La supercuesta de enero

analista sénior
Tendrá implicaciones

de gran alcance respecto a

la inflación,

la política monetaria,

el crecimiento,

el desempleo,

los resultados fiscales y las cuentas externas.
RICARDO ÁVILA PINTO - ESPECIAL PARA ELTIEMPO @RAVILAPINTO
El pasado 18 de diciembre el banco de inversión JP Morgan publicó un informe sobre el comportamiento reciente de la economía colombiana y pronosticó que esta tendría una expansión de 2,8 por ciento en 2026, una cifra muy similar a la del año que acaba de terminar. Semana y media después, la misma entidad se refirió al "terremoto del salario mínimo" y aunque mantuvo la apuesta "por ahora", también habló de la aparición de nuevos riesgos. Según el escrito, la decisión "tendrá implicaciones de gran alcance respecto a la inflación, la política monetaria, el crecimiento, el desempleo, los resultados fiscales y las cuentas externas". El análisis concluye con una advertencia respecto a la aparición de efectos no lineales, pues "esta medida populista parece probable que impulse la continuidad política". Dicha frase contiene la clave de una serie de determinaciones que a primera vista no suenan tan conectadas, pero que claramente buscan efectos electorales. Con los comicios legislativos a dos meses de distancia y la primera vuelta de los presidenciales a menos de 150 días, de lo que se trata es de crear hechos que se traduzcan en votos a favor del Pacto Histórico. Paso inicial Si bien esa intención es conocida desde hace rato y comenzó por la radicalización del discurso presidencial meses atrás, lo que es novedoso es el haber pasado de las palabras a determinaciones concretas, que van mucho más allá del aumento registrado en el gasto público. Estas comienzan con la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica del 22 de diciembre, que le dio base a una serie de medidas tributarias expedidas una semana después. La explicación de por qué la administración Petro optó por tomar ese camino, tras haber sido derrotada en el Congreso días antes con su propuesta de ley de financiamiento, no es otra que la falta de plata. Los problemas de caja de la tesorería se han agudizado y amenazan con dejar sin margen de maniobra a un Ministerio de Hacienda que no es amigo de apretar el cinturón y menos en la coyuntura actual. Bajo esa lógica, todo lo que se recoja sirve y, de paso, abre la puerta para que se les aprieten las tuercas a sectores que el régimen considera antagónicos. Dado que el estado de excepción tiene una duración de un mes, todavía le queda tiempo al Ejecutivo para ir mucho más allá de lo ya dispuesto, para lo cual dispone de un amplio margen. Como señaló en su momento la norma, "el Gobierno nacional adoptará (…), además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo". Cuando termine el periodo de vacancia judicial el próximo 10 de enero, la Corte Constitucional deberá estudiar los argumentos de lado y lado, antes de dar su veredicto sobre si el uso de la figura prevista en la Carta Política fue el correcto. Si se toma como referente lo ocurrido en el pasado en circunstancias similares, el proceso podría tardar entre dos y tres meses antes de que haya humo blanco. Hasta tanto no se defina lo contrario, los decretos emitidos al amparo de la emergencia seguirán vigentes. Debido a ello, los consumidores ya notaron el impacto de los mayores gravámenes en determinados bienes y servicios, y están a la expectativa de que vengan vueltas de tuerca adicionales. Sin embargo, la gran pregunta para muchos tiene que ver con el aumento en las tasas de renta para una serie de contribuyentes, al igual que con el impuesto al patrimonio que involucra a un grupo grande de personas naturales. Quienes piensan que la Corte optará por la inexequibilidad saben que hay una especie de carrera contra el tiempo, con una fecha límite que ronda el mes de abril. Cualquier escenario tendrá repercusiones políticas. En caso de que el estado de excepción acabe siendo avalado por el Tribunal, la Casa de Nariño lo mostrará como un triunfo del progresismo. De suceder lo contrario, la respuesta será culpar a la Justicia de la derrota y alegar que esta se ha convertido en un obstáculo en el propósito de mejorar los indicadores sociales. "Van a tratar de aplicar aquello de que con cara gana el Gobierno y con sello pierden sus opositores", dice el analista Héctor Riveros. Resulta factible que el libreto sea ensayado más de una vez, pues hay otras reformas pendientes de un fallo, como la pensional. Aquí también, aparte de cuál sea el resultado, de lo que no hay duda es de su utilización política para jugar ya sea la carta de los avances o la del "no me dejan". Incluso hay quienes creen que aquí hay una voluntad explícita de tensar la cuerda con las cortes, pues un escenario de confrontación es lo que le sirve al petrismo para mover a sus simpatizantes. Ello explica por qué la insistencia en una asamblea constituyente, que comprende una campaña de recolección de firmas, la cual es a la vez una manera de matricular personas en el ideario de que existe un bloqueo institucional de corte reaccionario que requiere ser removido. Sumas y restas No obstante, en el corto plazo las preocupaciones giran en torno a las repercusiones que pueda tener el fuerte reajuste en el salario mínimo. Debido a que para encontrar algo del mismo corte hay que devolverse a 1963, cuando el entonces ministro de Trabajo, Belisario Betancur, impulsó un aumento del 40 por ciento que llevó esa remuneración de 300 a 420 pesos mensuales, establecer paralelos no es nada fácil. Pero así el país de ese entonces sea muy distinto del actual, los que saben de historia recuerdan que la inflación pasó de menos del 7 por ciento a más del 32 por ciento anual entre 1962 y el año siguiente. Dicho lo anterior, mientras no existan mediciones creíbles, los debates entre expertos y funcionarios continuarán respecto a la magnitud de las réplicas ocasionadas por esta especie de sismo en los costos laborales. Quienes piden cabeza fría insisten en que hay más especulaciones que certezas, en la medida en que incluso el ejemplo de otros países apenas sirve de referencia, pues cada realidad es distinta. Hecha la aclaración, lo que no se discute es que vendrán repercusiones sino de cuánto serán. Para comenzar, está lo que ocurra con los precios, dado el alto nivel de indexación que caracteriza a la economía colombiana, el comportamiento de las expectativas de quienes proveen bienes y servicios y el ánimo de compensar el mayor valor de la nómina. Dependiendo de lo que venga, la reacción del Banco de la República será más o menos estricta. En cualquier caso, pensar que pronto bajarán las tasas de interés es ilusorio, pues las alzas ya eran previsibles incluso antes de que se supiera la noticia del mínimo. Ante esa perspectiva, es muy factible que los ataques contra el Emisor por parte de Gustavo Petro se intensificarán en los meses que vienen. Quizás más inquietante es abrirles la puerta a eventuales controles administrativos con el argumento de que así se pone la especulación en cintura, como lo ha insinuado el actual ministro de Trabajo. La experiencia de la humanidad (que en esto no se mide en años sino en siglos) comprueba que son más las distorsiones que los beneficios que surgen al querer intervenir desde arriba. El lío es que esa opción es políticamente tentadora y da titulares que al comienzo de traducen en aplausos. Una cábala adicional es lo que pueda pasar con el desempleo, después de que este llegó a niveles mínimos desde cuando se comenzó a medir mensualmente al inicio del presente siglo. Como es sabido, al arrancar el año la desocupación aumenta pues terminan las contrataciones temporales propias de la época navideña. Lo que está por verse es si vienen despidos adicionales o sube la informalidad en una nación en donde la mayoría de los trabajadores está vinculado a empresas medianas y pequeñas, que usualmente operan con márgenes bajos. También está por verse la afectación de las finanzas públicas. Por ahora, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dio a conocer un estimativo preliminar que muestra un saldo en rojo mayor en 5,3 billones este año y 8 billones en el próximo, por cuenta del efecto salarial y las pensiones. Ante la fragilidad de las cuentas estatales y las estrategias de manejo de la deuda pública poco ortodoxas, que van en contra de lo que era predecible antes, el peligro es que los inversionistas decidan alejarse de los papeles colombianos o que la rentabilidad exigida se vaya a la estratosfera. Una salida en masa de los inversionistas institucionales dejaría al país a la merced de los fondos buitre, lo cual agregaría una volatilidad indeseable. Tampoco se puede llegar a conclusiones inmediatas sobre lo que pueda pasar por el crecimiento. Es verdad que un segmento importante de la población tendrá un aumento importante en su capacidad de compra, pero esa mejora podría ser efímera si se desata una escalada alcista que golpearía el poder adquisitivo de todos los hogares. Aparte de preguntarse cual será el resultado todavía incierto de las sumas y restas mencionadas, no hay que olvidar el componente electoral. Para el ciudadano de a pie, que siente que no le alcanza con lo que gana, el salto en la remuneración mínima es bienvenido. "La estabilidad macroeconómica les preocupa a los expertos, pero la gente hace otros cálculos que le sirven a Petro por ahora", dice Héctor Riveros. Lo que no está claro es cuánto tarda en diluirse el efecto salarial y si la ola de aprobación actual durará hasta el momento de las elecciones. Uno de los motivos es que en el panorama aparecen otros acontecimientos que pueden alterar la ecuación. Hay que recordar que el orden público y la seguridad -y no la economía- encabezan la lista de preocupaciones de la opinión, según las encuestas disponibles. A lo anterior hay que agregarles las eventuales ramificaciones de lo sucedido en Venezuela. Más allá de lo que cada uno opine sobre la intervención armada de Estados Unidos, es innegable que el mapa geopolítico de América Latina cambió de manera radical este fin de semana, algo que toca y tocará directamente a Colombia, al menos en lo económico y lo político. Por más antipático que resulte, Washington ha vuelto a dejar en claro que América Latina y el Caribe son su patio de atrás y que las vías de hecho generan resultados tangibles. Saber jugar las cartas frente a un Donald Trump envalentonado exige cabeza fría en aras de proteger los intereses nacionales, pero Gustavo Petro también entiende que arroparse en la bandera y hablar en contra del imperialismo yanqui puede traerle réditos en las urnas. No hay necesidad de entrar en escenarios extremos como el de una posible amenaza a la soberanía territorial colombiana. El riesgo que surge ahora es que un choque verbal más intenso con Estados Unidos derive en sanciones financieras o comerciales que hasta ahora se han logrado evitar. De ahí que sea menester insistir en la prudencia, para que los justos no paguen por los pecadores. A fin de cuentas, no se trata tan solo de mirar lo que pueda pasar en las elecciones del primer semestre, sino del país que heredará quien asuma el poder el próximo 7 de agosto. Suficientes angustias e incertidumbres existen ya. No hay que seguir, entonces, alargando la lista en este enero que no comenzó en subida, sino con una cuesta de máxima categoría.