La estabilidad: activo y límites

Uruguay suele narrarse a sí mismo como un país estable. Y no sin razón. Esa estabilidad permitió previsibilidad, atrajo inversiones, dio continuidad a políticas públicas y construyó una reputación internacional valiosa.

El problema comienza cuando ese mismo atributo deja de ser un medio y se transforma en un fin.

Hoy no nos enfrentamos a una crisis institucional ni un colapso político. Pero sí enfrenta algo silencioso y más difícil de abordar: una baja capacidad de adaptación frente a un entorno que cambia a alta velocidad. Posee un diseño institucional pensado par aun mundo de transformaciones graduales. Ninguna de los cambios tecnológicos, productivos y sociales que suceden desde hace por lo menos 15 años.

El sistema político uruguayo funciona con alta estabilidad estática pero con baja estabilidad dinámica: se adapta poco y superficialmente cuando el entorno exige redefiniciones profundas. No he encontrado por ahora razones para hacer un juicio moral, es un diagnóstico organizacional.

La arquitectura institucional sufre de "normatitis" (sic), distribuye responsabilidades entre múltiples organismos con baja coordinación y se apoya en una cultura de consenso que, en muchos casos, derivó en acuerdos de mínimos. Las decisiones necesarias se han evitado, aun cuando postergarlo pueda tener costos crecientes. El resultado es un sistema que gestiona con dificultad el futuro.

Mientras, los problemas se transforman. El trabajo se fragmenta, la innovación redefine cadenas de valor, emergen nuevas formas de exclusión territorial -revisar fenómenos en el interior con jóvenes que salen de la cárcel y no tienen quienes lo ayuden a re-insertarse, y crece una sensación difusa de falta de sentido. El Estado responde mayormente administrando stocks cuando debería gestionar flujos: transiciones laborales, reconversión productiva, movilidad social.

El límite al cambio no es técnico. El límite es político y se expresa de dos formas: horizontes electorales cortos que no quieren pagar costos y la ausencia de una coalición reformista radical, dispuesta a sostener cambios en el tiempo. Así, el país queda atrapado en una zona de confort que garantiza gobernabilidad en el corto plazo, pero erosiona capacidades en el largo.

El mayor riesgo no es la ruptura, sino la estabilidad sin proyecto. Cuando se percibe como estancamiento, aparecen señales preocupantes: cinismo ciudadano, fragmentación extrema y la tentación de soluciones simplificadoras o antipolíticas. Ojo con la revolución de las cosas simples. La pregunta estratégica no es cómo preservar la estabilidad tal como está, sino cómo rediseñarla para que sea compatible con transformación, innovación y mejora del bienestar. Eso implica aceptar tensiones, asumir conflictos y construir nuevas capacidades institucionales.

Este es el punto de partida de una idea de transformación a veinte años, pensada no como una reforma abrupta ni como un programa de gobierno tradicional, sino como una transición institucional generacional. Un proceso que comience por la acumulación intelectual, continúe por la construcción de legitimidad política y habilite cambios estructurales sostenibles.

El primer paso es reconocer algo incómodo, pero necesario: la estabilidad que nos trajo hasta acá no garantiza, por sí sola, llevarnos hacia adelante.