Por "arbitrario e ilegal", Corte ordena a Educación rehacer criterio que fija montos por gratuidad en planteles TP

La cuestionada forma en que se calculan los aranceles que el Estado entrega por alumno con gratuidad sufrió un revés: la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó dictar una nueva resolución para los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), luego de acoger los recursos presentados por el DUOC UC y Santo Tomás.
En su fallo del 11 de diciembre, concluyó que la Subsecretaría de Educación Superior modificó criterios usados para distribuir los recursos sin seguir el procedimiento que establece la ley.
La Corte establece que no se permite a la autoridad modificar por cuenta propia las bases técnicas del cálculo, pues la ley prevé que la subsecretaría considere para ello a la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles, lo que no ocurrió.
En ese contexto, el tribunal de alzada calificó el actuar de la entidad, liderada por Víctor Orellana (FA), como "arbitrario e ilegal", al estimar que vulnera el principio de igualdad ante la ley: "Las actuaciones ilegales y arbitrarias en que ha incurrido la recurrida Subsecretaría de Educación Superior han producido como consecuencia la vulneración del ejercicio legítimo del derecho", indica el fallo.
La magnitud del financiamiento
El caso se originó luego de que la subsecretaría modificara el criterio para definir el tamaño institucional de IP y CFT -una variable que incide directamente en el valor de los aranceles regulados de gratuidad- elevando el percentil utilizado y reduciendo su ponderación.
Según el fallo, el ajuste no fue objeto de observación por parte de la Comisión, y la subsecretaría no entregó "los fundamentos suficientes que sustenten tal determinación".
En el subsistema técnico-profesional, la gratuidad alcanza a 257.414 estudiantes, lo que equivale al 42% del total de beneficiarios del sistema en 2025 (612.300 alumnos). De ellos, 89.857 cursan estudios en CFT y 167.557 en IP.
En este universo, el DUOC concentra 78.413 alumnos con gratuidad, sobre una matrícula de 108 mil jóvenes. En tanto, Santo Tomás registra 51.956 estudiantes con gratuidad -21.820 en IP y 30.136 en CFT-. En conjunto, ambas instituciones concentran más del 21% de todos los estudiantes con gratuidad del país.
Juan Pablo Guzmán, rector nacional del IP y CFT Santo Tomás, señala que el fallo "es una buena noticia para toda la educación superior, porque señala que la fijación de aranceles debe hacerse conforme a reglas claras y objetivas".
Y remarca que "lo que revela este fallo es que el sistema de fijación de aranceles tiene debilidades de fondo que deben ser revisadas, porque se trata de un aspecto esencial del marco que se requiere para que las instituciones de educación superior puedan cumplir con su misión de entregar una formación académica de calidad a sus estudiantes y que sea financieramente sustentable".
Sergio Morales, presidente de Vertebral, consejo de rectores de IP y CFT acreditados, manifiesta que "la regulación de aranceles no puede construirse sin certeza jurídica, debido proceso y pleno respeto a los mecanismos técnicos establecidos por la ley, porque está en juego la viabilidad del subsistema que sostiene la formación técnica y profesional del país. Además, debe considerar en su formulación antecedentes sobre la realidad de nuestros estudiantes y del quehacer de las instituciones, que permita arribar a resultados justos y sostenibles para el desarrollo del subsistema".
A su vez, DUOC también fue consultado, pero declinó responder.
El fallo, además, tensiona la metodología de aranceles regulados, esquema que hoy mantiene a la Subsecretaría de Educación Superior enfrentando una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (ver recuadro).
Y es que el impacto no es menor: en su presentación, Santo Tomás estimó que la aplicación de este criterio le generaría un perjuicio de $7.543 millones en un período de cinco años, plazo por el que rigen los aranceles.
En su recurso, DUOC estimó que los costos resultan casi $12 mil millones más bajos que los resultantes de aplicar las bases técnicas 2026.
Apelación en trámite
"El Mercurio" solicitó conversar con el subsecretario Orellana, quien no estuvo disponible. Por escrito, la subsecretaria respondió que "dado que los antecedentes vinculados a la regulación de aranceles correspondientes al proceso del año académico 2025 se encuentran actualmente en instancias judiciales, la subsecretaría debe actuar con la debida prudencia y no puede emitir comentarios de fondo sobre los procesos en curso".
Añadió que la cartera está "prestando toda la colaboración requerida al Consejo de Defensa del Estado, organismo que tiene a su cargo la defensa jurídica de la apelación presentada ante la Corte Suprema y que actualmente se encuentra en proceso, poniendo a disposición todos los antecedentes técnicos, administrativos y legales necesarios para su adecuado desarrollo".
612.300
alumnos tuvieron gratuidad en el sistema de educación superior este año.
42%
de los alumnos con gratuidad estudia en CFT o IP.
''Lo que revela este fallo es que el sistema de fijación de aranceles tiene debilidades de fondo que deben ser revisadas".
JUAN PABLO GUZMÁN RECTOR NACIONAL IP-CFT SANTO TOMÁS
''El Mineduc y la subsecretaría están prestando toda la colaboración requerida al CDE, organismo que tiene a su cargo la defensa jurídica de la apelación presentada". ..SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidad Católica se suma a consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por los arancelesLa metodología de cálculo para fijar los recursos que se entregan por alumno en gratuidad ha sido ampliamente cuestionada por universidades adscritas a la política. De hecho, planteles privados tienen hoy a la subsecretaría del área enfrentando, además, una consulta en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, impulsada por siete planteles (Las Américas, Autónoma, Mayor, Santo Tomás, Central, Finis Terrae y Bernardo O'Higgins).
Asimismo, la U. Católica ha decidido sumarse a este proceso, "que tiene por objeto analizar el sistema de fijación de aranceles, para efecto de aportar con una mirada técnica y objetiva que considere las particularidades y los desafíos de la educación superior en Chile", según indica la casa de estudios. Otros planteles, como la U. Alberto Hurtado, también evalúan ser parte.
El rector de la Finis Terrae, Juan Eduardo Vargas, vocero de estas instituciones, califica como "relevante" el fallo a favor de los IP y CFT, "pues también existen dudas respecto de la manera en la que la subsecretaría modificó otras observaciones que hizo la Comisión de Expertos en el proceso, y si ello afectó a la competencia en el sector".