando un grupo de delincuentes entró al lugar con el fin de sustraer pertrechos policiales. Tapia, en compañía de uno de estos hombres, caminó por el patio de la unidad con un bolso, para cargar el armamento en un vehículo. Eso, hasta que se encendió la luz y fueron vistos desde el segundo piso por otros funcionarios. Así, un sargento llegó al lugar, lo que provocó la huida de los ladrones, quienes en su escape dispararon contra el funcionario. En ese momento, Tapia "disparó, injustificadamente, su arma de servicio hacia la vía pública con el solo propósito de simular un supuesto enfrentamiento".
Aquello fue acreditado por la justicia, cuando condenó a Tapia a siete años de cárcel por "los delitos consumados de malversación de efectos público (armas y municiones fiscales) y disparos injustificados". Recientemente, la Corte Suprema ratificó su sentencia. Entre los elementos que fueron robados con la complicidad de Tapia se encontraba una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, y un revolver Taurus, calibre .38, además de municiones.
"Cada arma faltante representa un triple riesgo"
Este medio pidió, mediante Ley de Transparencia, a instituciones policiales y militares, así como a Gendarmería, la estadística de las armas institucionales desaparecidas desde 2020 por diversos motivos, incluido el robo. En total, sumaron al menos 179 armas perdidas.
Para Pilar Giannini, exjefa de División de Seguridad Pública de Interior, los datos "son, sin duda, preocupantes. Cada arma faltante representa un triple riesgo: un potencial incremento del poder de fuego del crimen organizado, un posible indicio de corrupción al interior de las instituciones, o una falla crítica en los protocolos de custodia y responsabilidad".
A su vez, el investigador de LyD Francisco Alcorta considera que "no son cifras menores ni eventos aislados, ya que cada arma perdida es una potencial herramienta para homicidios, ajustes de cuentas, robos violentos o extorsiones. Más grave aún, estos hechos se producen en instituciones que, por definición, deberían tener los mayores estándares de integridad, custodia y trazabilidad. La señal que dejan es inequívoca, parece ser que existe una falla relevante en los sistemas de control interno".
Alta exposición al riesgo, en el caso de la policía civil
El caso de la PDI es el que más llama la atención, plantean especialistas en seguridad pública, puesto que son 104 las armas extraviadas o sustraídas, de acuerdo a la información entregada a este medio. Sobre esto, Luis Toledo, exfiscal y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la U. San Sebastián, afirma que existen factores que explican por qué la institución concentra el 58% de los casos recopilados.
"La PDI enfrenta delitos violentos, crimen organizado y narcotráfico, lo que implica un despliegue intensivo de armas cortas en operativos, traslados, entradas y salidas de unidades, y un régimen de porte más flexible que el de Carabineros en algunas brigadas especializadas". Ello, puntualiza, "aumenta la exposición al riesgo". Además, dice, "la PDI investiga estructuras criminales de alto nivel, lo que históricamente ha generado episodios de robo o intento de obtención de armas policiales por parte de bandas".
Otro factor es añadido por Alcorta, quien sostiene que "el modelo de porte y custodia de la PDI tiende a estar más descentralizado, lo que incrementa la necesidad de sistemas de control estrictos y protocolos unificados. Esta descentralización no es, por sí misma, una falla, pero sí un aspecto que demanda estándares más robustos de supervisión y auditoría". Por otro lado, respecto de la recuperación de solo 15 de estas armas, Toledo advierte que "revela una dificultad institucional para revertir el daño y recuperar el material perdido, lo que agrava el problema desde el punto de vista de seguridad pública".
Consultada, la institución señala que "la principal causa consiste en la sustracción de ellas derivado de la comisión de delitos contra los funcionarios". Asimismo, asegura que "cada extravío de una especie fiscal conlleva necesariamente un acto administrativo" y su respectiva denuncia.
Sobre las medidas tomadas, la PDI menciona que han identificado "las principales situaciones de riesgo que se han observado en los diversos eventos donde se han extraviado las armas, lo que nos ha permitido implementar controles más robustos, instancias de capacitación y campañas comunicacionales".
Porte permanente de armas para Carabineros
El caso de la PDI trae al debate una ley que se discute en el Congreso para permitir que Carabineros pueda hacer el porte permanente de sus armas de fuego. Ello, porque dicha institución ocupa el segundo puesto, con 41 armas desaparecidas: el 30% de los casos fue en 2024 y solo una fue recuperada.
Giannini recuerda que "el peak fue 12 desapariciones en el 2024, eso es una señal de alerta, considerando el debate legislativo para permitir el porte permanente de armas". Y plantea que, "si bien esta medida busca aumentar la disuasión y la capacidad de respuesta en el escenario de inseguridad creciente, su éxito depende de la existencia de controles internos sólidos".
Al preguntársele por esta situación, desde Carabineros indicaron que "los casos detallados corresponden a procesos que se encuentran debidamente judicializados, como asimismo con sus respectivos procesos administrativos en diferentes cursos, lo cual ante su relevancia poseen la respectiva reserva y secreto de investigación".
Problema operativo, disciplinario y cultural, plantean entre especialistas
Otra institución de interés debido a los recientes casos de faltas a la probidad, fugas y amenazas a funcionarios es Gendarmería. Aquí se notificaron 12 armas desaparecidas desde 2020 a la fecha.
"De este total, seis fueron recuperadas, encontrándose actualmente bajo peritaje y custodia del Ministerio Público, por lo que no han sido reincorporadas al inventario institucional", comentan desde Gendarmería. Añaden que "cada caso de extravío de armamento genera la apertura de un sumario administrativo y la remisión inmediata de los antecedentes al Ministerio Público".
Frente a las cifras en general, Toledo afirma que "la primera observación es que el fenómeno no es homogéneo y muestra patrones distintos por institución. Mientras la PDI concentra el grueso, Carabineros tiene oscilaciones importantes, el Ejército presenta un salto notable en 2023 (ocho armas), Gendarmería tiene casos que en su mayoría logran recuperarse, y la Armada -según su documento oficial- exhibe pérdidas por hurto, sustracción y robo, muchas de ellas en 2023 y 2025, con sanciones asociadas e incluso casos de penas efectivas de cárcel, lo que confirma la existencia de responsabilidad penal en algunos episodios". Ello daría cuenta de que "el problema no es exclusivamente operativo, sino también disciplinario y cultural".
Consultada la Armada, comentó que "su postura no ha cambiado" desde el último evento ocurrido en febrero, cuando "cinco individuos armados y encapuchados ingresaron al Campo de Entrenamiento Almirante Bascuñán". Por ese entonces, condenaron "categóricamente este acto delictual y ejercerán todas las acciones legales pertinentes contra quienes resulten responsables". En el caso del Ejército y Fuerza Aérea, pese a ser contactados, optaron por no referirse a la estadística.