Acusan a exalcaldesa Barriga de millonario déficit en arcas municipales y piden más de 20 años de cárcel

Después de 714 días desde la primera formalización de cargos, la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó una acusación contra la exalcaldesa de Maipú (2016-2021) Cathy Barriga, por eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Así, el escrito de aproximadamente 2 mil páginas ingresado por la jefa de jurisdicción Lorena Parra y el persecutor Cristóbal Salazar aborda los mismos hechos por los cuales Barriga fue formalizada en enero de 2024 y reformalizada en abril de este año, solicitando las penas de 10 años y 1 día de presidio mayor por el delito de fraude al fisco; 7 años de presidio mayor por falsificación de instrumentos públicos y uso de instrumento público falsificado; 5 años y 1 día por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y, finalmente, 541 días de reclusión menor por el delito de negociación incompatible.
Además, la fiscalía solicita dos multas para Barriga, cuyo valor alcanzan los $3.300 millones, una de ellas correspondiente al 10% del perjuicio causado. En tanto, se acusa a otros siete imputados de fraude al fisco, pidiendo penas de 5 años y un día y multas que van entre los $11 millones y los $2.900 millones.
De dicha manera, tanto el Ministerio Público como los intervinientes deberán esperar a que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago fije fecha para una audiencia de preparación de juicio oral donde se discutirá la prueba. Quienes conocen del escrito elaborado por la fiscalía comentan que la acusación cuenta con cerca de 233 testigos y 13 peritos, además de 15.000 documentos y más de 3.000 elementos correspondientes a otros medios de prueba.
Imputación por eventual fraude al fisco
A finales de diciembre de 2023, el Ministerio Público anunciaba la formalización de Cathy Barriga por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Así, en enero del año pasado se le imputó ante el juez Hugo Salgado cinco hechos -junto a otros exfuncionarios- con los que habría generado "disponibilidad presupuestaria artificial mediante la subestimación de gastos o sobreestimación de ingresos a través de los certificados de disponibilidad presupuestaria". Además de la adquisición de mil collares de marca Swarovski; uso de dinero destinado a educación para la compra de los peluches mencionados; pago de remuneraciones a una funcionaria que habría ejercido como asistente para el cuidado del hijo de Barriga, entre otros. Al final, el Ministerio Público imputó un supuesto fraude de $31 mil millones.
Sin embargo, la exposición de los persecutores no habría sido suficiente para que el juez Salgado considerara la prisión preventiva, optando por el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Salgado consideró que Barriga es madre, "una persona conocida" y que no le sería fácil "eludir la acción de la justicia" como argumentos para no privarla de libertad. Y aunque también -al iniciar la audiencia- dejó en claro que dicha etapa del proceso no era "un juicio", finalmente también consideró que "hay antecedentes más que suficientes para poder, ahora, determinar que sí existe el delito de fraude, en esta etapa preliminar, y ya dije que había antecedentes para establecer su participación. Siguiendo con este peligro de su libertad para la seguridad de la sociedad, debo compartir lo señalado por la defensa, que no basta con que sea un delito grave o que sean varios delitos, no hay que olvidar el carácter cautelar que tienen".
Entre arresto domiciliario y prisión preventiva
Tras su formalización, el caso pasó a tener una serie de audiencias que buscaron modificar su medida cautelar. Así, en diciembre de 2024 la exalcaldesa entró a cumplir prisión preventiva por primera vez al CPF San Joaquín, donde incluso compartió con la imputada del caso Audio, María Leonarda Villalobos. Así, entre este tipo de audiencias y reformalizaciones, volvió al arresto domiciliario definitivamente en abril de 2025, luego de que una nueva conformación de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones resolviera que "la función cautelar no puede ser confundida con la fase de juzgamiento, esta última bajo un juicio retrospectivo, que decide entre dos opciones, culpable o inocente, y la primera bajo un razonamiento prospectivo, dentro de una multiplicidad de opciones, que incluye diversas medidas cautelares, y que protege los fines del procedimiento".
Tras ello, Barriga fue nuevamente reformalizada a mediados de abril, pero ni el Ministerio Público ni los querellantes decidieron insistir en la privación de libertad. En aquella ocasión se le imputó negociación incompatible tras destinar $125 millones al programa "Fuerza de Mujer" durante su período edilicio, a pesar de que se trataba de una marca a su nombre. También se le atribuyeron dos delitos de malversación por el pago de $10 millones a una cuidadora con, eventualmente, dineros municipales; y el uso de fondos públicos -por la contratación de "Legalcorp" por $5,5 millones- para seguir, supuestamente, causas judiciales a su nombre y al de su pareja, el diputado Joaquín Lavín León, quien, paralelamente, enfrenta un proceso de desafuero para ser formalizado.
Abogado invoca "informe técnico"
El abogado de Cathy Barriga, Cristóbal Bonacic, menciona que debido a esta etapa procesal, "la acusación es lo que corresponde". Sin embargo, advierte que "lo que sí nos sorprende es que el Ministerio Público sigue insistiendo en la existencia de un supuesto déficit de $31 mil millones".
Porque, asegura, "en diciembre del año 2024, la Municipalidad de Maipú contrató, financió un informe técnico de una institución de prestigio certificada para hacer un análisis respecto a la capacidad de pago entre los años 2020 a 2024, cada año de forma individual". Y, según menciona, "ese informe, que está en poder de la municipalidad -que por cierto, no lo entregó voluntariamente a la carpeta de investigación, sino que esta defensa tuvo que conseguirlo a través de los mecanismos contemplados por la ley para ello- da cuenta que en cada uno de esos años, tuvieron siempre la capacidad de pago, por lo tanto (...) este supuesto déficit es inexistente".
Querellantes evaluarían acusación particular
Consultado por la presentación de la acusación, el abogado José Pedro Silva Santa Cruz, representante de la Municipalidad de Maipú, comentó que se encuentran "muy conformes con que se haya cerrado esta extensa investigación y con las penas solicitadas por el Ministerio Público".
No obstante, hasta el cierre de esta edición los intervinientes no han sido notificados oficialmente, por lo que agrega que "tendremos que analizar el texto en detalle y decidir si presentaremos acusación particular, o bien adherimos a la del Ministerio Público".
MultaSe pide, además, una multa de $3.300 millones, correspondiente al 10% del perjuicio causado, según la fiscalía.