Blancos y colorados impulsan las citaciones de al menos cuatro ministros a la Comisión Permanente acerca de varios temas. Las comparecencias se darán a partir de fines de enero.
Redacción El País Lacomisión permanente del Parlamento quedó instalada desde mediados de diciembre para continuar con el trabajo legislativo durante el receso de verano. Si bien el organismo no trata, por ejemplo, proyectos de ley, sí recibirá a varios jerarcas en 2026.
A pedido de la oposición al menos cuatro ministros deberán comparecer para dar explicaciones sobre distintos temas: Edgardo Ortuño (Ambiente), Alfredo Fratti (Agricultura, Ganadería y Pesca), José Carlos Mahía (Educación y Cultura) y Carlos Negro (Interior). Las dos primeras ya fueron aprobadas unánimemente, al contar con los votos de los legisladores frenteamplistas; se espera que las comparecencias se den a partir de fines de enero.
Juan Martín Rodríguez, diputado por el Partido Nacional (suplente de Sebastián Andújar en la comisión permanente), fue quien impulsó la convocatoria de Ortuño y del presidente de OSE, Pablo Ferreri, tras el anuncio del "paquete de obras" comunicado inicialmente en la interpelación del pasado martes 19 de diciembre.
El gobierno anunció la semana pasada un acuerdo de rediseño de las obras, que incluyeron la construcción de una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios de capacidad en Aguas Corrientes, tras descartarse el proyecto Arazatí.
Fratti fue citado por Sebastián Da Silva, quien criticó la destitución de seis directores departamentales del ministerio (Maldonado, San José, Flores, Río Negro, Tacuarembó y Paysandú) y su presunto objetivo de "acomodar amigotes y comisarios políticos en forma directa y discrecional".
En diálogo con El País, el senador nacionalista dijo sospechar de que "todo es para hacer designaciones políticas" y condenó "esa angurria por los cargos". Además, señaló que "en cualquier momento" va a pedir que se declare "la emergencia agropecuaria en el sureste del país, que es una catástrofe" por la "seca muy profunda".
En ese sentido, criticó que las destituciones se den en este contexto, más que nada en el caso de Maldonado, que "le explota en la cara" al ministerio. "La de Maldonado, por ejemplo, está cesada, y hoy es necesaria. No le queda pasto a todo el departamento de Maldonado, nada, cero. Los rumores que tenemos es que son amigos de comité de Fratti, del cuadro político. Y estos directores, además, cualquiera de ellos, fueron los que bancaron la toma en la sequía. Son los que coordinaron todo", afirmó Da Silva. Varios de los jerarcas destituidos ingresaron al cargo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, según el senador, a través de concurso. Por su parte, el senador colorado Robert Silva, suplente de Pedro Bordaberry en la comisión, impulsa citar a Mahía y a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que expliquen una serie de decisiones en la materia.
"Primero, que estamos con mucha preocupación, es la caída de la titulación universitaria de los docentes, que por la LUC y por los decretos del ministerio de febrero pasado, los maestros y profesores ya tienen título universitario. Ahora hay un cambio en las reglas de juego, sin avisarle a los que entraron a estudiar en el 2023, y al cambiar las reglas de juego, tácitamente se está cambiando el plan que fue reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura como universitario. En otras palabras, el que se reciba entró con la posibilidad de tener un título universitario, va a salir sin ella", manifestó a El País.
Otro de los puntos que cuestiona Silva es el decreto, "que sacaron ahora a último momento", de regulación de la universidades privadas. Lacalle Pou promulgó uno en febrero, que fue derogado por el gobierno de Yamandú Orsi en junio y ahora suplantado.
El senador colorado también apuntó a "cambios" a nivel de Secundaria y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Sobre esta última, dijo que "está eliminando y cerrando" centros María Espínola: "Los está transformando en una modalidad nueva que no se sabe qué es. Educación Media Básica Tecnológica, que es un programa nuevo que no sabemos qué camino ha tenido, cómo se están cerrando los centros, quitando figuras educativas, con centros que tienen 96% de promoción, donde hay una desvinculación o un abandono prácticamente nulo en la mayoría de esos". Adicionalmente, señala que también se preguntará por cambios curriculares en la ANEP, acerca de por qué "se están volviendo a los contenidos, disminuyendo las horas de computación y tecnología, disminuyendo las horas de lengua, sacando las materias operativas que los estudiantes tenían, lo cual es un verdadero retroceso".
"Creo que el Frente Amplio está nuevamente tropezando con la misma piedra. Lo que hizo en el 2006, cuando desmanteló y decapitó la reforma liderada por Germán Rama sin evaluación y que con el tiempo hasta el propio [José] Mujica reconoció, ahora está haciendo lo mismo. Es terrible lo que está pasando en la educación", aseveró Silva.
Por último, Pablo Abdala planteó citar a Negro, también a propósito de una serie de cuestionamientos a su gestión. "Para entonces, van a estar publicadas las cifras de delitos correspondientes al año 2025. Pero además, el propósito es hablar de temas de política de seguridad en general, relacionadas con la elaboración del plan de seguridad en el que está embarcado el gobierno".
Otro de los temas es las declaraciones públicas del presidente Orsi acerca de los artículos de la LUC que el gobierno pretende derogar en materia de seguridad. Según el diputado, "se generó una confusión, porque el presidente dijo que esas disposiciones eran disparatadas, pero el ministro Negro había dicho antes que no las iban a tocar".
Comisión Permanente durante el receso
La comisión la integran por cuatro senadores (Bettiana Díaz y Daniel Borbonet por el FA, Pedro Bordaberry por el PC y Sebastián Da Silva por el PN) y siete diputados (Margarita Libschitz, Ana Olivera, Gabriel Otero y Federico Preve por el FA, Pablo Abdala y Sebastián Andújar por el PN, y Walter Verri por el PC). En el caso de Ortuño y Fratti, sus citaciones ya fueron aprobadas, mientras que las de Mahía y Negro aún no. La comisión volverá a sesionar a mediados de enero, donde se espera que el oficialismo brinde los votos para aprobarlas.