En defensa de la autonomía

La rebelión de varios gobernadores frente al decreto que declaró la emergencia económica expone una fractura profunda entre el centro y las regiones. La medida, sustentada en una supuesta urgencia fiscal, altera de manera abrupta rentas territoriales destinadas por mandato a financiar salud y educación. En un país donde la descentralización es columna vertebral de la provisión de derechos sociales, intervenir esas fuentes sin consenso ni sustento extraordinario desdibuja la arquitectura constitucional. La excepcionalidad exige hechos sobrevinientes e inevitables, no problemas estructurales ni previsibles. Convertir la emergencia en atajo para imponer reformas que no superaron el debate legislativo tensiona la separación de poderes y erosiona la legitimidad del instrumento. Además, trasladar al nivel central el crecimiento del recaudo de tributos cedidos contradice la lógica de autonomía fiscal: no puede castigarse la buena gestión territorial para resolver desequilibrios nacionales. El debate no debe caricaturizarse como desobediencia, sino a una defensa institucional. La excepción de inconstitucionalidad, aunque rigurosa, es una válvula legítima cuando una norma choca abiertamente con la carta política. Su invocación refleja preocupación por impactos inmediatos: la presión sobre hospitales en crisis, la afectación de metas educativas y el riesgo de que un aumento impositivo alimentado sin controles robustos dispare el contrabando, reduciendo incluso el recaudo que se busca reforzar. La Corte Constitucional, que ya analiza la validez de la emergencia, tiene la oportunidad de reordenar el debate fiscal. Un fallo estricto enviaría un mensaje claro: las urgencias económicas no justifican recentralizaciones encubiertas ni decretos que pretenden corregir fallas de gestión global mediante cargas territoriales. En cambio, puede favorecer una salida más equilibrada: revisar obligaciones atrasadas, definir un alivio transitorio de liquidez para los departamentos y establecer compromisos verificables en recaudo y control del gasto. La reconstrucción del diálogo Nación-territorios es urgente. Ninguna reforma fiscal será sostenible si desconoce el papel de los departamentos en la provisión de servicios básicos. Y ninguna autonomía será sólida sin transparencia y eficiencia local. La rebelión territorial no es un desafío político, sino una advertencia: gobernar a punta de emergencias debilita el andamiaje institucional y posterga los consensos que exige la política social. Al final, lo que está en juego es la vigencia práctica del modelo descentralizado. Si las regiones perciben que sus recursos pueden ser redirigidos sin debate ni evidencia de necesidad extrema, se erosiona la confianza en la coordinación fiscal y se agranda la brecha entre expectativas locales y decisiones centrales. El país no puede permitirse que los servicios sociales dependan de giros inciertos o de medidas tomadas al filo de la legalidad. Reglas claras, participación territorial real y disciplina fiscal deben ser los cimientos de cualquier solución que aspire a perdurar. Sin ese equilibrio, la emergencia no solo perderá validez jurídica, sino legitimidad democrática. Esa legitimidad es crucial en un momento de deterioro de la confianza institucional. La relación Nación-territorios no puede reducirse a un pulso por recursos, sino que debe convertirse en una alianza estratégica que reconozca la diversidad regional y la corresponsabilidad fiscal. Solo así la política social dejará de ser rehén de improvisaciones y podrá proyectarse con estabilidad. Es un reto inaplazable.