Salario mínimo presiona cierre de colegios privados en el país

La educación en Colombia hoy se enfrenta a un nuevo reto que tiene que ver con la continuación de los cierres de colegios privados en el país. De acuerdo con las previsiones de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, al rededor de 35 instituciones no oficiales han dejado de operar para este año. Si bien es una tendencia que responde a la baja natalidad y a las presiones económicas a las que se enfrenta el sector educativo, lo cierto es que este 2026 se suma un nuevo factor que está relacionado con el incremento de los costos operativos, salarios y cargas laborales y extra laborales, por el salario mínimo. Según Ómar Garzón, investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), debido al incremento del salario mínimo, hoy los colegios van a tener que pagar más a los trabajadores que se desempeñan en actividades asociadas al aseo, cafetería y vigilancia, incluso las rutas escolares; presionando el presupuesto de estas instituciones. Así mismo, desde la mesa se advirtió que el incremento autorizado por el Gobierno para matrículas y pensiones del sector privado fue, en promedio, del 7%, "muy por debajo del aumento salarial decretado". "Este escenario genera un desequilibrio financiero severo, en el cual los egresos crecen más de tres veces por encima de los ingresos autorizados, haciendo materialmente imposible sostener la operación bajo las mismas condiciones", manifestaron. Ahora bien, el aumento de los costos y las restricciones para ajustar pensiones están generando una presión creciente sobre las instituciones que atienden a estudiantes de estratos 2 y 3. Según Garzón, en los colegios con estructuras financieras sólidas, los docentes suelen devengar salarios superiores al mínimo, por lo que los ajustes salariales se realizan, principalmente, con base en la inflación. Por eso, el escenario es más complejo para los colegios privados que pagan salario mínimo o que operan en estratos 2 y 3, que incluso representan la mayoría del sector. El investigador señaló que estas instituciones "van a sufrir en mayor medida, porque las pensiones no pueden aumentar más que el IPC", ya que incrementos superiores afectarían la demanda y el número de matrículas. No obstante, reconoció que un aumento de las pensiones por encima de la inflación podría acelerar la migración hacia el sector público, reduciendo los ingresos de los colegios privados y profundizando sus problemas financieros. Además, esta presión se ve agravada por la caída en la natalidad, que ha reducido la demanda en los niveles iniciales del sistema educativo. Garzón apuntó que los jardines infantiles, especialmente los ubicados en estratos 1 y 2, están entre los más afectados, lo que ha llevado al cierre de instituciones. En la misma línea, los actores de la Mesa Nacional de Educación Privada advirtieron que cerca del 85% de los jardines infantiles y colegios privados atienden población de los estratos 1, 2 y 3, y una proporción significativa del estrato 4. "En este contexto, el salario mínimo constituye el principal referente salarial del sector, no por falta de voluntad, sino por limitaciones estructurales de ingresos", opinaron. Ante estas situaciones, señalaron que las consecuencias son inmediatas para el sector, teniendo en cuenta que se daría una reducción de personal administrativo y de servicios generales; un aumento de la carga laboral del personal docente; una reducción de la jornada escolar y de servicios complementarios; un aumento de la informalidad educativa, especialmente en educación inicial y el cierre definitivo de jardines infantiles y colegios legalmente constituidos, principalmente en sectores populares. "El cierre de instituciones legales y formales no solo afecta a los empleadores, sino que deja a miles de niños sin acceso a educación inicial y básica cercana a sus hogares", dicen. Adicionalmente, reiteran que se obliga a las familias a recurrir a servicios informales, sin supervisión ni garantías de calidad. "Destruye empleo formal y promueve la precarización laboral que se pretende combatir", argumentan. ¿Y el sector público? Si bien los cierres pueden seguirse presentando, ante la posibilidad de que el sector público absorba a los estudiantes que salgan de los colegios privados, Ómar Garzón fue enfático en mencionar que el sistema no tiene capacidad para hacerlo sin mayores presiones. "El sector público tiene unas tasas de alumnos más altas que el sector privado", lo que implica mayores requerimientos presupuestales, de infraestructura y de planta docente. Cabe señalar que el sistema educativo oficial cuenta con cerca de 336.000 docentes, por lo que un aumento significativo de la matrícula obligaría a contratar más profesores y a ampliar la infraestructura, generando una presión adicional sobre los presupuestos del Gobierno y de las entidades territoriales. Así, para Garzón, mantener un sistema mixto, con participación pública y privada, sigue siendo clave para sostener la cobertura educativa en el país.
De acuerdo con datos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media (Sineb) el número de sedes educativas en el país han fluctuado en los últimos años. Por ejemplo, en el 2019 se registraron 9.840 sedes del sector no oficial, para incrementar en el 2020 un 0,26% y llegar a las 9.866. En el 2021 disminuyeron 2,02% con 9.667 y continuaron la tendencia a la baja en el 2022 con 9.556 y una reducción del 1,15%. Para el siguiente año (2023), el Sineb registró un aumento marginal del 0,60% con 9.613 sedes, pero en el 2024 volvieron a bajar 0,21% alcanzando las 9.593.