Hacienda sincera tercer incumplimiento consecutivo de la meta fiscal y debilita la regla

El próximo 30 de enero -probablemente a última hora de esa jornada- está programado que la Dirección de Presupuestos (Dipres) informe al mercado el cierre del año fiscal 2025 y detalle la cifra anual del descalce entre ingresos y gastos del fisco (déficit efectivo, dato sin ajustes de mediano plazo).
Las proyecciones de los analistas apuntaban a que la meta del año pasado, que de acuerdo al último decreto de Política Fiscal que fijó la actual administración es de -1,6% del PIB en términos estructurales, no se cumpliría, lo que significará un desequilibrio mayor.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se adelantó a la publicación y sinceró que hubo un peor resultado al previsto. Ello dejará en una situación de mayor estrés a las finanzas estatales que heredará el próximo Ejecutivo.
"Es cierto que el año 2024, y probablemente el año 2025, estuvimos en un déficit estructural mayor que el que estaba establecido en la meta, no así en 2023. De hecho, (ese año) nuestra estimación de ingresos efectivos fue un poco por sobre lo que resultó finalmente. Pero en 2024 es cierto que hubo un descalce y en 2025 es cierto que vamos a tener ese descalce nuevamente", anticipó Grau a los diputados de la comisión de Hacienda. En contraposición a lo señalado por Grau respecto del cierre de 2023, los datos muestran que ese año hubo un incumplimiento de la meta: en la Ley de Presupuesto 2023 se proyectó un déficit estructural de 2,1% del PIB y el resultado final fue un balance negativo mayor, de 2,7%.
Con este déficit superior al previsto, y tal como también ya lo había advertido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su último informe semestral presentado al Congreso, el actual gobierno incumplirá por tercer año consecutivo la meta de avanzar hacia una estabilización de las cuentas fiscales.
Erosión de la institucionalidad
Los analistas han advertido que un nuevo desvío debilita la credibilidad de la regla que guía el buen manejo de las finanzas públicas. "El reiterado incumplimiento de la meta de déficit estructural erosiona nuestra institucionalidad fiscal, al tiempo que reafirma la necesidad de mayor eficiencia y recortes de gasto", alertó el economista jefe de Itaú, Andrés Pérez. El experto enfatiza que esta situación "se había anticipado hace bastante tiempo".
También cuestionó la gestión fiscal del actual Ejecutivo la economista del centro de políticas públicas de la USS, Margarita Vial. "La mejor proyección (de Hacienda) para el año es un resultado de BE (Balance Estructural) de -2,2% del PIB, por sobre el -1,1% del PIB comprometido en el diseño del erario para el mismo año, y superior a la meta recientemente modificada de -1,6% del PIB. En línea con las advertencias, nuevamente el Ministerio de Hacienda optó por sobrestimar ingresos sin ajustar el gasto, comprometiendo la credibilidad de la política fiscal", remarcó. La especialista calcula que "es probable" que el déficit de 2025 sea de 2,8% del PIB, más de un punto superior a la meta fijada.
Pese al mayor déficit, Grau vio el vaso medio lleno. "En materia de deuda, que es la otra meta, estamos dejando una situación mejor de la que se esperaba y eso probablemente le va a permitir a la próxima administración, cuando en sus primeros noventa días tenga que establecer estas dos metas, las metas fiscales de déficit estructural y de deuda, se va a poder poner quizás objetivos más ambiciosos que los que nosotros nos pusimos en materia de techo de deuda", dijo.
Impacto en próximo Ejecutivo
Desde la oposición, el diputado Felipe Donoso (UDI) advirtió por el impacto que el mayor estrés fiscal tendrá en el gobierno que viene. "El ministro lo ha admitido, en 2025 nuevamente no se va a cumplir su meta de déficit estructural porque no han sido capaces de llevar bien las cuentas fiscales. También presentan una ley de reajuste a la que le faltan (recursos) por financiar, lo que implica que el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste por US$ 1.000 millones que se suma a lo ya comprometido durante la campaña. Esto es imposible de hacer sin afectar planes sociales", indicó.
En esa línea, un documento de la bancada de diputados RN estima que la próxima administración tendrá que reasignar gastos por cerca de US$ 800 millones para completar el financiamiento del reajuste.