Peligro: economía politizada

Con un 23 % de aumento al salario mínimo, Gustavo Petro ha salido a vender su última gran apuesta como una victoria histórica para el pueblo. Según el discurso oficial se trata de un acto de justicia y, por fin, la plata va a alcanzar. Suena muy bonito, ¿no? Sin embargo, se trata de una movida que preocupa hasta a sus propios aliados, porque el Presidente decidió ser más papista que el Papa. A tal punto que, mientras las centrales obreras -que no suelen pecar de tímidas- pedían "apenas" un 16 %, el Gobierno decidió ir mucho más allá, y superar la apuesta con siete puntos adicionales. Como dice un viejo proverbio, cuando la limosna es tan grande hasta los santos desconfían. Y en este caso, con un aumento que supera incluso lo que pedían los beneficiarios, la jugada queda a la vista de todo el mundo: no estamos ante una decisión económica, sino ante una maniobra electoral. Pero los aplausos de hoy pueden ser los presagios de un dolor de cabeza para mañana. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) ha puesto las cifras sobre la mesa sin rodeos: con este ajuste, aunque el trabajador verá en su desprendible cerca de 1’860.000 pesos, el costo real para su empresa representará casi tres millones de pesos mensuales. Un golpe que va a impactar de forma severa el flujo de caja de unos empleadores -especialmente las mipymes- que ya cargan con una de las tasas de tributación más altas de la región y una productividad prácticamente estancada. Y, para variar, el Estado se acaba de dar otro tiro en el pie, pues el Gobierno también es un gran empleador y este incremento impacta la nómina estatal y los subsidios, justo cuando la tarjeta de crédito del país tiene el cupo lleno. El alto endeudamiento de esta administración ha dejado las arcas públicas en los rines. Sumar ahora un gasto de funcionamiento tan pesado, sin ingresos que lo respalden, es una irresponsabilidad fiscal que nos acerca al abismo. Y la preocupación no es exclusiva de la oposición. Las alarmas suenan incluso entre los propios progresistas. Según el exministro Juan Fernando Cristo, la medida genera unos riesgos que preocupan, y la exministra Clara López, aunque defiende el incremento como una cuestión de justicia social, dijo en La W que ella lo habría aplicado en forma gradual. Como si fuera poco, en la misma emisora, el economista Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, dijo que semejante aumento es "absolutamente exagerado". Que conste: no son testimonios de la oposición, sino de antiguos alfiles del Gobierno. Por otra parte, no es lógico que un gobierno que dice defender a los "descamisados" es el mismo gobierno que ha desmontado programas como Ser Pilo Paga, que asfixia al Icetex y a Colfuturo y que ha deteriorado el sistema de salud; empezando por el del magisterio. En un país con un 56 % de informalidad, esta decisión ignora a la mayoría. Una forma responsable de ayudar a los colombianos sería fortalecer la seguridad, la infraestructura y el acceso a la educación, en vez de erosionarlos. Resolver los problemas de empleo a punta de populismo salarial, sin mejoría en la productividad, es una apuesta peligrosa. Las secuelas de esta insensatez, sin embargo, no las pagará Petro. La factura de esta fiesta le llegará al próximo inquilino de la Casa de Nariño, que encontrará una economía minada y endeudada. Será el nuevo gobierno el que pague los platos rotos de la inflación disparada y el desempleo. Una herencia envenenada que deja las finanzas asfixiadas, y que ningún sucesor agradecerá. Menos aún si es uno de su misma filiación política. * * * Colofón. Aunque el panorama que describo en estas columnas no siempre es el más optimista, aún no pierdo la esperanza. Por fortuna, el futuro de este país depende más de su gente que de sus gobernantes. ¡Feliz año! puntoyaparte@vladdo.com
Punto y aparte
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