Un cuento de nunca acabar

El año que parte será uno de los más relevantes en la casi centenaria historia del fútbol profesional. En noviembre tendremos elecciones en la ANFP, mientras (esperamos) avanza el proyecto que modifica las sociedades anónimas deportivas. Si apreciamos tímidos movimientos, por temor a alguna represalia, en los próximos meses los clubes tendrán que buscar dirigentes capaces de liderar y reconstruir una actividad cuyo deterioro es casi cotidiano.
El estado actual de situación nos plantea un desafío gigantesco. El cierre de 2025, con el rechazo de la mesa de Quilín a la pretensión de Unión Española y Deportes Iquique de mantenerse en Primera División, avizora un conflicto de insospechado desenlace en los tribunales ordinarios de justicia. Lo más probable es que fallen a partir de argumentos jurídicos duros, sin considerar razonamientos deportivos.
Durante más de un año se trabajó en la modificación de los reglamentos de la ANFP. Sus artículos estuvieron a la vista, pero nadie advirtió o quiso advertir que estábamos en presencia de una bomba de tiempo. Con los hechos consumados, hispanos e iquiqueños, como cualquiera de los integrantes de la corporación, se aferran con dientes y muelas a salvar la categoría. Es demasiada plata la que está en juego.
No extrañaría que la ANFP denuncie a la FIFA a sus dos asociados en pugna, bajo la lógica de que los conflictos del fútbol se dirimen en su jurisdicción. No sería prudente. Son demasiados los casos en que la justicia ordinaria, a requerimiento de los clubes, resolvió contiendas reglamentarias. Las instancias de carácter económico y financiero también zanjaron controversias entre Quilín y algunas de sus instituciones.
En este caso, al no intervenir los órganos jurisdiccionales de la corporación, es la mesa la que dirime la reclamación de rojos y nortinos, en un escenario donde es evidente su responsabilidad. La ANFP, en su condición de organizadora de los campeonatos, a través de sus abogados, de su oficial de cumplimiento e incluso de sus funcionarios, debió plantear el entuerto hace mucho rato.
El directorio y sus asesores son los principales responsables de que una colisión como la evidenciada entre las bases y el reglamento permaneciera en el tiempo. Por lo anterior, en su respuesta denegatoria del martes 30 de diciembre, actuaron como juez y parte. Independiente de lo que cada uno de nosotros crea, si corresponde que Unión Española y Deportes Iquique tengan que descender, es evidente la responsabilidad mayúscula de los administradores de las competencias.
En su desidia, pereza o incompetencia radica el tema de fondo. No en vano estuvieron casi un mes construyendo una respuesta jurídicamente coherente, con la participación de juristas externos que con seguridad cobraron una fortuna. No hay duda de que hubo un análisis profundo a la réplica, al recurrir al origen de la norma, que, a juicio de la ANFP, data de 2005. Se menciona la excepcionalidad de esos años, a partir de una crisis financiera que llevó a la quiebra de buena parte de los equipos, antecedente clave para entender la llegada de las sociedades anónimas.
Por este tipo de desprolijidades es que el fútbol nacional clama un cambio sustantivo en su conducción.